Hacienda debe ser más previsora que con la plusvalía municipal y tener un plan de contingencia.

Los tribunales han abierto un nuevo foco de inquietud fiscal para los ayuntamientos: la liquidación por el impuesto de actividades económicas cobrado a las empresas que han permanecido cerradas durante parte o toda la pandemia del Covid-19. Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada plusvalía municipal, que le llevó a declarar nulas aquellas liquidaciones del impuesto en las que no se hubiera producido una ganancia patrimonial por la venta de un inmueble, los jueces de primera instancia de Alicante, Badajoz o Valencia consideran que los consistorios no deberían haber cobrado el IAE a las compañías que no han tenido actividad real debido a las restricciones sanitarias decretadas por las diferentes administraciones para tratar de frenar los contagios.

Aunque la batalla judicial está todavía en sus primeras fases, puesto que ayuntamientos como el de Valencia han anunciado recursos ante el Supremo por las sentencias contrarias a sus intereses, las bases presupuestarias de los ayuntamientos vuelven a tambalearse. Están en juego unos 600 millones de euros anuales sólo para los consistorios que son capitales de provincia, por lo que cabe pedir al Ministerio de Hacienda que en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió con la plusvalía municipal, tenga mayor previsión y prepare un plan de contingencia por si el Supremo ratifica las sentencias de los tribunales inferiores y anula definitivamente las liquidaciones por el impuesto de actividades económicas a empresas como hoteles y casas de juego que no hayan tenido actividad real a lo largo de la pandemia. Sobre todo porque para los ayuntamientos de tamaño medio y pequeño la recaudación por este gravamen puede llegar a suponer más de un 10% del total de sus ingresos fiscales, lo que les colocaría de nuevo en una situación contable muy delicada si el Alto Tribunal termina dando la razón a las empresas que están reclamando lo que entienden como las liquidaciones indebidas de los tributos municipales.

Por todo ello, se impone una reflexión sobre la voracidad recaudatoria de las distintas Administraciones Públicas en nuestro país, que pese a los cacareados anuncios de medidas para ayudar a las empresas y los trabajadores durante la crisis del Covid han seguido reclamando el pago de determinados impuestos a los contribuyentes sin atender a la lógica elemental de que si no ha habido una actividad real, ésta no debería gravarse.

Fuente: Expansión.com