Los municipios que tardan más de 30 días en abonar sus deudas estarán obligados a participar y a presentar un plan de ajustes. Afectará a Sevilla, Zaragoza, Marbella o Móstoles. Los proveedores recibirán hasta 2.000 millones a cambio de renunciar al cobro de intereses.

La demora de parte de los ayuntamientos españoles a la hora de hacer frente a los pagos pendientes con sus proveedores ha llegado a tal punto que el Gobierno central ha acabado por tomar cartas en el asunto. El Ministerio de Hacienda comunicó este lunes la puesta en marcha de un mecanismo extraordinario, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que permitirá cancelar las deudas pendientes de los consistorios que sobrepasen de media el límite legal de 30 días para hacer frente a sus facturas. El plan, dotado con 2.000 millones de euros, será de obligado cumplimiento para los 1.640 entes locales más morosos del país, que verán saldadas las deudas previas al 1 de julio de 2021 a cambio presentar planes de ajuste que les permitan estar al día con sus obligaciones en el futuro.

Los últimos datos oficiales, correspondientes al pasado mes de noviembre y publicados este lunes por Hacienda, indican que el periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos se sitúa en 63,4 días. Pese a que la cifra supone una mejora de 2,61 días frente al dato anterior, y una rebaja frente a los 70 que tardaban en pagar sus facturas en la fecha de referencia del 1 de julio, lo cierto es que la marca sigue duplicando el plazo legal de 30 días que las administraciones públicas tienen para atender sus pagos.

El mecanismo extraordinario publicitado ayer tomó cuerpo en realidad el pasado 7 de enero mediante una resolución emitida por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL), dependiente del Ministerio de Hacienda, y fue puesto en marcha el día 17, habilitando la cobertura estatal de las facturas locales por obras, servicios y suministros pendientes. Beneficiará a 1.640 entes locales, de los que el grueso son ayuntamientos y 670 entidades dependientes de los mismos, siempre que sufran retrasos medios superiores a los 30 días (bien a 30 de diciembre de 2020, o a marzo o junio de 2021) y que acumulen deudas impagadas anteriores al pasado verano.

Los municipios y proveedores afectados tendrán hasta el 11 de febrero para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes a través de una plataforma informática. La información deberá detallar la identificación del proveedor, de las facturas, su importe y fecha. Los proveedores que no se vean reflejados en el listado deberán reclamar a la entidad local correspondiente y todos tendrán del 12 al 25 de febrero para aceptar el cobro pendiente a través de este mecanismo o perderán la posibilidad. Después de todo, acceder al dinero por esta vía les conlleva renunciar a la percepción de intereses de demora, costas u otras compensaciones por el retraso. Finalmente, los interventores de los consistorios tendrán hasta el 11 de marzo para comunicar la relación definitiva de facturas, momento a partir del cuál quedarán adheridos al Fondo de Financiación a Entidades Locales de Hacienda, que hará frente a los pagos.

El Ministerio detalla que las entidades locales podrán financiar estos pagos mediante operaciones de endeudamiento bajo «ventajosas condiciones» que aprobará la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Sin embargo, los entes locales deberán «elaborar un plan de ajuste, que deberá aprobarse antes del 22 de marzo», a aplicar en el periodo de amortización del préstamo. Hacienda tendrá un mes para evaluar que las propuestas recibidas permiten garantizar la sostenibilidad financiera futura de los consorcios, permitiéndoles contar con suficientes fondos para abonar los servicios públicos, gastos corrientes y costes del endeudamiento. Aquellos ayuntamientos que no aprueben estos planes no podrán participar en el mecanismo y los fondos anticipados a sus proveedores les serán retenidos de su participación en los Tributos del Estado.

El listado de ayuntamientos afectados incluye capitales de provincia, como Sevilla, Zaragoza, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Granada, Almería, Cáceres, Pontevedra o, Ávila, y relevantes ciudades como Marbella, Sabadell o Móstoles.

El pasado julio, fecha de referencia de los pagos pendientes, algunos de estos consorcios multiplicaban el plazo límite legal de 30 días, alcanzando una media de 624 días en Jaén, de 380 en Parla (Madrid); 375 en Jerez de la Frontera, 243 en el Puerto de Santa María (ambas en Cádiz) o los 249 en Badalona (Barcelona). Solo entre estas poblaciones, las deudas pendientes de pago en aquel momento oscilaban entre los 13 y los 61 millones de euros.

Las CCAA, un año en regla

Frente al mal comportamiento de los entes locales, Hacienda reveló este lunes que las comunidades autónomas cumplieron en noviembre un año completo por debajo del límite legal en el periodo medio de pago a proveedores, situándose en los 26,6 días. «Este dato histórico se debe, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los gobiernos autonómicos, algo que ha permitido atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estos gobiernos «, reivindicó Hacienda.

La Administración Central, por su parte, paga en una media de 63,5 días, mientras que el mejor pagador público es la Seguridad Social, que abona sus facturas en 8,5 días.

Fuente: Expansión.com