El abanico de medidas que contendrá el informe provocará que Hacienda se tome su tiempo hasta agotar el plazo previsto del 28 de febrero, para analizar el documento y adoptar aquellas medidas que considere oportunas, antes de hacerse público.

Los expertos presentarán a la ministra un menú abierto de medidas que girarán en torno a limitar la capacidad normativa de las comunidades autónomas, con el propósito de revertir la corresponsabilidad fiscal de éstas, o al menos limitarla, que con tanto esfuerzo consiguieron en su día en la financiación autonómica.

El objetivo que subyace de esta medida no es otro que poner freno a la política fiscal de bajada de tipos llevada a cabo por Madrid y que tantos quebraderos de cabeza está dando tanto al Ejecutivo Central como a otros gobiernos regionales.

Las fuentes consultadas consideran por tanto que se aprovechará la circunstancia para “tocar” el tramo autonómico en el IRPF, en el que los gobiernos regionales cuentan con capacidad normativa, o lo que es lo mismo, pueden subir o bajar sus tipos en función de su criterio hasta ciertos niveles. El objetivo no es otro que poner límites a una excesiva competencia en materia tributaria.

El IRPF cuenta con un tramo estatal, común para todos los ciudadanos y otro autonómico, que es en el hay margen para adaptar este impuesto a las circunstancias de su región. En este tramo es donde se ponen en marcha las diferentes deducciones y los diferentes tipos de IRPF que cada comunidad gradúa con el objetivo de cumplir con sus objetivos de cuadrar sus cuentas

Otra de las medidas que recogerá el trabajo de los expertos será la ratificación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, en el que sería el primer paso en la búsqueda de la armonización de este tributo a nivel internacional.

En cuanto a la tributación por IVA, las recomendaciones irían en la línea de “reasignar” el tipo de determinados productos.

En el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, no se descarta un tramo estatal. Se trata de dos impuestos de titularidad estatal cedidos a las autonomías con capacidad normativa plena, pudiendo fijar tipos, bonificaciones o exenciones a criterio.

Bajo el férreo control de Hacienda

La elaboración del Libro Blanco de los expertos fiscalistas no ha estado exenta de polémica. Pese a que las opiniones respecto a lo que podía realizarse en materia tributaria eran diversas, todas estaban de acuerdo con un nexo común en el punto de partida que consideraba Hacienda. Sin embargo, con el paso de las semanas, esta situación fue empeorando notablemente como consecuencias de las injerencias de Hacienda que apuntaban en qué sentido debía ir la reforma. Esta situación provocó el abandono de dos de sus componentes, los catedráticos de Hacienda Pública Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio. A ellos se han podido unir otros dos componentes, frenados en última instancia ante la inminencia de la presentación del informe.