El comité de expertos de Montero se pronunciará en 2022 sobre sus propuestas. Los expertos alertan de las enmiendas del legislador al Tribunal Supremo con la ley antifraude.

El nuevo año llega con más subidas de impuestos y un aumento de la presión fiscal. Así lo esperan la mayoría de fiscalistas, que están pendientes de los resultados del comité de expertos nombrado por Montero el año pasado para la reforma de la fiscalidad española. El comité tiene previsto publicar sus propuestas durante este año. Pese a que el Gobierno ha Presupuestado una recaudación récord para 2022, el mal desempeño de los nuevos tributos y el creciente gasto público obligará a seguir aumentando la presión fiscal sobre los contribuyentes.

«El año entrante se espera el resultado de la comisión de expertos para la reforma fiscal, que tiene muy mala pinta porque parece más orientada a conseguir un aumento importante de la recaudación que a mejorar el depauperado sistema tributario», apunta Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores. En la misma línea, Javier Gómez Taboada, socio de Maio Legal, destaca que «en una situación económico y sanitaria tan delicada como la que estamos viviendo, se nos presenta un horizonte normativo plagado de subidas fiscales del todo inoportunas, confundiendo, una vez más, la presión fiscal con el esfuerzo fiscal, ya tan alto que es casi insoportable». Gómez Taboada precisa que «eso sí, mientras tanto, la idea de replantearnos el ingente volumen de gasto público ni está ni se la espera».

Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, apunta a los litigios que España tiene en la Unión Europea por su sistema Tributario. «En 2022 se verá que no sale gratis exigir impuestos, o sanciones tributarias, vulnerando el Derecho de la Unión Europea, porque estoy convencido de que el Tribunal de Justicia de la UE acabará, por fin, con el Modelo 720 y, al mismo tiempo, con el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del derecho comunitario, obligando a la devolución de cantidades millonarias», señala.

El profesor Leopoldo Gandarias, socio de Koana Labs, repasa todo lo acontecido en fiscalidad durante el año pasado. «Tras las Leyes 36/2006, 7/2012 y 34/2015, se nos ha aparecido este año la Ley 11/2021, la antifraude, reformando, entre otras normas, la Ley General Tributaria (LGT), nervio central del ordenamiento tributario». A su juicio, esta normativa «sigue una línea reactiva, ad casum, frente a la doctrina jurídica del Tribunal Supremo, cabeza de la magistratura española, cuyo criterio, en la medida en que busca, sino una uniformidad en la interpretación de las normas, al menos cierta coordinación y armonía, debería servir de inspiración constructiva al legislador y a los aplicadores del Derecho».

Sin embargo, Gandarias considera que «la citada ley resulta ser una reacción a la fijación de interpretaciones de las normas que, al parecer, se consideran incómodas, quebrando una vez más la vocación de generalidad y permanencia de las normas (ese difunto principio de estabilidad normativa) para tratar de resolver situaciones concretas ampliando las potestades administrativas».

La gran polémica

Una de las polémicas tributarias más importantes del año pasado ha sido la plusvalía municipal. «Un episodio relativo a un tributo tan colateral como la Plusvalía Municipal, ha evidenciado graves patologías del Ejecutivo, Legislativo, Judicial e, incluso, del Constitucional… Un año, en suma, para olvidar; con una muy preocupante degradación institucional que se ha hecho patente, también, en el universo tributario», resume Javier Gómez Taboada sobre el pasado ejercicio.

Alejandro del campo también habla de lo ocurrido en relación con la Plusvalía Municipal. «Este año se ha visto que exigir impuestos de más, incluso vulnerando la Constitución, le sale gratis al Estado porque el Tribunal Constitucional lo consiente, limitando de forma inexplicable y más que cuestionable los efectos de sus sentencias».

Del Campo apunta además a las dificultades que encuentran los contribuyentes para que Hacienda les indemnice por sus excesos. «Además, el vigente régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por ese tipo de vulneraciones consagra, más bien, la irresponsabilidad, al poner muy complicado, por no decir imposible, conseguir indemnizaciones», subraya. «Por ello, toca desconfiar del legislador tributario y habrá que impugnar, llegando incluso a la vía judicial, todo aquello que pueda parecer inconstitucional, como podrían ser los nuevos Valores de Referencia del Catastro aplicables de forma obligatoria a partir de 2022», concluye el fiscalista.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado fueron en 2021 las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para el año que viene. El año supuso cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación.

Fuente: ElEconomista.es