El Tribunal de la UE tiene previsto emitir su sentencia final el 27 de enero. Los tribunales paralizan los procedimientos ante la inminente decisión europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá sobre la legalidad de la Declaración de Bienes en el Extranjero, el polémico Modelo 720, este mismo mes. Según ha podido saber elEconomista, los magistrados europeos tienen previsto emitir su sentencia final sobre el asunto el próximo 27 de enero.
El asunto terminará con este procedimiento con más expectación que nunca entre los fiscalistas, puesto que las conclusiones presentadas por el Abogado General el pasado mes de julio fueron demasiado ambiguas. El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, ha rechazado solo las multas formales del Modelo 720 de la Hacienda española. Sin embargo, avala la imprescriptibilidad con sanciones de hasta el 150%. Así, sobre estas cuestionadas multas, no aclara si son o no desproporcionadas. A su juicio, solo «son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero».
El magistrado presentó unas conclusiones que dejan abiertas la legalidad de las multas del 150% y el resto de interpretaciones sobre esta medida fiscal. Tampoco aclara si afecta a la libertad de movimientos de capitales. Saugmandsgaard Øe expresa sus «dudas» sobre si el Modelo 720 contraviene el Derecho europeo.
El abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence y principal impulsor de este asunto legal, confía en la decisión del TJUE. «Estoy convencido de que el Tribunal europeo acabará, por fin, con el Modelo 720 y, al mismo tiempo, con el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del derecho comunitario, obligando a la devolución de cantidades millonarias», dice.
Alejandro del Campo critica las conclusiones del Abogado General. «Las conclusiones del Abogado General me parecen muy decepcionantes», apunta. «Va todo un Abogado General de la Unión Europea y afirma que si un Estado no tiene suficiente información sobre la existencia de determinados bienes en el extranjero, sobre una posible infracción tributaria, puede establecer la imprescriptibilidad o, lo que es peor, que se pierdan prescripciones ganadas, que resuciten obligaciones tributarias muertas. Eso es un disparate», señala.
El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, es otro de los abogados que más conoce el Modelo 720. Su intervención en el proceso fue clave en un proceso en la Audiencia Nacional, donde consiguió el Dictamen de la Comisión Europea contra España. Coincide con del Campo. «Me ha decepcionado sobre todo porque las normas no se pueden fragmentar», apunta. «Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido», explica.
El Tribunal europeo confirmará este mes su posición final respecto al asunto. La inmensa mayoría de juzgados y tribunales españoles están acordando la suspensión de las actuaciones relacionadas con el cuestionado Modelo 720 ante la inminente respuesta del Tribunal de Luxemburgo.
El Modelo 720 exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas, que pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. Fue una de las medidas impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En 2015, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España. Avisó al Gobierno de que su normativa estaba en el límite de lo aceptable. Ante la inacción del Ejecutivo, la Comisión llevó a España ante el Tribunal europeo por este asunto.
Fuente: ElEconomista.es