En el mes de abril, el Tribunal Supremo revolucionó el país con una sentencia en la que estimaba parcialmente el recurso impulsado por Castilla y León por una inadecuada liquidación del IVA del ejercicio 2017. El alto tribunal explicaba que el Estado sólo compensó 11 de los 12 meses de aquel año, lo que afectó a todas las comunidades autónomas. El Gobierno ha tenido que movilizar cerca de 3.500 millones de euros para solventar el perjuicio económico.

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos al considerar que el cálculo del tributo era inconstitucional, al vulnerar el principio de capacidad económica del contribuyente. Éste ha sido el segundo golpe que ha asestado el Constitucional al impuesto. La decisión implica la eliminación de este tributo, tal y como se aplicaba hasta ahora. Por último, la resolución dejaba claro que la decisión no tenía efectos retroactivos.

Las entidades con tarjetas ‘revolving’ han sufrido varios varapalos legales. El último ha llegado con una sentencia en un caso de intromisión ilegítima del derecho al honor. El perjudicado fue incluido en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, tras considerar la entidad que no había satisfecho la deuda contraída en el periodo en el que éste había presentado una demanda de nulidad de la tarjeta. El juzgado condenó a la entidad a pagarle 3.000 euros por vulnerar su derecho al honor.

La Audiencia de Palma ha permitido a una mujer soltera de Ibiza inscribir en el registro a su hija nacida en Rusia por gestación subrogada. Este fallo pionero, que reconocer la maternidad de esta mujer, ha tenido en cuenta el interés de la niña y lo ha hecho prevalecer sobre la prohibición del uso de vientres de alquiler en España. Para resolver el asunto, la Audiencia ha recurrido a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha tomado la decisión menos dañina para la menor.

Tras decenas de sentencias contradictorias sobre el estatus laboral de los trabajadores de las plataformas de reparto a domicilio, el Tribunal Supremo ha zanjado el asunto considerando que los ‘riders’ tienen una relación laboral con este tipo de empresas, es decir, que son asalariados y hay que considerarles falsos autónomos. El TS indicaba en su decisión que la plataforma no es una simple intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

Tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la transparencia de la cláusula de interés variable IRPH, el juzgado de primera instancia número 8 de Tarragona ha sido el primero en España en tomar una decisión sobre el asunto. El tribunal, siguiendo el criterio de la corte europea, señala en este caso que el IRPH no es abusivo porque no hay mala fe ni desequilibrio, pero sí considera abusiva la cláusula de cierre por la que el IRPH-Cajas, variable, fue sustituido por un tipo de interés fijo.