Un informe publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), realizado en colaboración con la Tax Foundation de EEUU, advierte de que tanto la presión fiscal normativa como el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes es mayor en España que en la media del bloque comunitario.

Desde antes de su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez viene defendiendo la necesidad de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa; esto es, subir impuestos para elevar el peso que los ingresos públicos tienen sobre el PIB y cerrar así la supuesta brecha de varios puntos con los países de nuestro entorno. ¿Significa esto que la presión fiscal en España es inferior a la de nuestros homólogos europeos? Un informe publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con la Tax Foundation de EEUU sostiene todo lo contrario.

Ambas entidades han desarrollado un indicador según el cual la presión fiscal normativa en España (es decir, la carga de gravamen que soporta la economía con independencia de la recaudación que se obtenga) asciende a 112,8 puntos, un 12,8% superior a la media europea, y también es un 12% mayor que el promedio de los países de la OCDE.

Asimismo, dicho indicador revela que el esfuerzo fiscal en España (presión fiscal ajustada por renta per cápita) es un 8,1% superior a la media de la UE. De hecho, entre las grandes economías europeas, solo los italianos realizan un esfuerzo fiscal superior al de los españoles.

En lo que atañe al tejido productivo, el informe asegura que la presión fiscal empresarial efectiva (sin contar la economía sumergida) es nada menos que un 31% superior a la media de la UE. De hecho, de los 30 países analizados, España presenta la sexta mayor presión fiscal empresarial efectiva, solo por detrás de países como Chipre, Estonia, Francia, República Checa e Italia.

Todos estos parámetros sitúan a España en el vagón de cola de la competitividad fiscal en 2021, en el puesto número 30 de un total de 37 países analizados, perdiendo cuatro puestos respecto a 2020, una involución que, según el informe, «muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos».

Economía sumergida

Si la presión y el esfuerzo fiscal son mayores en nuestro país, ¿por qué España recauda menos que otras economías del entorno? Lo que marca la diferencia es la economía sumergida, que los autores del informe cifran en un 22% del PIB en nuestro país frente al 13% estimado para el conjunto de la UE, lo que, además de distorsionar la competencia e influir «sensiblemente sobre la recaudación tributaria», deriva en una sobrecarga impositiva para aquellos que sí cumplen las normas.

Los datos disponibles sugieren que en España se recauda una cifra equivalente al 35,4% del PIB, pero esos ingresos se cargan sobre las espaldas del 78% de la actividad, ya que el resto es economía sumergida. De hecho, si se descontara este factor, la presión fiscal efectiva en España sería del 44,6%, apenas tres décimas inferior al 44,9% del promedio comunitario.

Por ello, para los autores del informe, la solución a una menor recaudación en términos comparativos no pasa por elevar los impuestos o crear tributos nuevos, sino por ampliar las bases imponibles impulsando el crecimiento económico y endureciendo la lucha contra el fraude fiscal, nunca incrementando la presión «sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno».

En este sentido, el documento señala que, con una presión fiscal efectiva como la actual, si los niveles de economía sumergida se redujeran hasta el promedio de la UE, la recaudación tributaria podría incrementarse en hasta 4 puntos porcentuales, situando la ratio entre ingresos públicos y PIB en el 40%; es decir, en línea con la presión fiscal de la UE.

La brújula fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez no apunta, sin embargo, en esa dirección. En sus compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación insiste en su propósito de «acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno», así como en una armonización fiscal al alza que obligaría a regiones como Madrid a restablecer impuestos como Patrimonio, una especie prácticamente extinta en Europa, o a elevar Sucesiones y Donaciones. Todo ello en el marco de una reforma del sistema tributario que tendría su punto de partida en el informe del Comité de Expertos designado por el propio Ejecutivo y cuyo mazazo impositivo se dejaría sentir en los Presupuestos de 2023.

A este respecto, los autores del informe advierten de que «una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir los impuestos, ya que supondría retardar, cuando no imposibilitar, las posibilidades de recuperación de nuestro país».

Fuente: Expansión.com