Las entidades piden una subida del 15% en el seguro sanitario de los funcionarios.

Alta tensión entre las aseguradoras y el Ministerio de Hacienda por el nuevo concierto sanitario de Muface, que incluye los funcionarios de la administración central del Estado.

Las dos partes negocian las condiciones y el precio de esta cobertura y las posiciones están aún distantes. Lo están hasta el punto de no saber al cierre de esta edición si, como estaba previsto inicialmente, el Consejo de Ministros del martes tendrá encima de la mesa el texto del nuevo concierto para su aprobación.

El contrato diseñado por Muface tiene siempre una duración de dos anualidades y el actual termina a final de año. Cubre alrededor de un millón de funcionarios y beneficiarios a los que prestan servicios a día de hoy las aseguradoras adheridas: SegurCaixa Adeslas -filial de Mutua Madrileña participada por CaixaBank-, Asisa, DKV y el Igualatorio de Cantabria.

Dos son los escollos clave en las negociaciones: el precio y las coberturas. En el concierto actual la prima subió un 4,5% hasta 2.225 millones.

Las aseguradoras afirman que el alza del precio es imprescindible para amortiguar las cuantiosas pérdidas que acumulan año tras año en este negocio. Su siniestralidad, añaden, es del 140%, lo que significa que por cada cien euros que cobran de prima se gastan 140 euros en prestaciones a los funcionarios.

Las entidades piden una subida de la prima del 15% y sostienen que, aunque puede parecer un aumento elevado no lo es tanto y es necesario.

Crisis de Gobierno

Con esta petición encima de la mesa, las aseguradoras consiguieron un compromiso informal antes del verano para fijar una subida de la prima de alrededor del 13% en el nuevo concierto.

Pero este acuerdo se quedó en agua de borrajas tras la crisis de Gobierno de agosto, ya que las negociaciones se mantuvieron con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de Miquel Iceta, en el que estaba Muface.

Pero a partir de ese momento, la Mutualidad de los Funcionarios se integró en el ministerio de Hacienda y Función Pública, con María Jesús Montero al frente, y el contador se puso a cero.

En paralelo, la Administración ha añadido nuevas prestaciones en los servicios de las aseguradoras. La cobertura del Covid es una de estas novedades, pero no la única.

Desde el sector privado apuntan que ni siquiera las pólizas de salud contratadas por los particulares cubren el Covid, pese a que las entidades atendieron a sus asegurados infectados tras el estallido de la pandemia sin cobro adicional de prima.

Se ha añadido también, entre otras, la prestación de protonterapia, una terapia con protones para combatir células tumorales que tiene un coste muy elevado, apuntan en el sector.

Las negociaciones no están siendo fáciles y algunas de las compañías que aseguran ahora a los funcionarios afirman que si no se consigue una subida suficiente se plantearan muy seriamente salirse del concierto al no poder asumir las pérdidas que le acarrea.

Esta falta de rentabilidad fue el argumento esgrimido por compañías como Sanitas, Mapfre o Caser, que decidieron salir del convenio en anteriores ocasiones.

El ramo de salud recortó el año pasado su siniestralidad, ya que los asegurados redujeron la frecuencia con la que acudían al médico. Pero, en paralelo, afirman en las entidades, aumentó el coste de los hospitales y centros clínicos con los que las aseguradoras contratan servicios.

Podemos sostiene que el concierto sanitario de Muface debería desaparecer y que los funcionarios deberían integrarse todos en el Sistema Nacional de Salud.

Fuente: Expansión.com