Así se lo transmitió este martes el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, a la comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo durante un debate en el que los eurodiputados afearon al Ejecutivo comunitario que aplazase su propuesta, planificada inicialmente para julio, a la espera de que la OCDE concluya los trabajos técnicos del acuerdo firmado por 130 países de los 139 que participan en las negociaciones internacionales.

«No esperaremos para siempre. No esperaremos si no hay acuerdo en octubre, pero confiamos en que habrá un acuerdo», dijo Hahn, en declaraciones recogidas por Efe, en referencia a la reunión del G20 ese mes que debe validar el pacto, cuyo resultado podría influir en el diseño de la tasa digital europea en la que trabaja Bruselas.

Los eurodiputados se mostraron «decepcionados» y «preocupados» por que la Comisión decidiese aplazar su propuesta por las negociaciones en la OCDE y por la «presión no tan sutil de Estados Unidos», en palabras de su presidente de la Comisión de Presupuesto del PE, Johan Van Overtveldt, a pesar de que el acuerdo presupuestario entre los Estados europeos y la Eurocámara le exigía presentarla en el primer semestre.

Según ese pacto, que permitió sacar adelante también el fondo de recuperación europeo, Bruselas debía hacer una propuesta para que los ingresos obtenidos por esta tasa, así como por el nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera y la modificación del sistema de comercio de emisiones europeo vayan a las arcas comunitarias para devolver la deuda emitida para financiar el fondo de recuperación.

La Comisión emitirá 800.000 millones de euros en deuda hasta 2026 y para reembolsar el principal y los intereses necesitará unos 15.000 millones anuales en ingresos a partir de 2027 y hasta 2058.

Hahn dijo que, por ello, la Comisión sigue «completamente comprometida» con proponer la tasa digital, pero afirmó que «tiene sentido esperar» a conocer el acuerdo de la OCDE en octubre puesto que este podría «solucionar algunos elementos controvertidos» y llevar a modificar la tasa que diseña Bruselas.

Defendió asimismo esperar hasta presentar la tasa digital para proponer el resto de recursos propios, con el fin de plantear «un paquete equilibrado» que tenga «las máximas posibilidades» de ser aprobado por los Estados miembros en unas negociaciones «que no serán fáciles».

El eurodiputado popular Jose Manuel Fernandes, uno de los responsables de este dossier en el Parlamento, aseguró que los eurodiputados «no entienden el retraso, tampoco en términos de estrategia» y defendió que seguir adelante con su propuesta daría la UE «más margen de negociación» en las discusiones internacionales.

Los países que debatían en el seno de la OCDE llegaron en julio a un acuerdo para reformar el sistema fiscal internacional e incluir, tal y como estaba previsto desde hace varios meses, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a nivel global. El pacto fue alcanzado por 130 estados y jurisdicciones, «que representan más del 90% del PIB mundial». Entre estos países están China, Estados Unidos y los principales socios europeos, incluyendo a España, Alemania o Francia.

El plan prosperó en sus dos pilares: el derecho de cada país a gravar parte de los beneficios conseguidos por compañías sin presencia física en su territorio –el conocido como pilar 1– y el establecimiento de una base imponible mínima y efectiva para las grandes multinacionales, el pilar 2.

Este diseño proporcionará «un apoyo muy necesario a los gobiernos que necesiten recaudar los ingresos necesarios para reparar sus presupuestos y sus balances a la vez que invierten en servicios públicos esenciales e infraestructuras», explicó la OCDE, sobre todo en un contexto de recuperación económica tras la crisis del Covid-19.

El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. El nuevo marco asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos por estas grandes empresas. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10% se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos a impuestos.

El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global, haciendo que el tipo mínimo impositivo sea del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.