El 73% asegura que predomina este criterio frente a los de justicia tributaria. El 46% de los fiscalistas considera que la Aeat no se adapta al mundo de la empresa.

En los procedimientos de gestión e inspección de la Agencia predominan criterios recaudatorios sobre los de justicia tributaria, según un 73% de los asesores fiscales. La encuesta entre los especialistas del Reaf desvela que el 46% de los fiscalistas considera que la Agencia no se adapta al mundo de la empresa y de los contribuyentes, en general.

El Consejo General de Economistas ha publicado La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario. La encuesta fue enviada por correo electrónico a 5.129 asociados, esto es, prácticamente al universo de asociados del REAF, en concreto, al 98,7%. Se envió el 23 de marzo de 2021 y se cerró el 8 de abril; el 96,3% de las respuestas se recibieron en una semana. En concreto, se han recibido un total de 904 respuestas, lo cual representa un porcentaje de respuesta del 17,6% y una representatividad del universo de asociados del 17,5%. A partir de estos datos, los autores del estudio consideran que el margen de error de las respuestas es de en torno al 3% con un nivel de confianza del 95%.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economista, apunta que «en esta segunda edición no nos podíamos limitar a plantear las mismas cuestiones que en la anterior, que eso ya sería interesante porque nos iba a permitir saber cómo evoluciona el parecer de los profesionales, sino que debíamos aprovechar para indagar, también, en nuevas cuestiones ligadas a la actualidad».

Un 83,7% de los encuestados estima que la pandemia afectará al cumplimiento de los requisitos derivados de incentivos aplicados con anterioridad a la pandemia. Se trata, pues, de un efecto indeseado y totalmente sobrevenido del shock provocado por la pandemia. En cuanto a la valoración del papel de la Agencia Tributaria frente a la pandemia, en general, la valoración -sobre todo si se compara con otros entes de la administración general del Estado- es más bien negativa. Por ejemplo, un 54,8% de los asociados piensan que otros entes estatales se han adaptado mejor a la hora de prestar sus servicios. Sin embargo, no hay diferencias significativas en la comparativa con las administraciones tributarias autonómicas.

A raíz de la pandemia y, en concreto, del confinamiento, se han habilitado canales telemáticos de comunicación. Los resultados son más bien negativos. Parece tener un impacto directo, aunque no muy claro, sobre el hecho de facilitar el cumplimiento fiscal (de acuerdo o muy de acuerdo : 50,2%). A pesar de ello, según la valoración de los asociados, la naturaleza de ese canal es tal que provoca fricciones tales como dificultades en la comunicación (de acuerdo o muy de acuerdo en : 73,6%) y provoca que la administración acabe aplicando criterios más rígidos en sus actuaciones (de acuerdo o muy de acuerdo en 79,8%). Por tanto, parece que los asesores valoran la presencialidad de las actuaciones al permitir claramente una mejor comunicación con la administración tributaria.

En el caso de las agencias autonómicas, hay un 10,9% de respuestas que denotan que no ha cambiado ningún aspecto. Esto difiere de la valoración de la Agencia Tributaria. En cambio, sí parece apreciarse una mayor colaboración entre administraciones, lo cual no se apreciaba, en términos relativos, en el caso de la Aeat con el exterior. A diferencia de la Aeat, la valoración que hacen los asociados es que las administraciones autonómicas han hecho un esfuerzo en facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso por encima del endurecimiento de las actuaciones de inspección. Éste último resultado difiere del obtenido en la encuesta de 2020.

La encuesta también pregunta por la complejidad tributaria. Las principales fuentes de complejidad son de naturaleza endógena: en concreto, y por este orden de importancia, la modificación continua de la normativa (98,1% está de acuerdo o muy de acuerdo), tratamientos especiales (95,8%), deficiente redacción de la normativa (92,8%) e interpretación de la ley por parte de la administración tributaria (91,7%). Los factores exógenos, tales como la digitalización y movilidad (61,7%) o los acuerdos internacionales (74,6%), tienen un impacto relativamente menor.

Fuente: ElEconomista.es