En 2022, está previsto que entren en funcionamiento varias medidas fiscales y se estudien otras muchas.

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado nace con un punto de apoyo: los ingresos tributarios está previsto que crezcan el 4,6%. Desde el Gobierno atribuyen esa subida a la recuperación de la economía, pero también están pendientes de entrar en vigor o de concretarse diversos cambios en figuras fiscales.

Así, se prevé que el Gobierno suba los impuestos de matriculación y diésel en 2022, año en el que debería producirse la entrada en vigor de impuestos a plásticos y residuos, en el que podrían revisarse beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA, y en el que se reformará el impuesto a gases fluorados. Es el compromiso que ha adquirido con Bruselas para 2022 y en 2023, según promete en el Plan de Recuperación. En 2023, podría entrar en vigor un alza aún mayor, que afectará a Sociedades, Patrimonio y Sucesiones. Aunque en principio se descartan estas medidas en 2022, todo puede cambiar en las negociaciones de los Presupuestos.

Cabe recordar que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el 12 de abril en la presentación del comité de expertos para la reforma fiscal que aunque entregarán sus conclusiones en febrero de 2022 y muchas de las reformas se tramitarían de cara a 2023, el Gobierno preveía realizar algunas modificaciones de urgencia ya el próximo año.

En un momento en el que se trataba de evitar concretar subidas de impuestos en medio de la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, estas alzas en Sociedades, Patrimonio y Sucesiones para 2022 fueron poco después negadas por Montero, Pedro Sánchez y Nadia Calviño. El presidente del Gobierno ha asegurado que no va a haber reforma fiscal junto con los Presupuestos de 2022 y que lo primero es apuntalar la recuperación económica.

De hecho, hace un año Sánchez descartó que se fuera a subir la fiscalidad empresarial en 2021 por el mismo motivo, pero en enero ha entrado en vigor una subida de Sociedades en forma de una rebaja del 100% al 95% en las exenciones sobre dividendos y plusvalías.

El golpe fiscal que se avecina se acompaña, previsiblemente, de un «incremento gradual» de la base máxima de cotización antes de que termine 2022.

En el Plan de Recuperación, el Gobierno se planteaba que los impuestos sobre plásticos y sobre residuos se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 para que entren en vigor en el tercer trimestre, plan que ya va con retraso y que llevará la entrada en vigor en principio a 2022. En el primer trimestre de 2022, se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación.

Hidrocarburos

Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel y equiparar su precio final al de la gasolina. El encarecimiento del diésel, que sería en una primera subida de unos 500 millones y penalizará a unos 500.000 autónomos, se cayó en los Presupuestos de 2021 en la negociación con el PNV.

El Gobierno se compromete también con Bruselas a revisar quince beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla. Cada uno de esos tres años se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales. Montero sí ha precisado que se dirigirá en primer lugar a Sociedades e IVA.

En 2021, el Gobierno ya ha recortado de 8.000 a 2.000 euros la deducción a los planes de pensiones individuales y estudió en su momento subir el IVA a sanidad y educación privadas, cuyas respectivas exenciones la AIReF ha cifrado en 3.457 millones. «Se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado», reza el documento, que cifra en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios.

El mandato que ha dado el Gobierno al comité de expertos es realizar un «examen en profundidad» de las diferentes figuras del sistema fiscal para acercar la tributación española a la media de la Unión Europea.

El Ejecutivo sitúa la brecha de presión fiscal con la UE en unos 7 puntos de PIB, en cerca de 70.000 millones. Como es tradicional, tendrá en cuenta su opinión pero tomará las decisiones que considere oportunas.