El Gobierno acelera sus planes y prepara más cambios a partir de septiembre.

La nueva ley anifraude, la tasa Google, la tasa Tobin, la DAC 6, la armonización fiscal entre comunidades, la reforma tributaria en IRPF o Sociedades. Es todo parte de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno en menos de un año. Y las que aún quedan pendientes para desarrollar a partir de septiembre, como las que estudia el grupo de expertos presentado esta primavera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este curso, en plena crisis del coronavirus, ha sido de los más intensos en materia tributaria. Además de las reformas, ha surgido nueva jurisprudencia europea, como la sentencia del IVA de las ventas ocultas y las conclusiones del Abogado General, que considera que las multas del 720 son desproporcionadas.

«El curso fiscal ha sido todo un desastre en este camino hacia la miseria que parte de la nada, como dijera Groucho Marx», apunta el fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores. «Partimos de una reforma fiscal parcial, con el objetivo de saquear más a los ciudadanos de rentas medias-altas y el establecimiento de populistas salarios mínimos para mantener anestesiado al de rentas bajas y seguimos con la culminación de una ley antifraude ominosa, que viene a destruir la jurisprudencia del Supremo que ha resultado contraria a los intereses de la Administración tributaria», opina Alarcón. Sin embargo, precisa que «podría ser peor, porque resuenan los tambores de una armonización fiscal al alza y, el año que viene, se aplicarán por primera vez los valores de referencia en el mercado para valorar los inmuebles en muchos impuestos, que van a ser una auténtica revolución, haciendo pagar impuestos hasta puntos alucinantes y que generarán una gran conflictividad».

Javier Gómez Taboada, socio de Maio legal, alerta de «un muy preocupante menoscabo del estatus cívico del contribuyente, siempre ciudadano». A su juicio, las medidas implantadas este último año «abundan en una tendencia de restricción de derechos individuales frente a la omnipotencia del Leviatán. Preparémonos para lo peor, pero sin ceder un ápice en nuestros postulados y convicciones». Gómez Taboada destaca que «la trasposición de la DAC6 nos ha traído una seria preocupación por poner en riesgo el secreto profesional al que todo cliente tiene derecho en su relación con su abogado». Por otra parte, considera que «la mal llamada ley antifraude incorpora una pléyade de medidas que, lejos de atajar el fraude, lo que hace es socavar varios derechos expresamente reconocidos por recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo».

El profesor Leopoldo Gandarias, socio de Koana Labs y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, recoge esta opinión de Gómez Taboada sobre las resoluciones judiciales y critica «la reacción del legislador ante una jurisprudencia de excelente factura, para acomodar las reglas a un malentendido interés administrativo, ciertamente contrario al sentido de lo expuesto». Gandarias asegura que «la ley antifraude ha introducido elementos distorsionadores, bajo un principio de comodidad, como el valor de referencia, que puede no encajar bien con el principio de capacidad económica, presupuesto y fundamento de la tributación». El fiscalista avala gran parte del trabajo del Supremo este curso. Subraya «la definitiva consagración del derecho (mejor que principio) a una buena administración, por conducto de una jurisprudencia del Supremo que impone a la Administración una conducta diligente que evite disfunciones derivadas de su actuación, o de lugar a resultados arbitrarios».

Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence destaca que «en los últimos años se han aprobado algunas normas tributarias a sabiendas de que podían vulnerar el Derecho de la Unión Europea, y a Hacienda y a nuestro legislador tributario les cuesta muchísimo rectificar». A su juicio, «la reciente Ley antifraude corrige a nivel legal la discriminación de los extracomunitarios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establecida desde enero de 2017 y, de paso, también se elimina esa discriminación en el Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, se mantiene en el Impuesto Renta No Residentes ya que los no residentes extracomunitarios que alquilan inmuebles en España se ven obligados a pagar el 24% sobre el alquiler bruto, los comunitarios pagan el 19% sobre el neto». Del Campo subraya que «la Comisión Europea ha recibido una avalancha de denuncias contra esa discriminación que vulnera claramente la libre circulación de capitales». El abogado recuerda también el Modelo 720, aprobado a finales del 2012. «El legislador sigue sin rectificar y con la ley antifraude se amplía con las criptomonedas, a pesar de que sus desproporcionadas sanciones y consecuencias están denunciadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo», apunta.

Fuente: ElEconomista.es