Al igual que el impuesto global de sociedades aprobado en la OCDE, la última normativa europea para el ‘e-commerce’ cobra el IVA donde está el consumidor y no en el país que genera la renta.

Después de años de complejas negociaciones, el acuerdo de Cornualles alcanzado por los países del G-7 puso los cimentos para modificar la forma de tributar de las empresas en todo el mundo. Esta resolución —refrendada en la última reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrada hace un mes en París, y por el G-20, reunido hace unos días en Venecia— introduce una tasa mínima global de al menos el 15% en el impuesto de sociedades. También permite a los países recaudar impuestos en función de dónde facturen las empresas, y que no dependa de sus sedes fiscales.

La OCDE estima que este impuesto mínimo global podría recaudar más de 150.000 millones de dólares adicionales al año, mientras que los cambios de jurisdicción de las compañías podrían generar entre 15.000 y 17.000 millones de dólares anuales. Solo las grandes corporaciones (las que tienen ingresos anuales superiores a 20.000 millones de euros) se verían afectadas por estos cambios normativos, cuyos aspectos técnicos se debatirán en las próximas reuniones de la OCDE.

Para analizar este impuesto de sociedades global y la nueva fiscalidad asociada a la digitalización y la sostenibilidad empresarial, El Confidencial y Deloitte Legal organizaron el encuentro ‘Regulación y fiscalidad de la nueva economía digital’. En el debate, participaron Ignacio Tovar, director de Innovación y Transformación Digital de Iberia; Javier Molina, director de la Asesoría Fiscal de Banco Santander; Alberto Bermejo, ‘head of’ International Tax de Ferrovial; Ignacio Box, socio de Deloitte Legal especializado en fiscalidad internacional y precios de transferencia; Juan Ortín, socio de Deloitte Legal especializado en impuestos indirectos, y Rodrigo González, socio del Área de Derecho Digital de Deloitte Legal.

Tasa Google

Este acuerdo global al impuesto de sociedades sustituiría los gravámenes digitales que algunos países ya han aprobado —como es el caso de España, con la llamada tasa Google—, como Reino Unido, Francia e Italia, pero no está claro cuándo se modificarán. Como respuesta a estos impuestos, Estados Unidos anunció nuevos aranceles contra algunos productos españoles y de otros países europeos, aunque luego los aparcó temporalmente a la espera de que se desarrollen las negociaciones en la OCDE.

“La tasa Google [aprobada por España] no es una medida para regular la economía digital, es una disposición totalmente recaudatoria”, señaló Javier Molina, director de la Asesoría Fiscal de Banco Santander. “Las medidas que se están planteando ahora, de que se tribute donde se genere la renta, no dejan de ser un parche”, y podrían acarrear perjuicios a las grandes empresas españolas “si se cae en una doble imposición y perdemos competitividad. Es importante que el Gobierno defienda a la empresa española”, añadió Molina.

Alberto Bermejo, ‘head of’ International Tax de Ferrovial, coincidió con el directivo del Santander al criticar algunos aspectos de la tasa Google, y se preguntó “si España tenía que ser el primer país en aprobar una medida tan disruptiva, enfadando a uno de nuestros principales mercados”. “España no es una potencia: no está en el G-7, tampoco en el G-20 [es un país invitado], ¿cuál es el coste de esta tasa si Estados Unidos impone finalmente aranceles a algunas de nuestras exportaciones?”, se preguntó Bermejo.

En Europa, Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre, cuentan con impuestos de sociedades más bajos, de entre el 9% y el 12%, y rechazan por el momento este impuesto global. El presidente Joe Biden podría no contar con el respaldo de los republicanos para pasar esta norma en el Congreso y Senado de Estados Unidos. A estos escollos se suma la negativa de algunos paraísos fiscales, como Bahamas o San Vicente y las Granadinas, que todavía no han respaldado el acuerdo.

Tecnología y normativa, a distinta velocidad

Para Rodrigo González, socio del Área de Derecho Digital de Deloitte Legal, todos estos problemas reflejan la diferencia entre “la velocidad estratosférica con la que se implantan estos avances tecnológicos y la regulación fiscal y legal, que tiene otro ritmo”. Los 139 países de la OCDE que firmaron la resolución deberían aprobar este impuesto global en sus respectivas legislaciones nacionales el año que viene para que los cambios entren en vigor en 2023. Un calendario de aplicación muy ambicioso y con muchos aspectos técnicos pendientes.

“Este impuesto global no va a ser la panacea, no va a resolver de golpe todos los problemas fiscales, pero al menos estamos un paso más cerca de que aquellas empresas que tienen modelos de negocio digitales paguen algo en esos países”, dijo por su parte Ignacio Box, socio de Deloitte Legal especializado en fiscalidad internacional y precios de transferencia.

La última normativa europea para el ‘e-commerce’, que entró en vigor el pasado 1 de julio, define un marco similar para cobrar impuestos según dónde se encuentre el consumidor y no el país que genera la renta, la cual se puede deslocalizar a Estados con menores tasas impositivas. “Todas nuestras compras tributan ahora donde está el consumidor. Para simplificar trámites, la UE ha establecido una ventanilla única para gravar el IVA en un solo país, y luego la Administración es la que reparte el impuesto entre los diferentes países de la UE. Es un paso adelante en la armonización fiscal dentro del bloque comunitario”, señaló Juan Ortín, socio de Deloitte Legal especializado en impuestos indirectos.

Una armonización aplaudida, teniendo en cuenta que no existe en otros aspectos tan importantes y urgentes como los nuevos certificados covid para viajar. Así lo destacó Ignacio Tovar, director de Innovación y Transformación Digital de Iberia: “España está tratando de liderar este certificado para viajar, pero todavía no tenemos un criterio general para todos los países. Hay diferentes requisitos dentro de la Unión Europea, a nivel local y global, para el mercado latinoamericano y estadounidense”.

La capacidad de la Agencia Tributaria para desarrollar su trabajo fue otro de los aspectos más destacados durante el coloquio. “Aunque se critique que son muy pocos funcionarios o inspectores, cuenta con una enorme cantidad de datos para cruzar y sacar discrepancias. Es un control que abarca desde las grandes empresas hasta los proveedores de los proveedores de las compañías”, dijo el director de la Asesoría Fiscal de Banco Santander. Para Ortín, la clave de que la Agencia Tributaria “sea un ejemplo y un modelo” en el mundo está en su estructura para gestionar grandes bases de datos y la automatización de procesos. “Los fiscalistas perciben la falta de coherencia en los datos y eso podría ayudar a las empresas a identificar fallos en sus negocios y promover un ambiente más colaborativo con la Administración”, explicó.

En este sentido, Box solicitó “fijar criterios claros” y “seguridad jurídica” para las empresas, además de realizar análisis más profundos para conocer los “impactos neutros, positivos o negativos” de los marcos impositivos. “¿Qué nos conviene como país? ¿Y a nuestras empresas?”, se preguntó el socio de Deloitte Legal especializado en fiscalidad internacional y precios de transferencia.

La gestión de los datos planteó a su vez otras dos cuestiones paralelas en el debate. La primera, asociada a los riesgos que acarrea su protección, y un segundo aspecto, vinculado a la identidad digital. El ‘head of’ International Tax de Ferrovial subrayó “las masivas inversiones realizadas por las grandes empresas para proteger estos datos, porque su sustracción supondría una pérdida de competitividad y puede repercutir en su imagen”. El socio del Área de Derecho Digital de Deloitte Legal destacó por su parte la “necesidad de desarrollar una normativa” que regule la identidad digital. “Esto cerraría el círculo para el repunte de la economía digital: una billetera virtual donde tengo mi firma electrónica, DNI, carné de conducir, títulos, y poder utilizarlos en cualquier momento”, apuntó González.

Además de todo este marco fiscal asociado a la digitalización y la nueva economía digital, Ortín destacó la implantación de nuevos impuestos verdes “ligados al consumo y la nueva realidad sostenible” de la economía. “A problemas globales, soluciones globales. La nueva fiscalidad va también en esa línea: gravámenes para penalizar determinados comportamientos como los plásticos de un solo uso, las emisiones de CO₂, los residuos o los coches contaminantes”, añadió el socio de Deloitte Legal especializado en impuestos indirectos.

Fuente: ElConfidencial.com