La recaudación de la lucha contra el fraude fiscal en términos comparables cae un 18%. La regularización de bases imponibles de grandes empresas se dispara un 67%.

La pandemia ha trastocado también la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Tributaria, que el año pasado optó por elevar la presión inspectora sobre las grandes multinacionales ante la incapacidad de llevar a cabo miles de operaciones de revisión in situ en empresas de menor tamaño. Como resultado, la recaudación total de la campaña cae en términos comparables a los de 2019, si bien la regularización de bases imponibles de grandes compañías se dispara casi un 70%.

Así, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, la campaña de prevención y lucha contra el fraude fiscal desarrollada en 2020 se saldó con unos ingresos adicionales de 17.272 millones de euros.

Aunque a priori la cifra supera en un 10% los 15.700 millones obtenidos en la campaña del ejercicio 2019, la Agencia Tributaria admite que, dado que las cifras de 2020 “incluyen expedientes de minoración de pagos fraccionados por una cuantía de 4.487 millones de euros que serán de difícil repetición en otros ejercicios”, por lo que “se considera más homogénea, a efectos de comparación, deducir la cifra del total, que quedaría en 12.787 millones de euros”. Es decir, que se produce una rebaja del 18%.

En paralelo, sin embargo, el fisco regularizó bases imponibles por 3.000 millones de euros a multinacionales por su fiscalidad internacional, lo que supone un incremento del 67%. En este terreno, los avances obtenidos parten de 82 comprobaciones inspectoras realizadas con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que a su vez participó en la gestión de 54 Acuerdos Previos de Valoración (APA) doblando el resultado del año anterior y garantizando bases imponibles a futuro por 3.477 millones, un 66% más que un año antes. En el ámbito de la fiscalidad internacional, las actuaciones sobre grandes empresas tecnológicas permiten regularizar bases imponibles por 130 millones y revisar en 800 millones al alza las de los próximos ejercicios.

Cambios en la operativa
La propia Agencia Tributaria destaca que se realizaron 21.729 actuaciones inspectoras sobre multinacionales, grandes empresas y grupo societarios, siendo este unos de los pocos ámbitos con avances interanuales (un 7,9% más) “a pesar de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria”

De hecho, “en un contexto de suspensión de plazos administrativos durante dos meses y medio y de limitaciones de movilidad con distinto grado de intensidad durante todo el año”, Hacienda explica que “decidió priorizar las actuaciones que se encontraban más avanzadas al inicio de la pandemia, caso de las actuaciones sobre grandes empresas y también aquellas que no requerían la presencia de los contribuyentes o asesores”.

Como resultado, el ejercicio cierra con 14.845 actuaciones de análisis de información (un aumento del 29%) y 51.646 en el apartado de “otras actuaciones de control” (que crecen un 14%). Sin embargo, buena parte de la operativa tuvo que ser diferida a 2021 al requerir por su naturaleza la presencia física de los inspectores.

De este modo, detalla, hubo 27.921 comprobaciones formales (-68%), donde se incluyen las derivadas de los planes de visitas, que descendieron un 52,7%. También se retrasaron las actuaciones que podían demorarse sin ocasionar problemas de plazos, rebajando las actuaciones de análisis patrimonial y societario a 2.098 (-14%); las de ocultación de actividad y abuso de formas societarias a 4.346 (-17%); o las de control de actividades económicas a 533.788 (-2,7%).

En total, la Agencia Tributaria sello 1,62 millones de actuaciones de control de tributos internos en 2020, un 2,3% menos, pese a que 21% del ejercicio quedó sujeto a la suspensión de plazos fiscales. Del total, 29.567 se centraron en grandes empresas, patrimonios, abusos societarios y economía sumergida.

Control de patrimonios
En el apartado de control de grandes patrimonios de personas físicas, el fisco liquidó 437 millones (un 28% menos que en 2019). Con todo, la cifra supone un alza del 25% frente a 2018, año en el que se creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes. Su existencia ha permitido levantar 1.400 millones correspondientes a 2.100 expedientes en dos años.

La Agencia Tributaria también ha elevado el control en los últimos tiempos de los falsos cambios de residencia con el objetivo de rebajar el pago de impuestos, investigaciones en las que, a partir del uso de big data, en 2020 se iniciaron actuaciones de comprobación sobre 126 contribuyentes.

El fisco también ha afinado el control sobre usuarios de viviendas de alto valor en manos de sociedades extranjeras y sobre el catálogo de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo como parte de sus pesquisas para aflorar irregularidades fiscales entre las grandes fortunas o su ocultación en sociedades instrumentales.

Economía sumergida
Hacienda reconoce que uno de los campos de actuación que más dificultó la pandemia ha sido el de la lucha contra la economía sumergida, en el que, en todo caso, se realizaron 2.157 inspecciones que revelaron ventas ocultas asociadas a cuotas líquidas por 521 millones de euros.

Además, se cobraron cuotas y sanciones por 332 millones (un 10% más) gracias al trabajo previamente avanzado por las Unidades de Auditoría Informática, que en el último lustro han permitido regularizar 1.600 millones de 22.100 actas.

En cuanto al control de alquileres no declarados, los avisos del fisco a los contribuyentes con motivo de la campaña de la renta han ido cobrando protagonismo como fórmula para forzar el cumplimiento voluntario han permitido elevar en 252.000 el número de declarantes, con una base imponible de más de 3.000 millones.

Entre las novedades que se han venido poniendo en marcha, la Agencia Tributaria destaca también el desarrollo de un proyecto para detectar facturas falsas a través del uso de big data. También se ha iniciado el censo de comerciantes extranjeros que ofrecen sus productos online, con 7.700 establecimientos ya registrados, regularizando 400 millones de bases imponibles de IVA.

Cuentas en el extranjero
En paralelo, el control de contribuyentes con cuentas financieras en el exterior, detectadas a partir de los acuerdos internacionales para compartir información fiscal, ha permitido liquidar en cuatro años 630 millones de 1900 contribuyentes. De ellos, 195 millones, de 700 contribuyentes, se registraron en 2020. Las actuaciones de comprobación han permitido, a su vez, 15.000 declaraciones extemporáneas por 46 millones.

A su vez, la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (tarjetas ‘offshore’) ha permitido liquidar 37 millones de deuda en 2020, y 133 millones desde 2018. El año pasado se abrió expediente a 40 contribuyentes por este tipo de tarjetas opacas.

Finalmente, en el ámbito del control recaudatorio Hacienda impulsó en 2020 579 acciones judiciales para el cobro efectivo de deudas tributarias (un 39% más); 26.746 actuaciones de derivación de responsabilidad (un 13,6% más); 665 expedientes de prohibición de uso de inmuebles embargados a sociedades (un 8,8% más); y 72.495 expedientes (34% más) para la investigación patrimonial de deudores que “puedan estar utilizando diversas figuras defraudatorias, como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros”, detalla el fisco.

Fuente: Cincodías.com