Los ministros de Finanzas del G7, que se reúnen mañana y el sábado en Londres en su primera cita presencial en dos años, intentarán llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales.

Los ministros de Finanzas y Economía del G7, que se reúnen mañana y el sábado en Londres en lo que será su primera cita presencial en dos años por la pandemia, intentarán llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales. Entre las propuestas que se barajan, si sale adelante la de un tipo del 15%, hay cálculos que estiman en unos 275.000 millones de dólares (225.000 millones de euros) el golpe fiscal a las grandes corporaciones en todo el mundo y de todos los sectores que ahora aprovechan todo tipo de recovecos fiscales internacionales para minimizar su factura impositiva.

El asunto del impuesto global va a ser el tema estrella de la reunión, la semana próxima, de los presidentes del G7, en la ciudad de Cornwall, Reino Unido, que este año acoge la Presidencia de esta organización de las siete de las economías más potentes del planeta: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Sus decisiones luego tienen repercusión en las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). También influyen en el G20, el grupo con las 20 mayores economías mundiales. Aunque España no forma parte del G20, participa como país invitado.

De concretarse un acuerdo, sería un hito histórico para el sistema tributario internacional. La idea de una tasa global homogénea fue lanzada inicialmente por Donald Trump en un intento de desactivar un gravamen específico a multinacionales tecnológicas que perjudicaría a los gigantes de Silicon Valley. Tanto de lo que llevaba años estudiando la OCDE como de las tasas Google que promovían varios países, como Francia y España, a los que amenazaba con aranceles si no las retiraban. El argumento de Trump: que en una economía digital el traslado de beneficios a jurisdicciones con impuestos bajos es cada vez más sencillo y práctica generalizada por multinacionales de todos los sectores.

La propuesta de Trump fue muy bien recibida y por primera vez parecía que los trabajos de la OCDE para acabar con la elusión fiscal de multinacionales podían llegar a buen puerto. Se articulaban en torno a dos pilares: el 1, que busca redistribuir los beneficios desviados a los países que los han generado. Y el 2, que planteaba una tasa global, que se perfilaba en el 13%.

Se esperaba un acuerdo a finales de 2019. Sin embargo, el entonces presidente de EEUU dio un viraje y planteó que la tasa fuera optativa para las multinacionales, cláusula que se denomina safe harbor, lo que el resto de cerca de los 140 países involucrados consideró que desactivaba el proyecto.

La posición del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se aguardaba con expectación y no se hizo esperar. En la ratificación de su cargo en el Senado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mostró su compromiso con lograr un acuerdo. En febrero, ya declaró que EEUU abandonaba el safe harbor. Y en abril llegó una propuesta con la que Washington recuperaba la iniciativa en las negociaciones, a la par que el plan de subidas de impuestos domésticas de Biden para financiar la reconstrucción. Estados Unidos planteó una tasa del 21% y que el Pilar 1 sólo afectara a las 100 mayores multinacionales del mundo en aras de simplificar y hacer más efectivo el proceso.

El tipo del 21% fue recibido con algunas críticas y, a finales de mayo, la Casa Blanca anunció que se estaban produciendo negociaciones muy productivas y que como gesto de buena voluntad arrancaba con una rebaja del tipo al 15%, que preveían elevar.

La acogida de la UE ha sido muy positiva. De hecho, intenta ahora mostrar iniciativas en este sentido. El martes inauguró un Observatorio de Fiscalidad que publicó un informe sobre lo que los trabajos de la OCDE podrían incrementar la recaudación de la UE. Y se suma ahora a la declaración país por país Eso sí, con la problemática de que algunos países, como Irlanda, que han hecho de la baja fiscalidad una ventaja competitiva, con una tasa del 12,5%, son muy reacios.

Otros, como Reino Unido, ya fuera de la UE tras completar el Brexit, están abiertos al acuerdo. En la actualidad, la tasa corporativa en Reino Unido es del 19%, pero hay planes para escalar hasta el 25% en 2023.

Alex Cobham, de la ONG británica Tax Justice Network, ha explicado a Sky News que «la tasa de impuestos que pagan en realidad las principales multinacionales en la actualidad es tan baja que incluso imponer una tasa efectiva de solo el 15% tendría un gran impacto y podría generar unos 225.000 millones de euros en ingresos anuales adicionales para el Fisco en todo el mundo». Sería «el mayor cambio en las normas fiscales internacionales en un siglo».

Sólo Reino Unido podría recibir hasta 15.000 millones de dólares de esa cantidad. La OCDE ya ha calculado que la elusión de las multinacionales cuesta globalmente unos 200.000 millones de euros al año y estimaba que con su propuesta se recuperarían unos 100.000.

La UE también ha hecho sus cálculos. Según estimaciones del Observatorio de Fiscalidad de la Unión Europea, los Estados miembros recaudarían 50.000 millones de euros más al año con un tipo mínimo del 15%, de los que España recibiría 700 millones. La recaudación adicional aumentaría a 100.000 millones de establecer el tipo del 21% (como proponía Biden inicialmente) y a 170.000 millones de fijarlo en el 25% (la tasa efectiva a la que tienden todos los países).

Estos cálculos son orientativos, partiendo de que la OCDE plantea que la tasa afecte a las empresas que facturen más de 750 millones y que baraja excluir sectores que trabajan físicamente el terreno, ya que se considera que no pueden deslocalizar beneficios, como la industria extractiva e incluso la banca. Y EEUU propone sólo recuperar beneficios deslocalizados de las 100 mayores multinacionales.

La necesidad de recursos de los diferentes Estados para pagar la enorme factura de endeudamiento público que ha provocado la pandemia es otro de los alicientes que está animando a buscar una tasa fiscal corporativa mínima. El ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, no espera que se concreten mañana detalles de la tasa como el tipo, pero sí que se escenifique un acuerdo que un borrador del G7 ya celebra.

Si los ministros de Finanzas llegan a un acuerdo informal, los líderes del G7 podrían firmarlo formalmente en la cumbre del 11 al 13 de junio. Después, se presentaría a las naciones que negocian en el marco de la OCDE. Se prevé que los flecos del acuerdo se cierren en la cumbre del G20 que se celebra en Venecia el 9 de julio. Algunas voces lo retrasan a otoño, pero ya con un histórico acuerdo en ciernes.

Fuente: Expansión.com