El Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan sumarse al proyecto de la OCDE que ya sigue la mayoría de Estados miembros, entre ellos, España, el llamado ‘Country by Country Report’.

La Unión Europea (UE) obligará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los 27 Estados miembros. Así lo han acordado el Parlamento Europeo y el Consejo, que representa a los países, en un pacto político que, una vez sea confirmado formalmente, pondrá en marcha una iniciativa que llevaba cinco años sobre la mesa a partir de un proyecto de la OCDE que ya sigue la mayoría de los Estados miembros, entre ellos, España, el llamado Country by Country Report, con más alcance.

El acuerdo llega en un momento en el que la UE no quiere quedarse descolgada del impulso global a favor de una mayor contribución fiscal de las multinacionales ante la expectativa de lograr un pacto en la OCDE para fijar un mínimo global de Impuesto sobre Sociedades y cambiar el modo en que se decide dónde deben tributar las empresas.

Según lo acordado en la noche del martes, las multinacionales que facturen anualmente más de 750 millones de euros, tengan su sede en la UE o fuera de ella, deberán publicar un informe que detalle cuánto tributan por sus ingresos en cada Estado miembro.

Deberán además desglosar cuánto abonan en aquellas jurisdicciones que figuren en la lista negra de paraísos fiscales de la UE, que enumera aquellos territorios que no cumplen los estándares mínimos de cooperación y transparencia fiscal, o en los que llevan dos años consecutivos en la llamada lista gris, el repertorio de aquellos que no cumplen pero se han comprometido a enmendar su legislación.

El Parlamento había pedido exigir un desglose global, informando de todos los países en los que tributase cada multinacional, mientras que el Consejo prefería que la obligación sólo afecte a la actividad en los Estados de la UE.

Las empresas tendrán que proporcionar información sobre sus actividades, su número de empleados, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos abonados y las ganancias acumuladas. La obligación afectará también a las filiales, sin importar el tamaño, si se considera que existen solo para ayudar a la matriz a eludir estos requisitos, según indicó el Parlamento.

Los bancos no se verán afectados por la nueva norma puesto que ya están obligados a proporcionar estos datos.

El acuerdo introduce una cláusula de salvaguarda que permitirá a las empresas retrasar durante cinco años la publicación de cierta información, informó el Consejo en un comunicado. No obstante, se ha pactado también a petición de la Eurocámara hacer una revisión tras los cuatro primeros años de aplicación de la norma para ver cómo está funcionando.

«La ciudadanía tendrá la capacidad de conocer en tiempo real, de forma comprensible, accesible y gratuita, los datos básicos de las empresas que operan en la UE y facturan más de 750 millones de euros», celebró el eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco, uno de los responsables parlamentarios y negociador de la legislación.

«Nos habría gustado que el Consejo se comprometiera con una mayor transparencia, pero hemos logrado desbloquear el acuerdo y acercar nuestras posiciones», añadió.

El 80% del traslado de beneficios se produce entre países de la UE, recordó la Eurocámara. Una vez entre en vigor, los Veintisiete tendrán año y medio para trasladar la norma a su legislación nacional. Varias organizaciones defensoras de la transparencia fiscal consideraron que el acuerdo carece de ambición. «La lista europea de paraísos fiscales tiene profundos errores», advirtió Transparencia Internacional UE.

La vicepresidenta segunda para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebró ayer el acuerdo. Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, República Eslovaca, Eslovenia, Suecia y Reino Unido ya estaban adheridos al Country by Country Report de la OCDE, que también incluye a Andorra, Gibraltar o a las Islas del Canal. España se sumó en 2016 y lo ha adaptado por ley interna, que obliga a declarar el Modelo 231. En 2017, la Agencia Tributaria recibió las declaraciones de 112 grupos con matriz española y 14.996 filiales, con un tipo medio del 19%.

Fuente: Expansión.com