Montero enumera los que afectan a cadenas de valor, tecnologías y relaciones entre empresarios y trabajadores, en alusión a algunos de Sociedades, y admite que se van a analizar los tipos reducidos y superreducidos del IVA.

Los beneficios fiscales que Hacienda ha prometido revisar en el Plan de Recuperación a Bruselas se centrarán en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA. Así lo planteó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa para detallar los capítulos que le competen del citado Plan. El Gobierno se comprometió a realizar una fuerte subida de impuestos este año, en 2022 y en 2023 la semana pasada, en la enésima actualización del Plan de Recuperación, cuya versión final remitió a la Comisión Europea el 30 de abril, pero que no dio a conocer en sus detalles más polémicos hasta el día siguiente de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Entre los beneficios fiscales que se van a revisar, Montero enumeró los que afectan a «cadenas de valor, tecnologías y relaciones entre empresarios y trabajadores», en alusión a algunos del Impuesto sobre Sociedades: I+D+I, reducción de rentas de activos intangibles o las deducciones por creación de empleo y contratación.

Preguntada por el IVA, Montero admitió que se van a revisar los tipos reducidos y superreducidos porque lo reclama la Comisión Europea ante la brecha de recaudación en esta parte del impuesto entre España y la UE y el gran número de productos y servicios que España grava en estos apartados.

La propia Montero negó las subidas el 30 de abril en la presentación del Programa de Estabilidad remitido ese día a Bruselas y ayer debía analizar todas las alzas que contiene el Plan después de la victoria en las urnas de Isabel Díaz Ayuso y de su política de impuestos bajos en Madrid. Montero inició su discurso cargando contra esta política, que tachó de «peligrosa» e «hipócrita y de caldo de cultivo de populismos». Por una parte, defendió las subidas de impuestos como un deber con Europa ante la llegada de 140.000 millones y, por otra, aseguró que sus subidas no afectarán a la clase media y baja, a pesar de las alzas al diésel, primas de seguros o bebidas azucaradas.

El Gobierno se compromete en el Plan a revisar quince beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla, y que serán seleccionados por Hacienda. Cada uno de esos tres años se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales. Así, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, «si la situación económica lo permite» que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal.

En 2021, el Gobierno ya ha recortado de 8.000 a 2.000 euros la deducción a los planes de pensiones individuales y estuvo estudiando hasta el último minuto subir el IVA a sanidad y educación privada, cuyas respectivas exenciones la AIReF ha cifrado en 3.457 millones. «De este modo, se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado», reza el documento, que cifra en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios fiscales y que no excluye, en cambio, crear nuevos beneficios. En el Plan de Recuperación que se publicó el 30 de abril, se plantea a Bruselas la supresión de la deducción por tributación conjunta en el IRPF, que el miércoles la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calificó de «errata».

Según el Plan, en 2021 entrarán en vigor los nuevos impuestos a plásticos y residuos, además del pago de las tasas Google y Tobin. En 2022, se subirá la fiscalidad del diésel y se revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación y gases fluorados. Y en 2023 entrará en vigor un alza aún mayor, que afectará a Sociedades, Patrimonio y Sucesiones. Montero incidió ayer en la brecha de la recaudación por tributación medioambiental que España tiene con la UE, de ocho décimas. En el capítulo del gasto, la ministra aseguró que se revisarán los préstamos, ayudas y subvenciones a empresas y la gestión de los residuos urbanos.

Fuente: Expansión.com