Los dos ayuntamientos han detectado la proliferación de sociedades que matriculan sus flotas en municipios con impuestos más bajos aunque sus clientes usan los vehículos en grandes ciudades.

El incremento exponencial del renting y leasing de vehículos que se ha registrado en España en los últimos cinco años está generando un efecto inesperado en las ciudades donde esta fórmula se ha implantado con más fuerza. A pesar de que el parque móvil en modalidad de renting se ha disparado un 66,07%, según las cifras de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) , el impacto en el impuesto de circulación de las grandes ciudades donde operan buena parte de estos vehículos ha sido muy reducido.

Es más, los Ayuntamientos de Barcelona y Valencia, las capitales de las comunidades autónomas que acumulan el 40% de los clientes del renting, han detectado una pérdida de la recaudación aunque el número de vehículos que circulan por ambas ciudades no ha menguado en la misma cantidad.

Las dos ciudades atribuyen esta situación al aumento del renting y leasing, ya que las empresas buscan municipios con una menor presión fiscal para matricular su flota aunque su uso vaya a producirse, principalmente, en otras ciudades. Los técnicos de la Concejalía de Hacienda de Valencia, de hecho, ya han constatado la fuga de matriculaciones hacia otras localidades para eludir los mayores impuestos que se dan en las urbes más grandes, según explica el concejal Borja Sanjuán.

«Es un fenómeno relativamente nuevo porque antes la matriculación estaba vinculada a la residencia del propietario del vehículo. La situación cambió con las empresas de alquiler, que buscaban los mayores beneficios fiscales y matriculaban sus flotas en municipios con impuestos más bajos. Pero el crecimiento del renting y leasing entre los particulares ha intensificado aún más el quebranto en la recaudación», explica el edil.

Los datos de AER sobre la evolución del mercado confirman el crecimiento exponencial del renting entre los particulares. Las personas físicas, según sus informes, son los clientes que más han aumentado su presencia en el parque de vehículos en renting en los últimos cinco años «con incrementos en términos relativos del 857,98%». El peso de este segmento de clientes en el parque de renting ha pasado así del 2,35% en 2015 al 15% en 2020, 12,65 puntos porcentuales más.

Fruto de este perjuicio compartido, los ayuntamientos de ambas capitales han establecido una alianza para buscar soluciones legales que impidan la fuga de matriculaciones o que al menos no impliquen una merma en su recaudación. Madrid ya intentó sin éxito en 2005, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, poner fin a la problemática de los «paraísos fiscales» para la matriculación de vehículos que surgían en la Comunidad como Moralzarzal o Robledo de Chavela, dos localidades que suman 16.373 habitantes y que en 2017 tenían matriculados 84.361 vehículos. La reclamación del consistorio para recuperar los 62 millones que calculaba que le costaba la fuga de vehículos, sin embargo, fue desestimada por el Tribunal Supremo.

Barcelona y Valencia quieren retomar ahora, 15 años después, aquel intento de Madrid y plantear una estrategia conjunta desde otra perspectiva legal. Una de las propuestas que se barajan, por ejemplo, es que el impuesto de circulación pase a ser de titularidad autonómica. Es decir, que los gobiernos autonómicos gestionen el cobro y que, posteriormente, los ingresos se distribuyan en función del tráfico real que registren las poblaciones. Con ello, entienden los técnicos, se conseguiría un reparto más equilibrado, ya que los márgenes serían iguales para todos los municipios.

Otra de las posibilidades que están encima de la mesa y que se trasladarán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para su análisis es que el impuesto no lo pague el propietario como ocurre en la actualidad sino el usuario final en su lugar de residencia.

Las dos ciudades ya han iniciado los contactos para que los técnicos de Hacienda, en manos de los socialistas en ambos consistorios, trabajen conjuntamente en una solución que dé respuesta a todas las sensibilidades. Y es que, la propuesta final se trasladará a estudio y debate en la FEMP, el organismo que representa a todos los ayuntamientos españoles y que debe dar validez a la iniciativa.

Fuente: ElMundo.es