Las asociaciones muestran preocupación por el nuevo sistema de medición de emisiones, que entra en vigor en enero y provocará un aumento medio del 5% del coste del vehículo, según sus cálculos.

El sector del automóvil se juega una subida de impuestos de más de 1.100 millones de euros. Según las estimaciones que hace el sector, la entrada en vigor el próximo 1 de enero del nuevo sistema de medición de emisiones WLTP, en torno a un 20% más exigente que el actual NECC, provocará que en la práctica casi todos los vehículos nuevos salten de categoría en el actual impuesto de matriculación y por consiguiente se encarezca su compra. El WLTP debió entrar en vigor el 1 de enero de 2019, pero Industria lo frenó con la justificación de dar dos años más para que las marcas pudieran adaptarse.

Anfac, Faconauto y Ganvam, principales representantes sectoriales, han mostrado su preocupación porque creen que una subida en el coste del vehículo del 5% tendrá un efecto negativo en la decisión de compra de los usuarios, lo que puede generar problemas en toda la cadena de valor (inversiones, empleo, etc.). Teniendo en cuenta que el precio medio de un automóvil actualmente es de 19.000 euros, según los datos de la Agencia Tributaria, y que se espera que las ventas en 2021 suban hasta los 1,2 millones de vehículos, según los cálculos de BBVA Research, la recaudación por este concepto se elevaría en 1.140 millones de euros. En un vehículo medio, su precio de adquisición se elevaría casi 1.000 euros.

Para evitar esta situación, el sector trasladó su preocupación a la Mesa de la Automoción convocado por el Gobierno, representado por el Ministerio de Industria, que se comprometió a estudiar formas de compensar la merma de ventas, aunque sin una propuesta concreta.

Tanto el sector como algunos grupos políticos están a favor de elevar los límites marcados por el impuesto de matriculaciones con el objetivo de neutralizar la subida de impuestos, algo que las patronales aseguran ya se ha hecho en Francia o Portugal. Esto supondría elevar el límite exento actual de 120 gramos de CO₂ por kilómetro medido con NECC a 144 gramos de CO₂ medido con WLTP. Y lo mismo con el resto de escalones por los que se paga este impuesto, progresivo en función de las emisiones de dióxido de carbono que emiten los coches.

De hecho, Partido Popular, Ciudadanos y PDeCAT han planteado enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado por esta cuestión. Las del PP y Cs decayeron, pero siguió adelante la del PDeCAT. En su trámite en la comisión de Industria, no logró que se aprobara. PSOE, Unidas Podemos y PNV votaron en contra, mientras que PP, Cs, PDeCAT, ERC y Bildu votaron a favor. La enmienda no salió porque Vox, que según fuentes al tanto de las negociaciones iba a votar a favor, no entró en la comisión. Por ello, este mismo martes, se volvía a votar en el pleno del Congreso sin lograr su aprobación.

Un parche antes de una reforma profunda

La idea de las patronales es que se prolongue la situación actual impositiva, sin subida de la fiscalidad en un momento crítico en que las ventas han caído un 35% en este 2020, a la espera de que se aborde una reforma profunda tanto del impuesto de matriculación como de circulación, tal y como prometió el Gobierno el pasado 15 de junio en el Plan de Impulso a la Industria de la Automoción.

Las patronales están de acuerdo con esta reforma, ya que pretende castigar el uso más que la compra. Esto va en la línea de penalizar los automóviles más antiguos y más contaminantes en lugar de los nuevos, que son más eficientes.

Una de las formas de castigar más el uso de vehículos contaminantes respecto a la compra es lastrando el carburante. De hecho, el Gobierno propuso en estos PGE subir el diésel, pero el PNV le exigió retirar esta medida para lograr su apoyo, algo que aceptó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La cuestión del impuesto de matriculaciones tiene diferentes visiones dentro del Ejecutivo. Desde Industria, son más proclives a las tesis del sector, pero Transición Ecológica, ministerio que actualmente goza de más ascendencia en Moncloa, es contrario al mismo. De hecho, el departamento dirigido por Teresa Ribera incluyó en la web del IDAE un informe de la asociación ecologista Transport & Enviroment que proponía acabar con la exención de este gravamen para todos aquellos vehículos que no fueran cero emisiones. Es decir, casi todos.

Desde Industria, también barajan utilizar las ayudas no ejecutadas del Plan Moves de este año para paliar el efecto impositivo, pero aún no hay nada definido. El Gobierno señaló el pasado 23 de noviembre que inyectará 10.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción procedentes de Europa. Además, el programa de impulso anunciado en junio añadía planes Renove y Moves para estimular la compra de automóviles por valor de 3.750 millones de euros.

El sector del automóvil genera en España el 11% del PIB y ocupa al 9% de la población activa. Con empresas cuya titularidad es de origen extranjero, la crisis del covid está amenazando su futuro a medio plazo. De hecho, este mismo año, Nissan decidió cerrar su planta de Barcelona.

Fuente: ElConfidencial.com