Los juzgados mercantiles empiezan a considerar nula la reforma de la Ley Concursal. Los autos aplican la sentencia del Supremo que admite el olvido de los no privilegiados.

Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda oportunidad de empresarios y autónomos.

Así, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca, un autónomo ha logrado el perdón de su deuda con la Agencia Tributaria por un total de 4.000 euros a través de un auto.

La magistrada juez establece que que comparte el sentir de la mayoría de la doctrina y de las resoluciones dictadas por Juzgados competentes en la materia, como son los juzgados de Primera Instancia 50 de Barcelona; y de lo Mercantil 3, 7 y 10 de Barcelona y 13 de Madrid.

Exceso legislativo

Así, establece que la previsión normativa introducida en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) que exime de perdón a todo el crédito público, excede de los parámetros de la delegación normativa, con un decreto ultra vires que los juzgados están llamados a revisar, «ya que los preceptos que hayan incurrido en tal exceso no tienen naturaleza de ley».

Este principio ultra vires, en el que se basa la magistrada juez considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. Con ello, se refiere a la redacción del artículo 491 del del TRLC define los créditos que quedan exonerados, haciendo referencia en el apartado 1, exoneración definitiva, a «la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos».

Por su parte, el apartado 5 del mismo precepto establecía que el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, al amparo del apartado 3.5º (de manera provisional y condicionado al cumplimiento de un Plan de Pagos) se extendería a la parte insatisfecha de los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos, y, respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2019, resolvió las dudas existentes concluyendo que la exoneración alcanzaba a todo el crédito público que no tuviera el carácter de privilegiado. Por el contrario, el legislador, en la redacción del TRLC, establece que la exoneración, cualquiera que sea la vía escogida, no afecta al crédito público, bien sea calificado como privilegiado, ordinario o subordinado.

Javier Lagunas, socio director del bufete Lagunas Abogados de Zaragoza, abogado del autónomo que ha obtenido el perdón de sus deudas públicas considera que «los jueces están declarando nula la reforma introducida por la puerta de atrás y aplicando la sentencia del TS. Nada ha cambiado».

Fuente: ElEconomista.es