Cuando se eliminan obstáculos y se aumenta la transparencia se consiguen grandes resultados.

Ahora que se empieza a hablar de presupuestos y se prevén subidas impositivas para todos los agentes económicos, incluidos los autónomos, en caso de resultar finalmente ratificado el proyecto de ley durante su tramitación en las Cortes, quizás sea buen momento de reflexionar acerca de lo que supondría para las arcas del Estado proceder a una simplificación de nuestro modelo fiscal, que hiciese más comprensible a los ciudadanos sus obligaciones y más sencilla la tramitación de sus liquidaciones.

Los profesores Cass R. Sutein y Richard H. Thaler han estudiado hasta qué punto la complejidad en los procedimientos de las Administraciones (y por extensión, cualquier propuesta que se formule a los ciudadanos en cualquier ámbito de la vida) constituye una barrera para que estos cumplan con sus obligaciones y, por tanto, contribuyan al bien común, propósito que guía las decisiones del Estado.

Su tesis, que le valió al segundo el Premio Nobel de Economía por su contribución a la ingeniería de las decisiones, viene a concretarse en un lema: “Haz las cosas sencillas”, en el convencimiento demostrado empíricamente de que las personas responden de manera favorable y numerosa cuando en los procesos de decisión se introducen incentivos para hacer todo de manera más simple.

De una forma empírica, estos dos profesores, economistas del comportamiento, demostraron que la mayor parte de las decisiones que tomamos dependen de la forma en que se nos haya enunciado el problema, y que cuando se eliminan obstáculos y se aumenta la transparencia y la información se consiguen resultados espectaculares por parte los ciudadanos.

Un reciente estudio aseguraba que el 88% de los directivos de empresas considera complejo el sistema tributario, complejo en sí mismo y como consecuencia de la abundancia de normas y modificaciones sobre las mismas que se van sumando al cuerpo normativo.

Al margen de la inseguridad jurídica que este estado de cosas genera, lo cierto es que la complejidad fiscal se alza como una barrera contra el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y suele ser fuente de conflictos que terminan resolviéndose en los tribunales.

Quizás una prueba clara de toda esta complicación la vemos en la multitud de contribuyentes que en España necesitan del soporte habitual de asesores especializados para ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales, cuando lo lógico sería que, de forma intuitiva, cualquier ciudadano capacitado para desarrollar una actividad económica con solvencia pudiera afrontar estas tareas sin dificultades.

La situación llega a ser más acusada, incluso, en el caso de los autónomos, que además de tener que afrontar sus tareas profesionales cotidianas, frecuentemente de carácter multifuncional (asumen labores comerciales, ejecutivas, logísticas, administrativas, etc.), deben ocuparse de la cumplimentación periódica de las declaraciones tributarias.

Pues bien, a la hora de declarar, el marco jurídico de referencia para ellos es la ley general tributaria, el mismo que para una gran empresa que factura cientos de millones. Y aún daremos un detalle más: un autónomo, para estar al día de sus obligaciones fiscales, debe cumplimentar y presentar hasta nueve modelos de impuestos, lo que multiplica las posibilidades de cometer errores.

Probablemente no se haya cuantificado la relación causa-efecto existente entre facilidad administrativa y recaudación, pero si se hiciera, estamos seguros de que el saldo saldría generosamente a favor del erario público.

La complejidad del sistema introduce incentivos en la dirección contraria al interés común. Favorece muchas veces que algunos autónomos renuncien a cumplir con sus obligaciones o que lo hagan de forma inadecuada. De hecho, muchos ignorarán que están contemplados hasta 100 gastos que podrían deducirse, con el consecuente efecto favorable en sus bases imponibles.

El desarrollo tecnológico, la irrupción de una nueva manera de hacer las cosas y de relacionarnos con las personas, debería ser un estímulo para abordar una transformación del sistema tributario que se impusiese como objetivo refundarlo sobre las premisas de la sencillez y la facilidad en lo que atañe no solo al modo de relacionarse los contribuyentes con la Administración tributaria, sino también al mismo procedimiento de declaración.

Ahora bien, en tanto se produce ese retorno a la sencillez, serán las propias tecnologías las que acudan en socorro de los contribuyentes. El mercado ya ha desarrollado aplicaciones tecnológicas que basan su propuesta de valor en la automatización, la inmediatez, la transparencia y, en suma, la sencillez.

Afortunadamente, entre los contribuyentes y los vericuetos de la norma, aparte de ese lenguaje oscuro tan característico, se sitúa, esta vez como fiel aliada, una capa de tecnología capaz de traducir lo complejo en sencillo, y de resolver de forma inmediata y automática lo que antes requería de consultas y cálculos.

La tecnología, en este caso, no solo está para evitar muchos quebraderos de cabeza a los contribuyentes, sino también para ahorrarles dinero por la vía de hacer bien las cosas y descartar errores.