El Gobierno envía a Bruselas las previsiones presupuestarias, que no serán firmes hasta que se negocien con los partidos y en el diálogo social.

Los Presupuestos del Estado de 2021 incluirán un nuevo rosario de impuestos con los que el Estado espera recaudar hasta 7.000 millones de euros más en un momento de crisis económica sin precedentes. Según se desprende del Plan Presupuestario de 2021 remitido este jueves a última hora a Bruselas, el Ejecutivo estima un impacto del conjunto de estas medidas fiscales y de la nueva ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022. Esto será, defienden, gracias a los nuevos impuestos «verdes», a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasas «Google» y «Tobin», lo que esperan incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año.

Así, en contra de la tendencia de buena parte del resto de países europeos que han apostado por recortes de impuestos para azuzar el consumo, en 2021 verán la luz en España, además del impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el impuesto sobre Transacciones Financieras, el nuevo impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, y el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con el que se persiguen «favorecer hábitos más saludables».

Por el lado de los gastos, tal y como adelantó ABC, el Gobierno contempla un alza del 0,9% de la nómina de los casi nueve millones de pensionistas. Es el mismo porcentaje en el que subieron el pasado febrero con carácter retroactivo a enero y el coste de la medida superará los 1.400 millones. Además, el plan recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad, así como el impacto del ingreso mínimo vital.

El que viene sería el cuarto año consecutivo en el que las pensiones subirán por encima del mínimo legal previsto en el Índice de Revalorización de las pensiones (0,25%), que se aplicó durante cinco ejercicios y que aún no se ha derogado a la espera de los acuerdos del Pacto de Toledo. La comisión parlamentaria está de acuerdo en volver a indexar la subida de las pensiones con el IPC, la fórmula que España dejó atrás en 2011 por su alto coste e impacto en las cuentas de la Seguridad Social en periodos de elevada inflación. Es un modelo que solo utilizan Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica porque la mayor parte de los estados miembros cuentan con sistemas mixtos que toman varios indicadores de referencia a la hora de revalorizar las pensiones, normalmente salarios, precios y PIB, como ocurría en España con el Índice de Revalorización, ahora desactivado.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere contar ya con una ley que refleje el nuevo moldeo desde enero, tal y como informó este periódico. ¿Por qué el 0,9%? El dato que está usando ahora el Gobierno es el deflactor del PIB, que es del 0,9% para el próximo año, según avanzó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Lo previsible es que el sueldo de empleados públicos suba en el mismo porcentaje después de una dura negociación que ha enfrentado de nuevo al PSOE con Podemos. Como ya adelantó este diario, el pulso entre los dos socios de Gobierno ha tenido una partida en el centro de la negociación: la posible congelación de los sueldos de los empleados públicos que se planteó en septiembre. En un momento en el que la inflación está en negativo ante el desplome del consumo y en un escenario con un déficit previsto por el FMI del 14,1% del PIB (155.000 millones), varios ministros socialistas como la vicepresidenta Nadia Calviño, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han defendido esta opción. Otros como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tildaron la idea de «error garrafal» haciendo visible cuál era la opción de Podemos.

El pulso parece haberlo ganado Podemos, que ha logrado que la congelación sea una línea roja, en un momento en el que sanitarios, sobre todo, enfrentan una mayor carga de trabajo por la pandemia, a lo que se suma la labor de docentes y cuerpos y fuerzas de seguridad. A última de este jueves, el sindicato de funcionarios CSIF no tenía conocimiento sobre cuál será la subida que se aplicará a los empleados públicos el año que viene y avanzó que ha pedido una reunión urgente con el Gobierno.

Cuentas comprometidas

La decisión de subir la nomina a los jubilados y el sueldo a los empleados públicos compromete el margen de las cuentas del Estado, pero también de comunidades autónomas y corporaciones locales. Lo cierto es que tanto empleados públicos como pensionistas llevan desde 2018 ganando poder adquisitivo.

Mientras que en 2018 la inflación cerró en el 1,7% y los empleados públicos vieron sus retribuciones aumentar un 1,75%, las pensiones lo hicieron un 1,7% -fue 1,6% pero se les compensó en 2019-; posteriormente, en 2019, los jubilados ganarían un 1,6% más y los empleados públicos, un 2,25% cuando el IPC subió un 0,7%.

Con un IPC negativo durante este año las pensiones han aumentado un 0,9% y los sueldos públicos un 2%, tal y como se acordó en 2018 con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta medida ha tenido un coste total de 3.264 millones de euros para las arcas públicas.

Fuente: Abc.es