Recomienda acabar con la estimación objetiva y la mayoría de las bonificaciones.

Los expertos en fiscalidad vienen demandando hace tiempo una reforma integral del conjunto del sistema tributario español, incluyendo todo tipo de figuras impositivas de las administraciones estatal, autonómica y local. De hecho, ya se han realizado varios informes (como el dirigido por Manuel Lagares de 2014) que fue solicitado por el Ejecutivo, para diseñar las grandes líneas de una pretendida reforma que quedó en agua de borrajas. Desde Fedea apuntan que la fuerte crisis económica, con un déficit público desbordado, ha convertido en «urgente» la necesidad de abordar ya la reforma del sistema fiscal español.

Una urgencia que se deriva, principalmente, de la necesidad de que las grandes líneas de los futuros ingresos tributarios estén pactadas, al menos por los partidos con opción de Gobierno. Jorge Onrubia, codirector junto a Julio López Laborda, del informe sobre medidas tributarias ante las crisis Covid-19, de Fedea, aclara que no se trata de fijar los tipos que cada partido pueda luego aplicar. Eso ya depende de la línea ideológica de cada Gobierno.

La necesidad de la reforma parte de la actual ineficiencia de los impuestos en España, lo que genera una escasa elasticidad a los ciclos económicos. «El nuevo sistema fiscal debería estar aprobado para cuando la crecimiento se consolide», explica Onrubia. Y remarca que de no ser así, se perdería una buena parte de recaudación, algo imperdonable con los niveles de déficit y de deuda pública en relación al PIB que España va a padecer durante la próxima década. Y, por supuesto, por motivos de equidad, o lo que es lo mismo, el reparto justo y proporcional del esfuerzo de todos los ciudadanos y empresas.

Mimbres del nuevo sistema

Pero más allá de pedir a los políticos que se pongan a trabajar en un pacto fiscal, Fedea aporta las grandes líneas de lo que debería ser la nueva fiscalidad de la próxima década en España. Como principio general, el modelo debe asegurar que las cargas públicas se reparten de una manera equitativa, «en función de la capacidad económica de cada uno, sin privilegios ni discriminaciones, con un grado consensuado de progresividad y con un diseño que genere las menores distorsiones posibles a las decisiones de los agentes económicos».

Si esta es la estrategia para el nuevo modelo, la táctica se concentra en ampliar las bases tributarias, o lo que es lo mismo, aumentar el nivel de contribuyentes y ajustar sus tributaciones a sus realidades económicas. Para ello, Fedea propone a grandes rasgos reducir, tanto como sea posible, los beneficios fiscales y eliminando los regímenes especiales de tributación. La eliminación de algunos de estos beneficios fiscales podría generar un volumen importante de ingresos, así como contribuir a reducir las distorsiones generadas por ciertos impuestos.

Aunque Fedea va más allá de las grandes medidas horizontales y baja al detalle de la reforma de algunos aspectos, en su opinión, imprescindibles en las principales figuras impositiva, con mayor incidencia en el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, donde habría que aumentar las bases de tributación. En el caso del IRPF, plantean la eliminación del actual régimen de estimación objetiva de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF (los llamados módulos) de autónomos y micropymes.

En el IVA, en paralelo con la anterior, proponen eliminar el régimen simplificado del IVA también para este tipo de contribuyentes. Entiende en ambos casos que el nivel de informatización actual, no se justifica la simplificación que estos regímenes ofrecen a algunos contribuyentes. El informe lo justifica en «la existencia de niveles elevados de fraude, la violación del principio de equidad horizontal y la introducción de distorsiones que desincentivan el crecimiento de las empresas» que perderían estos beneficios fiscales al saltar de tamaño.

En el IVA recomiendan recortar la amplia lista de bienes y servicios gravados con tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) de IVA, con un elevado coste recaudatorio y muy discutibles beneficios en términos de equidad. Onrubia señala que aunque el tipo máximo del 21% está en la parte alta de la UE, España es el país con un menor porcentaje de bienes y servicios gravados con este tipo máximo.

En Sociedades, Fedea solicita cambios que lo aproxime a la neutralidad, reduciendo las distorsiones que generan los actuales beneficios fiscales. Piden también una mejor integración con el IRPF y asegurar un reparto equitativo de su recaudación entre países en el caso de las empresas multinacionales. Igualmente necesaria es una reforma de la tributación del capital que contemple conjuntamente su gravamen en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio para asegurar neutralidad entre activos, evitar que pueda ser confiscatoria y equipararla a los países de la UE. Sobre la fiscalidad verde, Onrubia solicita una ley marco que ponga orden en las figuras dispersas que existen actualmente en los ámbitos fiscales autonómico y local.