El sector anuncia un aluvión de demandas. La patronal cree que se han adoptado medidas que no están suficientemente justificadas. Más de 50.000 locales se han visto obligados a cerrar.

La hostelería española está en pie de guerra. Miles de propietarios de bares y restaurantes de todo el país están preparando un aluvión de demandas contra el Estado para exigir una indemnización por la caída de las ventas de sus negocios y la quiebra de muchos de ellos a raíz de las restricciones impuestas a causa de la pandemia. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, explica «el importe total de las reclamaciones podría superar los 40.000 millones de euros». La patronal va a canalizar las acciones legales y ofrecer la asesoría jurídica, aunque al final tengan que ser cada una de las empresas las que presente una reclamación a título individual.

«Hay ya más de 50.000 establecimientos cerrados y, según nuestros cálculos a final de año serán al menos 85.000 los que hayan ido a la quiebra. Es una escabechina y lo que no entendemos es que se nos responsabilice de todo. No puede ser que el transporte vaya lleno o que los colegios se llenen de niños y se sigan imponiendo restricciones a los hosteleros», asegura el presidente de la patronal.

La organización Hostelería de España, que reúne a 300.000 establecimientos, ha convocado para este miércoles en Madrid un acto de protesta, limitado a causa del coronavirus a 3.000 personas, en la Plaza de Cibeles. El sector, que da trabajo a 1,7 millones de personas, con un volumen de ventas de 123.612 millones de euros -aporta el 6,2% del PIB- pide que se atiendan sus reclamaciones y que haya un plan urgente de rescate. Todo ello ante una situación que no dudan de calificar ya de «catastrófica» y que supondrá este año una caída de los ingresos superior al 50%.

Medidas

En el acto, convocado bajo el eslogan Salvemos la hostelería, se pedirán medidas de apoyo al empleo y a la estructura empresarial sectorial, además de propuestas para estimular la demanda, además de denunciar «el fracaso e incumplimiento de la campaña de apoyo a las pymes de la hostelería y el ocio por parte del Ayuntamiento de Madrid».

Tanto la patronal nacional como las organizaciones regionales han presentado ya recursos contra las nuevas restricciones aprobadas por las comunidades autónomas, pero el problema de los hosteleros es que, aunque inicialmente un juez de Madrid decretó que no se podían establecer medidas de este tipo por parte del Gobierno regional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio finalmente la razón al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, por lo que parece complicado que vaya a haber ahora una marcha atrás en el resto del país.

Fuente: ElEconomista.es