Los impuestos verdes tienen en muchos casos recaudaciones casi testimoniales. La AIReF y Bruselas piden que se ordenen desgravaciones y tipos reducidos. Los expertos reclaman al Ejecutivo que base la reforma en el esfuerzo fiscal y no en la presión.

El Gobierno prepara una subida general de impuestos a pesar de los fondos de ayuda de la Unión Europea. Las mayores reformas previstas por el Ejecutivo afectarán a la subida de los tipos en IRPF para las rentas del trabajo más altas, fundamentalmente, actividades económicas y de capital inmobiliario.

Se crearán dos tramos nuevos en la parte estatal de la escala general del IRPF con tipos incrementados. A partir de 130.000 euros, se aumenta en un 2% y a partir de 300.000 euros, se incrementa en un 4%.

Además, habrá que tener en cuenta que en el tramo autonómico también puede haber subidas en algunas comunidades, lo que podría llevar a algunas de ellas a tener tipos en sus tarifas de hasta un 53%.

Otro objetivo serán las rentas del ahorro, si se aplica el programa acordado por el PSOE y Unidas Podemos se creará un nuevo tramo a partir de 140.000 euros al que se aplicará un 27% de tipo de gravamen (incremento de cuatro puntos en total). En el Impuesto sobre Sociedades, ya en la actual legislatura, se pretendió introducir un límite mínimo del impuesto del 15% de la base imponible positiva para las empresas que facturen más de 20 millones de euros o para aquellas que consoliden fiscalmente. En este caso no afectará a las empresas que presenten pérdidas.

Incoherencias recaudatorias

La exención por la percepción de dividendos percibidos de una sociedad en la que se posee más del 5% de su capital se reducirá. En Patrimonio también se estudia la reducción de la base exenta.

Esta medida, sin embargo, crea reticencias en el Gobierno, porque el 57% del beneficio del tipo superreducido del 4% (3.041 millones) se concentra en rentas brutas superiores a 34.331 euros anuales, un porcentaje que llega al 62% para los bienes gravados con un IVA reducido del 10% (7.768 millones)

Tanto la AIReF como la Comisión Europea han destacado que esta tributación es una de los principales incoherencias de la tributación, puesto que el 57% del beneficio del tipo superreducido del 4% (3.041 millones) se concentra en rentas brutas superiores a 34.331 euros anuales, un porcentaje que llega al 62% para los bienes gravados con un IVA reducido del 10% (7.768 millones).

También en los impuestos verdes y especiales hay incoherencias, puesto que muchos de los tributos tan solo logran alcanzar una recaudación testimonial.

Unos 80.000 euros

El Gobierno prevé elevar en los próximos meses la recaudación tributaria en el entorno de 80.000 millones de euros (según ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) con esta subida generalizada de impuestos para hacer encarar la devolución de los 68.300 millones de euros de créditos provenientes de la UE y seguir haciendo frente a la Deuda Pública, cercana a 1,3 billones de euros.

La Agencia Tributaria recaudó 212.808 millones de euros en 2019, un 2% más que en 2018, lo que a todas luces resulta insuficiente para el nivel de gasto que el Gobierno de Sánchez pretende mantener.

El propio Sánchez ha cifrado que el objetivo es reducir en siete puntos la presión fiscal que separa a España del resto de la UE. Sin embargo, una buena parte de los economistas discrepan de esta estimación, al considerar que este dato es engañoso y que el esfuerzo fiscal en España es bastante más elevado de lo que afirma Sánchez.

Un reciente informe de Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorro) mantiene que de todas las formas posibles de medir la carga impositiva, la más conocida es la presión fiscal, definida como la ratio entre recaudación y producto interior bruto (PIB), pero «es un índice de presión fiscal impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar prescripciones de política fiscal».

Entre sus limitaciones mencionar que solo informa, y de manera imperfecta, del nivel de imposición, pero nada dice de la composición del sistema fiscal que genera esa recaudación ni de cómo se distribuye la carga fiscal entre los contribuyentes. Asimismo, tampoco tiene en cuenta el esfuerzo que requiere la generación del PIB.

Una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos. Por ejemplo, si se aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la mitad (24.000 euros). Es decir, presión fiscal y esfuerzo fiscal son dos conceptos diferentes. Por eso, si las desigualdades económicas entre países preocupan, el índice de presión fiscal como indicador impositivo es muy deficiente.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), por su parte, prevé que podrían perderse dos millones de empleos si se realiza una subida de impuestos generalizada. Además, prevé que el PIB podría desplomarse entre el 17 y el 20% en el segundo trimestre del año con respecto al primero, por lo que recomienda no subir los impuestos para no dañar el crecimiento económico.

Fuente: ElEconomista.es