La AIReF pone la lupa en 6.000 millones en beneficios tributarios. Reclama a la Administración que afine el diseño de los incentivos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado un mensaje claro a la Administración en su informe sobre evaluación del gasto público donde advierte de la existencia de pozos de ineficacia en torno a exenciones, bonificaciones y desgravaciones tributarias, al menos por valor de 6.000 millones de euros. Es decir, según el organismo auditor un 20% de los incentivos fiscales que otorga el Estado y que han sido analizados en la presentación segunda fase del Spending Review.

El informe, más allá de las cifras agregadas, dibuja un cuadro de actuación para el Ministerio de Hacienda sobre ciertos elementos concretos. La AIReF analiza en esta entrega el 60% de los incentivos existentes en España por valor de 35.000 millones de euros, de los que al menos 5.999 millones no queda claro su utilidad, de los que 1.645 millones correspondientes a las exenciones en las aportaciones a planes de pensiones resultan directamente inútiles y se reclama una reformulación completar para tratar de extender el beneficio entre la población.

De hecho este es el primero de los 13 incentivos analizados que la AIReF califica claramente como ineficiente al no lograr el objetivo para el que fue establecido de generar ahorro finalista para la jubilación, sino que el análisis arroja una intensidad del uso de estos planes de pensiones en el tramo más alto de la renta y que estos además lo utilizan como un refugio fiscal al no superar en la mayoría de casos las aportaciones el nivel de 8.000 euros, límite hasta el que estas se benefician de ventajas en la declaración del IRPF. «De la evaluación se desprende que el incentivo fiscal puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal», apunta la AIReF.

En segundo, y ya en el plano de la inconcreción a cerca de la efectividad de los incentivos, la AIReF sitúa como no concluyente la existencia de exenciones del IVA para los servicios de sanidad y educación, con un coste de 3.457 millones de euros. Así, con el objetivo de Reducir los precios para facilitar el acceso a educación y sanidad, y descongestionar el sistema público, el estudio asegura que de levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público.

Impacto del impuesto de Sociedades

En este mismo plano se encuentran las deducciones por donativos en el impuesto de sociedades con un escueto coste fiscal de 107 millones de euros pero que según la AIReF no es claro que incentive la financiación del tercer sector ya que no se identifica relación de causalidad directa entre el beneficio fiscal y el avance reciente de las donaciones si bien el análisis a través de encuestas a nivel europeo pone de manifiesto que el incentivo fiscal es uno de los cinco factores principales que influyen positivamente en la decisión de realizar donaciones.

Por último están los tipos reducidos en el impuesto de sociedadaes para sicavs y socimis con tipos impositivos reducidos del 1% y 0% respectivamente en el impuesto sobre Sociedades. Con un coste aproximado para la recaudación de 323 millones de euros, que pretende fomentar la inversión colectiva y diversificada y fomentar la inversión inmobiliaria, el resultado es no concluyente aunque en las sicavs, a pesar de los requisitos reforzados existentes en la normativa española (contar con un número mínimo de cien accionistas), se detecta una elevada concentración de la inversión en manos de un número limitado de accionistas que hace dudar de la naturaleza colectiva de la inversión.