El pasado martes 14 de julio de 2020, el Consejo de Ministros daba luz verde al Ministerio de Hacienda para que iniciase la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, que serían, en caso de su futura aprobación, los primeros Presupuestos Generales del Estado en años, tras las diversas prórrogas sufridas por los aprobados por el anterior Ministro de Hacienda.

Sin duda alguna, estos presupuestos se han visto fuertemente afectados por el Covid-19 cuyo impacto macroeconómico ha sido letal, disminuyendo nuestro PIB según el Banco de España entre un 9% y un 11,6%, así como disparando nuestra deuda pública -que según el FMI alcanzará el 113,4% de nuestro PIB este año- y aumentando el déficit al 9,5%.

Estas previsiones macroeconómicas, junto con el aumento del gasto público que deberán afrontar nuestras arcas, obligan al Gobierno a replantearse la situación inicial de la legislatura, en la que se preveía una recaudación mucho más favorable y acompasada por un fuerte crecimiento de la economía española.

A día de hoy, cualquier planteamiento basado en esa idea carece totalmente de validez y, por otro lado, la economía española debe afrontar una nueva etapa en la que el papel de la Unión Europea y el BCE va a ser verdaderamente relevante como se ha podido ver esta semana a lo largo del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

En la situación actual, el Gobierno se encuentra frente una disyuntiva y es la de cómo hacer frente a un desmesurado aumento del gasto público con -por otro lado- una merma sustancial de sus ingresos como consecuencia de la disminución del consumo, el cierre de multitud de empresas y el aumento del paro.

Pues bien, en esto no hay acuerdo: mientras unos defienden una subida de impuestos mediante el aumento de bases imponibles, tipos impositivos y eliminación de deducciones, otras muchas son las opiniones que hay en contra. Sin embargo, y siendo imparciales, no deja de ser un ejercicio de realismo que serán necesarios nuevos recursos para hacer frente a esta crisis económica.

Desde un punto de vista puramente técnico es necesario ahondar en reformas significativas e integrales que doten a nuestro país de un sistema tributario eficiente y justo.

En este sentido, es necesario un pacto de Estado por la fiscalidad que asegure una normativa estable en materia tributaria. De este modo, se eliminaría de un plumazo la incertidumbre que tanto daño hace a nuestra economía y que aleja la inversión internacional ante la falta de estabilidad legislativa en este sentido, permitiendo esa eventual reforma fiscal medidas de futuro que atraigan inversiones extranjeras, grandes patrimonios y garantice que el talento local no migre más allá de nuestras fronteras.

Pues bien, ese acuerdo debe contar con la totalidad de los interlocutores sociales y económicos, permitiendo una profunda reflexión de los mismos que permita un marco estable de seguridad jurídica y certidumbre.

El desarrollo de ese pacto de Estado por la fiscalidad debe asegurar que el mayor agujero de nuestro sistema tributario, que no es otro que el fraude fiscal por un lado, y la economía sumergida por otro, se reduzca sustancialmente.

Fedea, en un interesante estudio cifra el fraude fiscal entre un 3,5% y un 4% del PIB, lo que supone aproximadamente a las arcas públicas 40.000 millones de euros anuales; luchar contra estas prácticas permitiría un fuerte aumento de la recaudación.

Asimismo, la lucha contra la economía sumergida que según Gestha representa entre un 15% y un 25 % del PIB permitiría una recaudación muy superior a la actual sin necesidad de aumentar los tipos impositivos a todos aquellos que ya a día de hoy cumplen con el mandato constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Por otro lado, se debe profundizar en la agilización de procesos previos a operaciones y pleitos con la Administración Tributaria, ahondado en mecanismos que prevengan los desencuentros al estilo de Reino Unido. Finalizaría así la compleja situación de inseguridad jurídica que sufren multitud de compañías previamente a la realización de operaciones con verdadera importancia económica, o la larga espera con una media de tres a cuatro años para la resolución de un conflicto con la Administración Tributaria.

Por último y no menos importante, es necesaria una reforma fiscal integral de las figuras impositivas de nuestro país, puesto que, a modo de ejemplo, la Ley del segundo impuesto que más recauda – el IVA- data de 1992 mostrando muchas veces una técnica legislativa desfasada con las nuevas realidades económicas y que constriñe el avance en la implantación de nuevas actividades económicas en nuestro país que generarían riqueza, siendo deseable un mayor avance y adaptación de nuestra normativa al entorno europeo y globalizado en que nos encontramos.

A la espera de lo que siga sucediendo en Europa, en estos Presupuestos nuestros poderes ejecutivo y legislativo tienen la oportunidad de abandonar la técnica legislativa tradicional consistente en el parcheo de la legislación tributaria que, como se ha podido observar a lo largo de estos años, no ha mejorado la recaudación ni la eficiencia de nuestro sistema fiscal, y abordar precedido de una profunda reflexión una reforma integral de nuestro sistema tributario que mejore la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, dote de seguridad jurídica a sus contribuyentes, y consiga una adaptación a las nuevas realidades económicas contribuyendo a un sistema fiscal más justo y eficiente que permita el necesario impulso que nuestro tejido económico necesita.

Fuente: Expansión.com