El Ministerio de Hacienda ha planteado a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que los ayuntamientos financien al Estado con el dinero de su superávit que están obligados a guardar por ley. En concreto, Hacienda quiere los 14.000 millones de euros de los ayuntamientos con superávit se presten a Madrid. Hacienda propone que se devuelvan como ingresos no financieros.
De este modo, y tal y como se recoge en una información publicada ayer por algunos medios, Hacienda pretende que las entidades locales presten sus ahorros a las arcas públicas para luego devolver mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros. El resto se lo quedaría Hacienda y se lo reintegraría en un plazo de diez años.
La información desató ayer las críticas de los consistorios. «Después de haber hablado con el vicesecretario de Política Territorial de mi partido, Antonio González Terol, y con diversos alcaldes populares, tildamos esta pseudo propuesta como una tomadura de pelo, una chapuza y un chantaje intolerante a los ayuntamientos», subrayó a Europa Press el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
El propio presidente de la Femp, el socialista Abel Caballero, explicó ayer que las negociaciones con Montero «están avanzadas» e incluso deslizó la idea de reunir a la Junta de Gobierno de la Federación hoy mismo. No obstante, no confirmó este documento y se limitó a las negociaciones abiertas con la ministra de Hacienda, del mismo modo que se expresan algunas voces en la federación municipalista.
«Los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares de Islas Baleares realizarán aportaciones con carácter voluntario, que tendrán carácter de préstamo a favor de la Administración General del Estado (AGE)», señala el primer punto, según las informaciones de los medios. Esta fórmula permitiría a los ayuntamientos gastar sus ahorros conforme a las normas y sin incurrir en las restricciones del déficit que impone la Unión Europea.
El planteamiento que realiza el Ministerio de Hacienda va encaminado a que los municipios gasten ese superávit en cuestiones que tengan que ver con agenda urbana, como la vivienda, los carriles bici, y con los cuidados y la cultura.
Por su parte, El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns rechazó por «insuficiente» la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda y anunció que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reúna con la Femp para debatirla. Según este grupo de la Femp, la propuesta «no soluciona los problemas de financiación que arrastran los ayuntamientos desde hace ya demasiado tiempo», puesto que es necesario «que los ayuntamientos dispongamos de todo el superávit, al tiempo que se aporten soluciones para aquellos municipios que no cuentan con él».
La normativa impide a los consistorios invertir el remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias tras el superávit en sus cuentas, según la norma de estabilidad de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011. Sin embargo, el Gobierno ha hecho varias excepciones sobre el gasto de estos depósitos ante las consecuencias de la pandemia.
Fuente: ElEconomista.es