La Comisión Europea podría plantearse caminos nunca antes explorados para intentar atacar el ‘dumping fiscal’ dentro de la Unión Europea.

Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, tiene unas elecciones a la vista. Y entre los holandeses no es fácil vender electoralmente la ayuda al sur si no conlleva duras condiciones. Por eso, el político liberal se ha convertido en el ‘enfant terrible’ de la UE, opuesto al fondo de recuperación. En ese proceso, ha cometido el error de atraer demasiados focos. Y todo el mundo sabe cuál es el talón de Aquiles de La Haya.

Dentro de la UE, un grupo de países tienen una fiscalidad que provoca ‘dumping fiscal’: grandes empresas desvían sus beneficios hasta alguno de estos Estados miembros donde pagan muchos menos impuestos, dañando los ingresos de otras capitales. No está solo Países Bajos: Luxemburgo o Irlanda son otros dos países que se encuentran en ese grupo. La Comisión Europea les ha avisado en varias ocasiones de que sabe lo que están haciendo. En el último informe sobre la economía holandesa, los técnicos comunitarios alertaron de que “la evidencia sugiere que las empresas que se dedican a una planificación fiscal agresiva utilizan las normas fiscales de Países Bajos”.

Los informes no dejan bien a La Haya, pero tampoco a otras capitales europeas. “Según un documento reciente del FMI, los Países Bajos son el segundo mayor receptor de inversiones extranjeras directas realizadas a través de entidades de propósito especial en todo el mundo después de Luxemburgo”. Y es también, junto con su socio del Benelux, uno de los países con más ‘empresas buzón’ del mundo: oficinas sin empleados que sirven para canalizar ingresos vía ese Estado miembro y pagar menos impuestos.

La opinión pública de los países sureños mira cada vez más a los esquemas fiscales de estos países. El ambiente tenso, en parte alimentado por el estilo directo y seco de algunos políticos holandeses, ha llevado a que desde el sur se apunte de manera cada vez más insistente hacia este problema, que ni mucho menos es nuevo. Sin embargo, con una agenda europea más polarizada, sí que hay la sensación de que el grupo de Estados miembros ahora situados en el sector a favor de un plan de recuperación ambicioso está más dispuesto a sacar y desempolvar este asunto.

El problema es cómo cambiar la actitud de los sospechosos habituales. La Comisión Europea lleva ya años apretándoles las tuercas y busca las distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, el departamento que ha dirigido Margrethe Vestager desde 2014 ha impuesto multas a multinacionales que se han estado beneficiando de acuerdos fiscales ilegales por parte de los Estados miembros. Por ejemplo, obligó a Apple a devolver 13.000 millones de euros a las arcas de la República de Irlanda por haberse beneficiado de una ayuda de Estado ilegal.

Esta cacería de los servicios del Ejecutivo comunitario contra grandes multinacionales y los acuerdos fiscales ilegales, al ser selectivos, que tejían con Países Bajos, Luxemburgo o la propia Irlanda y con la que desviaban el pago de impuestos del resto de países europeos en los que lograban sus beneficios, ha sido la manera que ha tenido la Comisión Europea de presionar a las capitales y obligarles a hacer cambios. Pero ahora los técnicos europeos piensan en la posibilidad de ir un poco más allá.

Una nueva posibilidad

La idea, según explicaban fuentes al periódico británico ‘Financial Times’ esta semana, consistiría en utilizar el artículo 116 de los tratados para poner en marcha una nueva norma. Esta cláusula, no utilizada hasta ahora, señala que “en caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados”.

Si esas consultas “no permiten llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los tratados”.

En otras palabras: la Comisión Europea podría iniciar una directiva que buscaría acabar o limitar el ‘dumping fiscal’ dentro de la Unión Europea utilizando el artículo 116, que, por lo tanto, se pondría en marcha por procedimiento legislativo ordinario, es decir, los Estados miembros afectados no podrían vetar la norma, que se tendría que aprobar con una mayoría cualificada: es decir, sumar a 15 países del total de los 27 con una población superior al 65% de toda la UE.

Con este artículo, los esquemas fiscales agresivos de algunos Estados miembros podrían considerarse ‘distorsiones’ del mercado único que el Ejecutivo comunitario podría pedir que se corrigieran. De no hacerse, el asunto podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La propuesta generaría una enorme tensión con el grupo de países a los que esta medida podría afectar y sería un paso sin precedentes por parte de la Comisión Europea que varias voces del Parlamento Europeo se han apresurado a aplaudir.

El plan, según las informaciones del periódico británico, se encuentra en un estado embrionario. El camino para este tipo de ideas suele ser lento e implica un trabajo intenso que afecta a distintas alas de la Comisión Europea, además de a los servicios jurídicos. Así que la pregunta que muchos se han hecho en la capital comunitaria es, ¿por qué ahora?

Filtraciones y presiones

Estas informaciones llegan la misma semana en que se celebra la cumbre europea en que los líderes deberán intentar ponerse de acuerdo sobre el fondo. Muchos han visto en la filtración al periódico británico un intento por parte del Ejecutivo comunitario de aumentar la presión sobre Países Bajos y otros Estados miembros que puedan oponerse al plan. Una visión del futuro que les podría esperar si, con una oposición frontal, alimentan la división, allanando el camino a que algunos países estén dispuestos a tomar una actitud más ofensiva aunque eso conlleve un choque de trenes en asuntos como el fiscal. La posible presentación del plan estará todavía demasiado alejada, así que eso ha alimentado la idea de que la filtración buscaba azuzar a La Haya, que lidera la oposición al fondo.

En cualquier caso, la medida llega en un momento en que el asunto está comenzando a estar presente en la agenda europea. De hecho, el Parlamento Europeo estrenará una subcomisión parlamentaria que tendrá, entre otros, el objetivo de arrojar luz sobre los esquemas fiscales de algunos Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión presenta este mismo miércoles novedades sobre su lucha contra la evasión fiscal en que pedirá un aumento de la transparencia y la comunicación entre Estados miembros.

La UE está también embarcada en un debate sobre la necesidad de establecer una tasa europea para los gigantes digitales, una idea que quedó bloqueada en parte por algunos de los países que podrían verse afectados de forma negativa por este nuevo giro de la agenda comunitaria. Tras la decisión de EEUU de levantarse de la mesa de negociación de la OCDE, Bruselas considera la posibilidad de poner sobre la mesa una nueva propuesta para un impuesto a nivel europeo. También está en el ambiente la necesidad de crear nuevos impuestos europeos para dotar de ingresos propios al presupuesto de la Unión, especialmente ahora que se plantea la puesta en marcha del fondo para la reactivación económica tras el covid-19.

Fuente: ElConfidencial.com