Solo operarán si el fisco las solicita y el contribuyente las acepta. La pandemia ha acelerado su lanzamiento pero proseguirán a su fin.

Las severas restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia del coronavirus han llevado a la Agencia Tributaria a acelerar el lanzamiento de una medida sin precedentes: la habilitación de las inspecciones fiscales por videoconferencia. Una iniciativa, incluida discretamente en el Real Decreto-Ley 22/2020, el que fijaba las reglas de reparto del fondo autonómico de 16.000 millones no reembolsables, que entró en vigor la pasada semana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su puesta en marcha, mencionada en el plan estratégico de la Agencia para este año, ha sido agilizada para responder a las vicisitudes del Covid-19 pero, avanzan fuentes oficiales, las inspecciones telemáticas se mantendrán ya como herramienta estructural al término de la emergencia sanitaria.

Para introducir esta posibilidad, el Ministerio de Hacienda impulsó la modificación de dos artículos de la Ley General Tributaria para establecer que los procedimientos tributarios, hasta ahora restringidos al ámbito presencial, “podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal” siempre y cuando “garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad”. La nueva norma aclara, eso sí, que el mecanismo solo podrá utilizarse a petición de la Administración Tributaria y a condición de que el contribuyente acepte su uso así como la hora y fecha en que se hará la videollamada.

“Por lo general, la práctica de las actuaciones inspectoras se suele llevar a cabo bien en las oficinas de la Inspección, bien en el domicilio fiscal del obligado tributario” o “más excepcionalmente, en el lugar donde pudiera existir alguna prueba o donde se realicen las actividades sujetas a tributación”, explica Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, que considera una ventaja “el previsible ahorro de tiempo, desplazamientos innecesarios”, y costes de un sistema que aporta además “flexibilidad en las citas”.

Desde la Agencia Tributaria avanzan que la herramienta no tardará en estrenarse, previsiblemente “en un número limitado de casos, para evitar desplazamientos largos” al inicio, pero asumiendo que “en poco tiempo podría convertirse en un sistema de trabajo” relativamente usual cuando el inspector y el contribuyente estén en municipios diferentes.

El fisco explica que estas “visitas virtuales tienen la misma validez jurídica que una reunión presencial”, permitirán a ambas partes intercambiar documentación, e incluyen la posibilidad de firmar electrónicamente la diligencia e intercambiar registros u otros documentos. La videoconferencia será dirigida por el inspector, que podrá compartir la pantalla de su escritorio para mostrar al compareciente documentos o permitirle leer la redacción de la diligencia en directo.

Más allá de su uso en inspecciones fiscales, la Agencia Tributaria anticipa que las videoconferencias servirán también para realizar comprobaciones tributarias de otro tipo. La herramienta puede ser particularmente útil en caso de que un rebrote del virus obligue a imponer de nuevo confinamientos selectivos o generalizados pero, en cualquier caso, llega para quedarse.