Las compañías abogan por la seguridad jurídica en la cumbre de la CEOE.

La sesión de ayer de la cumbre empresarial de la CEOE reunió a las principales empresas y patronales de los sectores de infraestructuras, construcción y servicios. Los mensajes que quedaron encima de la mesa fueron muy claros. Como el de la reducción temporal de impuestos que propuso el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, además de decir que «necesitamos con urgencia un plan de reactivación basado en la creación de empleo estable».

En parecidos términos se expresó Manuel Manrique, presidente de Sacyr, que teme que se produzca un «ajuste fiscal fuerte». Ambos destacaron que la colaboración público-privada será fundamental para el sector de las infraestructuras. Añadió que «hay que hacer atractiva la inversión extranjera porque en el mundo hay inmensas cantidades de liquidez que buscan proyectos sostenibles». Por ello, hay que «dar seguridad jurídica, certidumbre y una rentabilidad razonable». Los objetivos serían, según Manrique, fomentar la iniciativa privada, liderar el cambio climático y atraer la inversión extranjera».

Las mayores críticas al Gobierno vinieron de la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, que dijo, sobre el modelo de ingreso mínimo vital aprobado recientemente, que «hay que compatibilizar las ayudas a los más desfavorecidos con estímulos para encontrar trabajo». También afirmó que muchas empresas del sector de los servicios «no pueden asumir las subidas del año pasado y de este del salario mínimo (SMI)» y que «no es el momento de incrementos fiscales, tanto en el ámbito personal como empresarial».

La presidenta de Eulen había comenzado su intervención afirmando que «hay que perder el miedo, pero con respeto». Tras recordar que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto otra vez la desconfianza en los empresarios, animó a todos a «salir del atasco actual». Para ello, pidió que la Administración Pública no retrase los pagos a los proveedores, así como «estabilidad normativa» frente a la «inseguridad jurídica que vivimos».

El presidente de Randstad, Rodrigo Martín, abogó en su intervención por prorrogar los ERTE «no fijando fechas, sino según vayan recuperando la actividad las empresas». Criticó los incrementos de los costes laborales en estos momentos de crisis y pidió más herramientas de flexibilidad en las compañías «para que los ERTE no deriven en ERE».

La economía «se ha gripado»

El presidente de Adecco España, Enrique Sánchez, manifestó que «la prosperidad empresarial implicará una prosperidad en el empleo; lo demás que se diga son tonterías». Tras subrayar que el motor de la economía española «se ha gripado» y está en «off», ha propuesto para volver al «on» que no se toque la fiscalidad en momentos de recesión, «incluso reducir la carga fiscal a empresas y trabajadores». También, aflorar la economía sumergida y pidió que los ajustes «sean de todos, no solo del sector privado».

Enrique Sánchez consideró que hay incertidumbre jurídica y que no es el momento de reformar el mercado de trabajo. Cree que hay que acelerar las medidas de recuperación en España, «como acaba de hacer Italia», y consideró que hay que adoptar medidas para reducir las tasas de desempleo, temporalidad y de jóvenes sin trabajo, y sobre la formación profesional.

El presidente de Food Services España, Antonio Llorens, también solicitó la prórroga de los ERTE «no solo hasta final de año, sino hasta que el sector de la restauración alcance su plena normalidad». Subrayó que la facturación del mismo ha caído entre un 30% y un 80% y alcanza los 1.500 millones de euros este año.

Juan Lazcano, presidente de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) recordó que «en la anterior crisis, nuestras empresas pudieron salir al exterior, algo que ahora no pueden hacer». Consideró adecuadas, «pero insuficientes», las ayudas del ICO y los ERTE. Entre las medidas para la recuperación, apuntó la rehabilitación de edificios, que en cuatro años podría generar más de 800.000 puestos de trabajo. También pidió una reducción del IVA, del IBI y desgravaciones fiscales.

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, defendió el régimen de las socimi. Recordó que estas sociedades atrajeron inversión extranjera en los peores momentos de nuestra economía y que «modificar ahora las reglas perjudicaría nuestro prestigio». Asimismo, reclamó mayor flexibilidad horaria para los centros comerciales «para que puedan competir en igualdad de condiciones con el comercio online».

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), solicitó «un compromiso de aval del Estado» para que los bancos hagan préstamos hipotecarios por el 95% del valor de la vivienda, en vez de por el 75% actual».Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, anunció rebajas en las tarifas de aterrizaje para fomentar los vuelos.

Fuente: Abc.es