Gravar el carbono aportaría el grueso y la cuota digital solo 1.300 millones.

Junto al fondo de reconstrucción propuesto para levantar a Europa tras el revés de la crisis sanitaria y económica, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implantar varios impuestos que recauden al año más de 42.000 millones de euros y que financien parte de la recuperación. Bruselas, que quiere empezar a devolver a partir de 2027 el principal y los intereses de la deuda que emitirá para financiar las ayudas, plantea una ampliación de las tasas de emisiones de carbono, una tasa al carbono en frontera, un impuesto a las grandes empresas que operan en la UE, una contribución sobre el plástico no reciclable y, por último, un impuesto digital, conocido como tasa Google.

Este último tributo vuelve a estar estos días en el punto de mira después de que Estados Unidos haya anunciado que estudiará aranceles para España, otros ocho países y la propia UE si sus intereses comerciales se ven truncados.

Por ahora Bruselas va con calma. Aún no han comenzado los contactos oficiales para poner en marcha el fondo de reconstrucción –de hasta 750.000 millones de euros– y “la arquitectura final de la propuesta de la Comisión dependerá del resultado de las negociaciones”, detallan desde el Ejecutivo comunitario. Fuentes de la Comisión aseguran además que Bruselas espera a día de hoy un acuerdo en materia de tributos digitales en la OCDE, por lo que la implementación de una tasa Google comunitaria “no corre prisa por ahora y puede esperar”. A esto se le añade la previsible oposición de socios como Irlanda, Suecia o Países Bajos, contrarios a estos gravámenes.

El borrador de la Comisión en el que lanza estas ideas propone la aplicación de un tipo impositivo del 3% a las empresas digitales con una facturación de 750 millones de euros o más. Esta tasa aportaría unos 1.300 millones de euros al año en toda la Unión, si bien esta es una “estimación a la baja”, que contrasta con las previsiones realizadas por los distintos países en sus tributos digitales nacionales. En todos los casos, el planteamiento de partida es gravar al 3% la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios, cobrando la tasa a compañías con una facturación mundial de al menos 750 millones de euros.

La principal diferencia radica en el requisito añadido de que esas empresas tengan una cifra de negocio nacional que España fija en tres millones, Francia en 25 y la UE viene estableciendo en 50 millones en todo el territorio. Bajo esta premisa, el Gobierno de Pedro Sánchez calculó inicialmente que podría recaudar unos 1.200 millones de euros anuales, cifra que recortó a 968 millones ante la ralentización económica de España antes de la crisis del Covid-19. Francia, por su parte, esperaba ingresar 600 millones al año. Reino Unido, cuya propuesta se separa de las anteriores al establecer un tipo impositivo del 2% y centrarlo en firmas con al menos 25 millones de libras de facturación en el país y 500 en el mundo, partía de una estimación más cercana a los 400 millones anuales.

Solo la suma de las previsiones de España y Francia supera a las del Ejecutivo comunitario. No obstante, las estimaciones de la Comisión se han hecho en base a una evaluación de impacto de la tasa sobre servicios digitales realizada en 2018, por lo que las cifras podrían variar sustancialmente en el caso de que Bruselas concrete unas ideas que por ahora solo forman parte de un borrador. En todo caso, cualquier medida debería ser validada por los socios y la Eurocámara para salir adelante.

Grandes empresas

Junto a la tasa Google, Bruselas plantea un impuesto a las grandes empresas que operan en la UE y “se benefician de las características del mercado único”, que podría generar otros 10.000 millones al año. En función del diseño, explican portavoces de la Comisión, “ya se trate de un pago único o un pago proporcional en función del tamaño de la empresa o de una tasa proporcional sobre sus beneficios, se podrían obtener sin necesidad de imponer una carga importante en las empresas en torno a 10.000 millones de euros”. En términos prácticos, esta cifra no llega al “0,2% del beneficio generado en las operaciones de la UE por estas compañías”.

Con todo, esta cantidad es una estimación preliminar calculada haciendo una media entre estructura, tasas y diferentes categorías de compañías. Además, si hay acuerdo político en su establecimiento, “este recurso propio solo empezará a funcionar cuando la crisis haya pasado”.

Otra de las nuevas palancas que contempla el organismo dirigido por Ursula von der Leyen es una posible ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones al sector marítimo y de la aviación, dirigiendo parte de los excedentes que se obtendrían al fondo de reconstrucción. Los ingresos, estima Bruselas, podrían sumar otros 10.000 millones al año.

A su vez, la Comisión trabaja en un “mecanismo de ajuste de carbono en frontera”, destinado a compensar la desventaja que sufren los productores europeos por las importaciones desde países con menos estándares ambientales. Este añadiría hasta 14.000 millones a las arcas comunitarias, a los que habría que sumar otros 7.000 millones procedentes de una tasa que gravaría en 0,8 euros el kilo de plástico no reciclado. Este último impuesto, no obstante, tendrían que abonarlo los propios socios.

Fuente: Cincodías.com