La Comisión Europea (CE) recomendó este miércoles a España que tome «todas las medidas necesarias» para apoyar la economía y la recuperación posterior a la pandemia en 2020 y 2021, incluidas acciones para proteger el empleo, garantizar liquidez a pymes y autónomos y movilizar inversión pública y privada.

Así se recoge en las recomendaciones de política económica emitidas por el Ejecutivo comunitario, que este año se centran en dar orientaciones sobre cómo actuar para paliar el impacto sin precedentes de la pandemia y no en sancionar el incumplimiento de los objetivos fiscales, como es habitual.

Bruselas recomienda a España «tomar todas las medidas necesarias para abordar efectivamente la pandemia, apoyar la economía y la recuperación posterior» en 2020 y 2021.

Advierte, no obstante, de que «cuando lo permitan las condiciones económicas, las políticas fiscales deberían perseguir lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y asegurar la sostenibilidad de la deuda, mientras se fomenta la inversión».

Se trata de la línea general para el conjunto de los países de la UE que recomienda Bruselas, que ve justificado que de momento se mantengan en todo el bloque las políticas expansivas, de aumento de gasto o rebajas fiscales, por la pandemia.

Bruselas pide en concreto a España que apoye el empleo con medidas para evitar despidos, incentivos al empleo y el desarrollo de competencias profesionales, así como «reforzar la protección por desempleo, sobre todo para los trabajadores atípicos».

España debería además «mejorar la cobertura y adecuación de sus esquemas de ingresos mínimos y apoyo familiar», así como el acceso a la educación digital.

Liquidez a pymes

La Comisión recomienda, por otra parte, que el Gobierno «garantice la implementación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresa y los autónomos, evitando los retrasos en los pagos».

Asimismo, alienta a «adelantar inversiones públicas maduras» y promover la inversión privada para impulsar la recuperación, centrando estas inversiones en las transiciones digital y ecológica.

Bruselas ha suspendido temporalmente las normas de disciplina fiscal comunitarias para permitir a los países que acometan el gasto necesario contra el coronavirus, por lo que no evaluará el cumplimiento de las metas fiscales ni abrirá expedientes por exceso de déficit o deuda en este momento.

Pese a ello, la Comisión ha realizado informes sobre la situación de todos los países de la UE dado que se prevé que la gran mayoría de los Veintisiete supere el umbral de déficit del 3% del PIB previsto en las normas.

España ya no cumplió con el ajuste de la deuda y el déficit en 2019

En el caso de España, concluye que no cumplió con los criterios de reducción de déficit ni de deuda pública.

Señala que está previsto que el déficit suba al 10,3% del PIB este año, un exceso muy por encima del límite que «es excepcional pero no temporal», a lo que suma que España «no hizo suficiente progreso» en la reducción de su deuda pública en 2019, que se situó en ese ejercicio en el 95,5 % del PIB, muy por encima del umbral del 60% que marca el Tratado.

Por último, la Comisión publicó el último informe de supervisión del rescate a la banca española, que concluye que «la resiliencia de la economía española y su sector financiero, así como el perfil de su deuda, reducen las vulnerabilidades que emanan de la pandemia de coronavirus».

Si bien el impacto del virus sobre el sector bancario no puede ser evaluado todavía, la resiliencia construida durante los últimos años ayudará a preservar su estabilidad, afirma.

Reforzar el sistema sanitario

Además, la Comisión Europea ha recomendado a España mejorar la «capacidad y solidez» de su sistema sanitario después de que la pandemia de Covid-19 haya revelado «problemas estructurales» derivados en parte de la falta de inversiones en infraestructuras y de «defectos» en la contratación y condiciones laborales de los trabajadores.

«La pandemia ha revelado problemas existentes estructurales, algunos de los cuales derivan de algunas deficiencias en inversiones en infraestructuras físicas y defectos en la contratación y las condiciones laborales del personal sanitario», subraya el texto.

Bruselas destaca en el documento que el sistema sanitario español ha tenido «buenos resultados a pesar del bajo nivel de inversiones» en comparación con el resto de socios. Así, la crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto una «presión sin precedentes» que «ha revelado su vulnerabilidad a shocks».

También apunta a las «disparidades regionales» en relación al gasto, recursos físicos y personal, así como al hecho de que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno «no es siempre efectiva».

En consecuencia, las «acciones inmediatas» por parte de las autoridades españolas deben centrarse en «fortalecer las capacidades» para mejorar las infraestructuras, las condiciones laborales y la disponibilidad de productos «críticos» con el objetivo de «salvar vidas».

En particular, los servicios europeos ponen el foco en las personas con discapacidad y los ancianos que viven en residencias, dos grupos «especialmente expuestos» durante la pandemia y cuyo «acceso a cuidados médicos y sociales, incluidos los servicios de cuidados intensivos, necesitan ser garantizados».

«Después, los esfuerzos deberían concentrarse en mejorar la resiliencia del sistema sanitario para que pueda recuperar su rendimiento óptimo lo antes posible y afrontar mejor nuevos golpes», continúa el texto. En en futuro la sanidad española tendría que «responder mejor al reto demográfico» y en esto «juega un papel central el desarrollo de la atención primaria y la sanidad electrónica».

El texto cierra el capítulo sobre sanidad advirtiendo de que será «importante» asegurar que la «probable reducción de los recursos por la crisis económica no afecta a la cobertura sanitaria de la población y deriva en desigualdades en el acceso» al sistema de salud.

Fuente: Expansión.com