El TEAC no está para responder consultas ni emitir informes. Esto es lo que ha respondido a una carta del foro de asesores fiscales, que solicitó claridad sobre los plazos tributarios.

La carta la ha enviado la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), y en ella se queja de que los contribuyentes se han quedado desamparados ante la decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de no emitir una interpretación jurídica sobre las numerosas normas fiscales aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas a consecuencia de la pandemia. En total, 13 reales decretos-leyes por parte del Ejecutivo central en materia fiscal y más de 70 normas por el lado de los gobiernos autonómicos.

El destinatario es el propio presidente del TEAC, José Antonio Marco, quien, en respuesta al foro de asesores fiscales, un órgano que reúne al conjunto del sector, ha asegurado, según Stella Raventós, presidenta de Aedaf, que el tribunal “no puede resolver consultas ni realizar informes”. Según Raventós, un escenario excepcional como el estado de alarma “no puede ser la excusa ni la disculpa para que los contribuyentes vean menoscabados sus derechos —algunos, fundamentales— en su interacción con la Administración”.

Los asesores se quejan, por ejemplo, de la incertidumbre respecto de si, durante el estado de alarma, sigue corriendo —o no— el plazo para la formulación de alegaciones, toda vez que en las disposiciones publicadas “no queda claro cuál es su régimen”.

La cuestión fue formulada por el llamado Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios, que reúne una decena de entidades que agrupan a miles de asesores fiscales de todo el país, y que, en ocasiones, cuando el texto legal es confuso o puede conducir a error, necesitan conocer cual es la interpretación del TEAC sobre determinadas normas.

El tribunal no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, ya que depende de Hacienda, por lo que su opinión tiene gran importancia antes de litigar contra el Estado. Su ventaja es que la decisión sobre un determinado recurso se desvincula de lo que considere oportuno la Agencia Tributaria, lo que le otorga, según el propio organismo, “mayor objetividad”.

Según Javier Gómez Taboada, vicepresidente de Aedaf, en las últimas semanas se ha producido una verdadera “batería de normas”, pero todavía no se sabe, al menos la Administración no ha dicho nada, “si están corriendo los plazos en un procedimiento tributario”, lo cual, en su opinión, puede tener graves perjuicios para los contribuyentes. De ahí que se solicitara al TEAC que lo aclarara. Lo que se pidió, en concreto, era una simple “nota informativa”.

Cuestiones prejudiciales

Hay que tener en cuenta que los tribunales económico-administrativos no solo resuelven recursos, sino que incluso, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2000, tienen de alguna forma la consideración de órganos jurisdiccionales y pueden plantear cuestiones prejudiciales. Es decir, pueden plantear a los jueces de Luxemburgo que se pronuncien sobre un determinado asunto. Esto, al menos, es lo que todavía asume la propia Hacienda en su página web pese a que una sentencia del pasado mes de enero deja meridianamente claro que el TEAC no cumple con las condiciones de independencia exigidas por el TJUE para el planteamiento de cuestiones prejudiciales.

La sentencia, adelantada por el fiscalista Félix Bornstein, tiene en cuenta que tanto el presidente del TEAC como sus vocales son nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda. Además, la permanencia en el cargo de sus miembros depende de la voluntad de su patrono (el presidente y los vocales pueden ser separados del Tribunal por el mismo procedimiento seguido para su designación).

Las asociaciones de asesores fiscales vienen denunciando desde hace años la precariedad de medios materiales y personales con que trabajan los tribunales económico-administrativos, tanto el central como los autonómicos o locales, lo que hace que muchos procedimientos se eternicen, lo cual tiene un enorme coste para los litigantes, además del derecho a la tutela judicial efectiva.

La situación se ha agravado con el cierre de actividades. Se da la circunstancia, incluso, de que los magistrados del Supremo se han visto obligados a detener prácticamente su actividad durante la declaración del estado de alarma porque el Gobierno, responsable de suministrarles los instrumentos para que puedan desarrollarla, “les mantiene en la mayor de las precariedades, situación que contrasta con la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, en el cumplimiento de sus funciones, sigue actuando con práctica normalidad, gracias a los medios de los que la dota ese mismo Gobierno”, aseguran los asesores.

El covid-19 lo ha trastocado todo. Y eso explica que, aprovechando que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un plan de choque ante el aluvión de demandas judiciales que se prevén cuando la pandemia remita, los asesores fiscales hayan reclamado más poderes para los tribunales administrativos en aras de reducir la litigiosidad.

En concreto, en un documento aprobado recientemente, la Aedaf considera que existen en el actual ordenamiento jurídico previsiones para otorgar carácter vinculante a los pronunciamientos del Tribunal Económico-Administrativo Central en los recursos extraordinarios para unificación de criterio y doctrina. Con ello, aseguran, se reduciría en gran medida la “práctica nada inusual” de las instancias administrativas en materia tributaria de no hacer caso a los criterios de los tribunales de Justicia, “con el incremento de litigiosidad que ello comporta”.

Fuente: ElConfidencial.com