La propuesta de «justicia fiscal» del grupo confederal busca situar la recaudación en la media de países de la eurozona, principalmente, con la creación de nuevas figuras tributarias.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso quedó constituida este jueves con el objetivo de que en un plazo de dos meses, prorrogable a petición de la mesa, se elabore un dictamen que servirá de guía para afrontar la crisis social y económica derivada del coronavirus. PSOE y Unidas Podemos han propuesto que la comisión tenga cuatro grupos de trabajo: sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistemas de cuidados y Unión Europea. El objetivo de los dos grupos que forman el Gobierno de coalición pasa por reforzar el estado de bienestar, y para su financiación, los morados están elaborando una propuesta de «justicia fiscal» que busca situar la recaudación en la media de países de la eurozona a partir de la creación de nuevas figuras tributarias, como un impuesto a la riqueza, otro a la banca y un tercero a las transacciones financieras, además de incrementar la tributación de los rendimientos de capital en el IRPF y aumentar el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades.

«Hace falta una reforma fiscal profunda», explican fuentes del grupo confederal, «para sostener el estado de bienestar, para que pueda haber inversión pública, para que la economía rebote y podamos invertir en transición ecológica, en transición digital o en el sector biomédico». La reforma fiscal se debatiría en el grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados, y hasta el momento los socialistas se inclinan por limitarla a modificaciones en el IRPF para las rentas de capital y a introducir como nuevos tributos las denominadas tasa Tobin —a las transacciones financieras— y tasa Google, destinada a las grandes empresas tecnológicas.

Para Unidas Podemos, es necesario debatir sobre la necesidad de aumentar la inversión pública de cara a la reconstrucción tras la pandemia del coronavirus, porque «nuestro país se dirige hacia una crisis económica de magnitudes nunca vistas». Argumentan, en esta línea, que esta crisis va a llegar «con un modelo de ingresos del Estado muy por detrás de la media europea», que sitúan entre siete y ocho puntos porcentuales del PIB, así como con sistema que consideran desigual, al recaer en buena parte «en pymes, autónomos y trabajadores».

La creación de un impuesto a la riqueza es uno de los principales objetivos de Unidas Podemos para la reforma fiscal, y a falta de desarrollarlo, parten de la propuesta que ya llevaban en su programa electoral. Esto es, tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los superiores a los 50 millones y con un 3,5% los que superen los 100 millones de euros.

Este impuesto sustituiría al de patrimonio, que consideran «inoperativo», y no podría bonificarse por parte de las comunidades autónomas. Según las cifras que maneja esta formación, la mayor parte de este nuevo tributo recaería en los 1.000 principales patrimonios del país. En el informe preliminar desarrollado por IU, partido que forma parte de Unidas Podemos, se apuesta por que el impuesto sobre la riqueza alcance el 1,5% del patrimonio total.

El impuesto específico a la banca todavía no está completamente definido, pero se propone también aumentar hasta en 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades. Con ello, se busca «recuperar» parte del rescate bancario. En este sentido, desde IU, se ha propuesto en los debates internos del grupo confederal modificar el impuesto sobre los depósitos bancarios para suplementar el actual tipo impositivo del 0,03% hasta llegar al 1% de los depósitos bancarios. En conjunto, el plan de la formación que dirige el ministro de Consumo, Alberto Garzón, busca movilizar más de 155.000 millones de euros para impulsar políticas de gasto público e inversión en un periodo de ejecución que se calcula hasta 2022.

A grandes rasgos, desde Unidas Podemos se defenderán políticas expansivas de cara a reforzar la sanidad pública, la educación, la ciencia, la investigación y el sistema de cuidados. Dentro del bloque de sanidad pública, los morados han incluido las residencias de mayores, para las que se planteará una «revisión del esquema de propiedad de la gestión» con el objetivo de caminar «hacia una recuperación de la gestión pública». La intervención de las residencias de mayores se enfoca, según el plan de choque que prepara el grupo de Unidas Podemos, hacia dos objetivos: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, por un lado, y de las ratios, por otro.

La comisión que se constituyó este jueves estará presidida por el socialista Patxi López, y contará con el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago como vicepresidente primero y el popular Guillermo Mariscal como vicepresidente segundo. La secretaría primera estará ocupada por Luz Martínez (PSOE) y la segunda por Isabel Borrego (PP), por lo que las dos formaciones que respaldan al Gobierno de coalición tendrán mayoría en este órgano. Según expresó Patxi López en su intervención, la intención de esta comisión no será la de convertirse en una «sesión de control al Gobierno» ni tampoco en una “mesa de negociación” entre la oposición y el Ejecutivo, sino “buscar una salida social y económica” a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Fuente: ElConfidencial.com