Hasta un 70% del déficit fue abonado por el contribuyente la pasada crisis. El ajuste del déficit nunca ha sido esencial para el Gobierno de Pedro Sánchez.

La llegada al poder de Pedro Sánchez detuvo el proceso de la consolidación fiscal. Entre 2018 y 2019, la tendencia de reducción del déficit presupuestario se quebró, primero frenando la reducción del déficit en 2018 (recién aprobados los Presupuestos del PP) en medio punto porcentual hasta el 2,5% del PIB, y en 2019 disparando el déficit ocho décimas con respecto al objetivo renegociado por el propio Gabinete Sánchez.

Aunque la vicepresidenta económica suela decir que el ajuste del déficit es siempre una prioridad para el Ejecutivo, en realidad nunca ha sido tarea esencial del Gabinete Sánchez. La falta de compromiso con la reducción del déficit relajando sucesivamente los objetivos, los «viernes sociales» y demás medidas de gasto corriente entre las dos convocatorias de Elecciones Generales, le han quitado a España un margen de maniobra de 1,5 puntos de PIB (la distancia entre el objetivo original del 1,3% hasta el cierre de 2019). Si atendemos a las últimas estimaciones de caída de los ingresos y aumento de los gastos, hubiera sido un ‘colchón’ ideal para soportar la crisis.

Conforme en los próximos meses el desfase siga creciendo sin ni siquiera tener unos Presupuestos que controlen al Gobierno, recordaremos estas cifras como símbolo del tiempo y esfuerzo perdido que se necesita cuando las cosas vienen mal dadas, y el agotamiento a la hora de recurrir a unas bases imponibles ya de por sí castigadas durante mucho tiempo desde la anterior crisis de deuda de 2010. Pero, sobre todo, veremos hasta qué punto será necesario un importante ajuste en 2021, el cual tendrá que pasar por un fuerte recorte del gasto público y, probablemente, por una subida de los impuestos que será más evidente si a España no le queda más remedio que pedir el rescate europeo, con lo cual el contribuyente volverá a cargar con una buena parte del ajuste.

En el eterno debate desde 2010 de la «austeridad» y el mal llamado «austericidio» –ahora de nuevo recuperado con motivo de las cifras históricas de déficit que veremos y la política sanitaria– la evidencia empírica arroja cada vez más datos que muestran hasta qué punto el contribuyente, vía subidas de impuestos, es quien ha soportado el coste de la reducción del déficit público a lo largo de los últimos años, precisamente de la peor manera posible teniendo en consideración los menús de política económica señalados por Alesina y Giavazzi.

En España, la ‘austeridad’ se ejecutó de la peor manera posible: hasta un 70% de la reducción del déficit público se hizo a costa de los contribuyentes, mientras que el 30% restante fue gracias al recorte del gasto público, cuyo ajuste real en términos brutos sólo se produjo con contundencia entre 2012 y 2013, mientras que en el resto de la serie, la reducción de la ratio sobre PIB se hizo gracias a un crecimiento más que proporcional del PIB nominal.

El proceso de consolidación presupuestaria desde 2012 será recordado –parafraseando al profesor Cameron cuando recogía las expresiones de los bróker de París y Londres sobre la deuda pública española en el siglo XIX– como la triste historia de un timo para los 19 millones de contribuyentes que sostienen nuestro país vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que realizaron el enorme esfuerzo de bajar casi a pulmón 3 puntos de PIB de déficit en los dos años que se prolongó por la subida de impuestos la crisis hasta 2013. Tristemente es lo que puede volver a producirse en 2021.

Fuente: ElEconomista.es