Con más de 100.000 contagiados y superando ya la barrera de los 10.000 muertos, España afronta un futuro económico incierto. La luz al final del túnel es tan tenue que casi ni se aprecia. Todo dependerá -dicen los expertos- de hasta cuándo se alargue el parón de la economía y el estado de alarma, ligados ambos a la emergencia sanitaria. Sin embargo, no por ello es menos cierta la necesidad de pensar en qué ocurrirá cuando todo esto pase; el día que el país pueda volver a salir a la calle a trabajar, a pasear, a llenar los bares, a consumir espectáculos… y aquí el Gobierno tiene en la política fiscal uno de sus principales mecanismos para hacer que la caída sea lo menos dura posible y pagar la «factura» económica. Porque, hasta la fecha, España -y el resto de Estados miembros de la Unión Europea- está relativamente sola a falta del mal llamado «Plan Marshall» comunitario que reclaman ya ciertos líderes políticos.
La crisis tiene dos partes bien diferenciadas: el corto plazo y lo que venga luego; gastar ahora y ver después cómo se paga. El Ejecutivo anunció la movilización de hasta 200.000 millones de euros entre sector público y privado, aunque el esfuerzo estatal no está llegando con fondos reales para la economía sino vía avales públicos, tanto para empresas y autónomos como para los alquileres. «El Gobierno ha puesto garantías encima de la mesa, pero no dinero. El dinero lo pone la banca. Todo esto da a entender que no tenemos el pulmón financiero suficiente», dice Miguel Ángel Galán, socio de Fiscal en Andersen Tax & Legal.
Antes de entrar a valorar medidas a futuro, los expertos se centran en lo que puede hacerse hoy mismo. «Antes de plantarse el coste de la crisis, hay que pensar en reducir el mismo. Todos vamos a soportar la crisis pero hay que minimizar su coste, gestionándolo de tal forma que sea compatible la gestión de los riesgos sanitarios con la economía. El parón de la actividad se podría haber evitado, y en un entorno así los presupuestos tendrían más margen de actuación. Las medidas de confinamiento, algunas de ellas, están justificadas en esta situación pero ha habido un parón de la actividad que ha ido más allá de lo necesario y aconsejable», destaca Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Cuanto más se pare la actividad, más difícil será la salida, dice.
Coronil, por su parte, considera que ya tendría que estar actuándose para preservar el tejido empresarial, más aún si cabe teniendo en cuenta que la mayoría de las compañías en España son pymes y micropymes. Se refiere a medidas como las adoptadas, por ejemplo, en Dinamarca, en donde el Estado asume -bajo ciertos límites y condiciones- el 75% del salario de los empleados afectados por la crisis. El Estado da el dinero a las empresas y estas siguen pagando a sus empleados, sin que estos últimos tengan que verse afectados por los llamados ERTE u otras fórmulas de despido, ni engrosar listas de paro o similares. Todo para que el trabajador sienta que sigue perteneciendo a la compañía.
Lo cierto es que ya hay propuestas desde el ámbito público para pagar la deuda que causará esta crisis. Unidas Podemos ha dejado caer la necesidad de un impuesto de solidaridad -como ellos lo llaman- sobre las grandes fortunas para que contribuyan más que el resto. «Lo que tenemos claro es que las políticas de austeridad fiscal son implanteables en este momento. Es más, el debate fundamental que debemos dar en la UE es si Europa va a responder solidariamente, sindicando esfuerzos, o se deslegitima definitivamente a ojos de sus ciudadanos», explican fuentes de Unidas Podemos. Desde el ámbito económico del Gobierno, de momento, ni se plantean medidas impositivas como las deslizadas por la formación de Pablo Iglesias. Su intención pasaría más por estímulos fiscales vía gasto público. «Dopar» la economía desde el Estado para crear empleo y riqueza y recaudar lo necesario.
La recaudación tributaria es uno de los aspectos que más preocupa porque la consecuencia de una crisis siempre trae consigo un desplome de los ingresos de Hacienda. La última recesión da buena cuenta de ello. En 2007 se recaudaron 200.676 millones de euros; en 2008 el dato bajó a 173.453 millones (-13,6%); y en 2009 hasta los 144.023 millones (-17%). Por eso se plantea ya cómo paliar ese previsible hundimiento que podría lastrar aún más las ya dañadas cuentas públicas españolas. Desde Comisiones Obreras (CC.OO.), su secretario general Unai Sordo dijo también en una entrevista con «El Español» recientemente que habrá que crear impuestos «ad hoc» para hacer frente a la factura económica del coronavirus; con el foco puesto, como Unidas Podemos, en grandes empresas y patrimonios.
Izquierdo, del IEE, plantea una visión de incentivar la economía por la vía de bajar impuestos para que la actividad pueda volver a su cauce: «Es muy difícil hacer bajadas impositivas en esta coyuntura aunque sería lo más necesario. Lo que sabemos es que lo peor que se puede hacer es subir impuestos, especialmente a las empresas. Hay gente que todos los problemas los soluciona subiendo impuestos, cuando lo que hace falta es recuperar la actividad y el empleo». Y prosigue: «Es un despropósito plantear subidas de impuestos a la actividad económica y al ahorro. Lo que nos va a sacar de la crisis es el sector privado».
Coronil, de Singular Bank, mantiene una postura similar, buena conocedora del mundo societario por su paso por el Círculo de Empresarios: «No deberíamos apostar por subir impuestos porque no sabemos cómo de tocadas van a salir las empresas y familias de esta crisis». Por lo pronto, la destrucción de empleo en marzo -sin contar los ERTE, que ascenderían a unos 3 millones de afectados- ya fue de 833.979 afiliados. Funcas, por su parte, prevé para abril un desplome medio de afiliación de 750.000 personas. Suma y sigue la sangría. La receta de los expertos: incentivos impositivos para empresarios y autónomos cuando todo quede atrás.
«Pasada la crisis habrá que ver en qué situación se queda el tejido productivo porque si está muy afectado no será momento de aumentar impuestos; será momento de aumentar el gasto público con endeudamiento estatal y habrá que pagarlo más tarde, entre todos», dice Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Asimismo, rechaza también la creación de nuevos impuestos para pagar esta crisis, al menos en el corto-medio plazo. La propia recuperación de la actividad productiva, con el tan esperado rebote que habrá, sería clave para afrontar la «factura» económica.
Galán, de Andersen, menciona que las vías a futuro podrían estar en reformar el Impuesto sobre la Renta, Sociedades y el IVA, aunque eso generará también problemas en caso de subidas impositivas ya que -dice- tenemos muy poco margen o ninguno. El objetivo: no asfixiar a las empresas y autónomos, que han de ser los que recuperen el país.
En este sentido, Julio César García, de KPMG, plantea incentivos por sectores. Quien se haya visto más afectado, que tenga mayores ventajas fiscales: «Se debería pensar en utilizar la fiscalidad para ayudar a los sectores más afectados por esta crisis, como el turismo o el comercio, y que son fundamentales para la recuperación de la economía española. Habría que revisar los impuestos que de forma conjunta afectan a cada sector para establecer en los más afectados determinadas rebajas o exenciones temporales de impuestos que les ayudaran a ganar en competitividad y a su pronta recuperación».
En lo que todos coinciden es en que el gasto público no puede ser un cheque en blanco para mitigar la crisis. España, por su déficit y deuda públicos, no tiene margen para poder seguir endeudándose más allá del 95-100% del PIB en que se ha movido estos últimos años. Por ello, los expertos reclaman al Gobierno eficiencia a la hora de establecer estímulos fiscales por esta vía; algo -eficiencia- que ya ha venido reclamando la Airef en los últimos tiempos. Sin olvidar, también, que esta crisis nada tiene que ver con la vivida a partir de 2008. Aquella empezó siendo financiera y luego fue económica; esta se ha iniciado como emergencia sanitaria y ha devenido en económica. Causas y diagnóstico distintos que requerirán un tratamiento también diferente respecto a otros «shocks». Incluso, quién sabe, si serán necesarias reformas estructurales y repensar parte del Estado del Bienestar.
Fuente: Abc.es