La patronal exige una moratoria fiscal «inmediata y automática».

Desde hoy, para la economía española. El fuerte rechazo de los empresarios no lo ha podido impedir. Ayer, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el real decreto anunciado por sorpresa el sábado por el presidente del Gobierno, que regula el permiso retribuido de los trabajadores de servicios y sectores no esenciales que deberán disfrutar del mismo de forma obligatoria desde hoy y hasta el 9 de abril (Jueves Santo) para intentar reducir los contagios por el coronavirus.

La norma, que fue publicada en el BOE al filo de la pasada medianoche, excluía en principio de esos permisos a los trabajadores de unos 40 servicios considerados esenciales, aunque finalmente son menos y algunos no se paralizarán de forma abrupta. En estos casos, los trabajadores podrán acudir a sus trabajos hoy para garantizar su correcto cierre -desde mañana-y su posterior reapertura. Algunos de los servicios que se han suprimido a última hora como no esenciales son: el de los empleados del hogar, la actividad sindical y patronal, la industria electrointensiva, siderurgia, minería, altos hornos, así como las plantas de procesamiento de productos agrícolas, cárnicos y pesqueros, y de los insumos necesarios para su elaboración.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, declaró en la posterior rueda de prensa al Consejo de Ministros que este real decreto, «inédito en el ordenamiento jurídico español», estaba justificado en las recomendaciones realizadas por el comité científico. «Se pretende intentar simular durante estos días el comportamiento que tenemos habitualmente durante un fin de semana», añadió Montero, que repitió varias veces la importancia de reducir la movilidad las dos próximas semanas, ya que en este periodo se producirá la mayor utilización de servicios sanitarios, entrando en una especie de «hibernación» de la economía para evitar la saturación de dichos servicios.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rompió la armonía de la rueda de prensa al afirmar que «no admitiremos presiones de nadie» y que «primará el interés general por encima del particular», en directísima alusión a las críticas recibidas de la patronal CEOE, Cepyme y de ATA. «Nadie pierde», dijo, ni el empresario ni el trabajador, y que la medida afecta en realidad a tan solo ocho días laborables.

Aunque Montero dijo que tanto la patronal como los sindicatos habían sido informados del mismo, lo cierto es que el Ejecutivo social-comunista ha aprobado este real decreto sin considerar las opiniones de la CEOE, que fue consultada unos minutos antes, tal y como avanzó ABC.

«De forma unilateral»

La patronal madrileña CEIM mostró ayer su «preocupación y malestar por la manera en que se ha llevado a cabo esta decisión y la forma de trasladar a las empresas los efectos de la misma». En un comunicado, denuncia que «ante una medida que va a suponer la paralización de la práctica totalidad de la actividad económica en España, el Gobierno ha decidido que el coste de la misma sea soportado íntegramente por las empresas, que habrán de seguir atendiendo los salarios y las cotizaciones sociales de sus trabajadores (impuestos al empleo), mientras que no podrán producir ni vender sus productos o servicios para obtener ingresos».

Añadió que «esta decisión ha sido tomada, una vez más, de forma unilateral, sin el conocimiento y consenso previo, despreciando la oportunidad que el diálogo social ofrece para mejorar una norma y reducir los efectos negativos que se puedan producir en el tejido empresarial y, sobre todo, en el empleo».

Ante esta situación, CEIM pide que se conceda «una moratoria fiscal inmediata y automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma y se eximan del pago de las mismas a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en estas semanas o han visto su funcionamiento drásticamente disminuido».

Por su parte, la patronal catalana Fomento del Trabajo se pregunta «cómo van a asumir las empresas los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y por tanto sus ingresos, si no se aplazan las liquidaciones tributarias ni las cuotas a la seguridad social y si la liquidez sigue sin llegar. El Estado debe responder ante las necesidades agudas de liquidez y apoyar a las empresas amenazadas de quiebra por el Covid-19.

Desde el Instituto de la Empresa Familiar destacan la unidad que en estas graves circunstancias están mostrando todas las empresas y los trabajadores de España y rechazan «rotundamente cualquier consideración que se pueda hacer sobre inexistentes actitudes insolidarias del mundo empresarial, motivadas por injustos prejuicios».

Fuente: Abc.es