El modelo por el que ha apostado España para combatir la crisis del coronavirus difiere del resto de sus principales comparables en limitar a pymes y autónomos el aplazamiento de impuestos.

La crisis económica que ha traído consigo la pandemia del coronavirus está obligando a todos los países, entre ellos las mayores potencias del planeta, a activar a contrarreloj planes de contingencia para intentar amortiguar en lo posible un golpe llamado recesión. Y, entre la batería de medidas activadas, las fiscales se erigen como una opción generalizada entre nuestros países vecinos, cada uno con sus particularidades, según una comparativa realizada por el despacho Freshfields Bruckhaus Deringer.

En ella se comprueba como las principales economías europeas, como Alemania, Francia, Italia, Austria o Bélgica, entre otros países, están apostando por establecer medidas que permiten diferir el pago de impuestos sin intereses ni recargos, una solución que también ha incluido el Ejecutivo español en su plan de salvamento, con un signo diferencial: en nuestro país este tipo de ayudas se limitan a pymes y autónomos, mientras que el resto de estados de la comparativa las abren a todas las empresas que se han visto afectadas por el Covid-19.

Una diferencia que deja a la gran empresa española en inferioridad, ya que para cualquier compañía, ya sea grande o pequeña, poder acogerse a aplazamientos de impuestos le confiere una gestión más rápida y eficaz de la tesorería, aspecto crítico en un momento en el que los ingresos se han desplomado e, incluso, desaparecido por la obligación de tener que cerrar la empresa. A esto se une que, ahora mismo, la liquidez es un aspecto crítico para todos los negocios, ya sean pymes o multinacionales, debido a que estamos ante una crisis inédita cuyas consecuencias y duración se desconocen.

Para combatir esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por conceder solo a pymes y autónomos la posibilidad de diferir hasta seis meses del pago de impuestos estatales, con un tope de 30.000 euros, ventaja a la que no pueden acogerse las compañías con unos ingresos superiores a seis millones de euros, que solo podrán solicitar un aplazamiento por el procedimiento estándar y aportando garantías.

Frente al modelo de aplazamiento de pago de impuesto, el Gobierno español ha apostado por dotar de liquidez a las compañías con un sistema basado en la solicitud de crédito a los bancos, unos préstamos que están avalados por el Estado y que, más allá del posible debate sobre la bondad de un modelo u otro, dibujan un escenario más lento y menos operativo, en un momento en el que, además, casi todo el país está teletrabajando.

La realidad es que, al final, tanto las pequeñas como las grandes compañías critican esta solución, las primeras porque pedían un aplazamiento generalizado de impuestos, y las segundas, porque se las ha dejado fuera de cualquier solución de este tipo, cuando sostienen miles de empleos y son los grandes contribuyentes fiscales, algo que diferencia a nuestro país del resto de comparables.

Alemania: el país germano ha activado medidas para ayudar a aquellos contribuyentes que son directamente afectados por el Covid-19, como aplazar el pago de impuestos si la recaudación genera «una dificultad considerable» para el negocio, solución que se aplica para los impuestos adeudados hasta el 31 de diciembre de 2020 y que se activará a solicitud del contribuyente. El punto gris de esta norma es que no se ha detallado qué requisitos deben cumplir las empresas para ser consideradas directamente afectadas. Bajo este mismo prisma, las multas por pagos atrasados no se cobrarán hasta final de año. Además, se pueden extender los periodos establecidos de presentación de las declaraciones. Por último, medidas de ejecución tributaria, como el embargo de cuentas, se dispensarán hasta finales de año.

En Austria, aunque la normativa fiscal aprobada es todavía limitada —exenciones a tarifas ligadas a actos administrativos o ampliaciones de plazo para apelar decisiones del fisco—, sí se ha publicado una guía fiscal ante el Covid-19, no vinculante, pero a la que podrán acogerse las empresas que demuestren problemas de liquidez derivados del coronavirus. Además, se permite solicitar aplazamientos del pago de impuestos o pago a plazos, hasta el 30 de septiembre; y se habilita una extensión de la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos (IVA anual, Sociedades…). Por último, las autoridades fiscales podrán cancelar los recargos por pago tardío de impuestos ya tasados.

Bélgica: Con la limitación de poderes que tiene el Gobierno central en este país por el peso de las regiones, sobre todo en materia fiscal, sí que se han tomado medidas en lo que respecta a impuestos federales y cargas sociales. Destaca el aplazamiento automático de dos meses para la presentación del pago del IVA y los impuestos al trabajo del primer trimestre y un aplazamiento por el mismo plazo de los tributos sobre la renta correspondientes al pasado ejercicio. Además, las empresas que demuestren un impacto directo del Covid-19 en su actividad, pueden solicitar planes especiales, exención de multas por impago y exención de intereses por demora en tributos como IVA o Sociedades. A esto se unen las medidas fiscales que cada región (flamenca, valona, Bruselas) ha activado.

Francia: las autoridades galas han lanzado un paquete de medidas de aplazamiento de pago de impuestos corporativos directos (sociedades, contribuciones adicionales, a la propiedad comercial, al valor agregado) y salariales, por un plazo de tres meses, sin intereses de demora y de aplicación inmediata, que corresponde a la empresa solicitar. Además, las compañías pueden pedir reembolsos de los próximos pagos a plazo de impuestos directos, intereses de demora o multas en los tributos ya citados, pero solo se les otorgará cuando se acredite que las dificultades por las que atraviesa la compañía no pueden superarse con el aplazamiento del pago, y siempre y cuando reciban la aprobación de las autoridades. Además, el país vecino ha activado otras medidas como acelerar las devoluciones de IVA y el reembolso inmediato de los créditos fiscales de 2020.

Italia: el país transalpino, uno de los primeros y más gravemente afectados por el coronavirus, ha aplazado hasta el 30 de abril el pago de determinados impuestos para las empresas que operan en el sector turístico y de alojamiento, como las retenciones del IRPF, cotizaciones y primas de la seguridad social, o los pagos del IVA que vencen este marzo. Otra medida destacable es la suspensión de las auditorías fiscales y de las obligaciones de orden de pago de impuestos. Por lo que respecta a la fecha límite de presentación de impuestos que vencen entre marzo y mayo, como la declaración anual de IVA, se difiere al 30 de junio, para todos los contribuyentes con sede legal, domicilio u operativa en Italia. También es destacable un paquete concreto dirigido a facilitar fiscalmente las transacciones de créditos tóxicos (NPL) y desgravaciones a donaciones realizadas para combatir esta emergencia.

Fuente: ElConfidencial.com