Las principales asociaciones y colegios profesionales de gestores tributarios han emitido un duro comunicado conjunto reivindicando una moratoria en el pago de impuestos al Gobierno, debido a las circunstancias extraordinarias por las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus. Muchas patronales y fiscalistas esperaban que el pasado martes el Ejecutivo anunciara un aplazamiento en las declaraciones y autoliquidaciones ampliado para empresas y autónomos de los principales impuestos.

Los gestores están reclamando al Gobierno un aplazamiento de los pagos tributarios hasta que pase la crisis sanitaria del coronavirus. «La petición, que no es un capricho, sino una cuestión de sentido común, dada la imposibilidad, de recoger y tratar la documentación, y no exponernos, nosotros y nuestros trabajadores, a un posible contagio, ya que en la mayoría de casos la documentación para realizar las correspondientes autoliquidaciones la aportan físicamente los propios empresarios que, o bien es el personal de la propia asesoría el que va a recoger los documentos, con el consiguiente riesgo, por todos conocidos», recoge el comunicado firmado por AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), AECE – (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España), Consejo General Abogacía Española, Consejo General de Agentes de Aduanas,Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas del REAF, FETTAF (Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales) y GESAF (Gabinete de Gestores Administrativos Asesores Fiscales).

Desde el principio de la crisis estos profesionales han reclamado el aplazamiento de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos como el IVA o el IRPF antes las dificultades de realizar los trámites necesarios y recabar toda la información de sus clientes. «Ni en los peores sueños nos hubiésemos podido imaginar la situación tan dramática que estamos padeciendo por culpa del Covid-19», explican y que «no tenemos bastante con la que está cayendo, que el Gobierno en vez de mostrar empatía hacia nosotros, lo que denota es una amplia antipatía, eso sí vanagloriándose de haber implementado las medidas más amplias de la Unión Europea».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó, ayer tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión, que  ya hay un aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias a pymes y autónomos, incluyendo IRPF e IVA. Pero la medida, que fue adoptada cuando se estableció el Estado de alerta, afecta solo a pymes y autónomos con un volumen de operaciones en 2019 inferior a los seis millones de euros y para una deuda tributaria inferior a 30.000 euros. La ministra admitió que aprobará otro paquete de medidas económicas si es «necesario».

«Si consideramos que hasta el día 12 de abril estamos en situación de alarma con las restricciones que ello conlleva, ¿cómo quieren que las empresas, autónomos y profesionales puedan pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones tributarias?», se preguntan los profesionales fiscales. Indican que habrá una avalancha de aplazamientos en la liquidación del IVA, pagos a cuenta del IRPF y retenciones el próximo 20 de abril. Esto implica que muchas empresas y autónomos sufrirán recargos por retrasarse en el pago. La primera cita importante que tienen muchas empresas será con la declaración de IVA de febrero, que tiene de plazo hasta el 30 de marzo.

Varias patronales de empresarios también están molestos con la decisión del Gobierno de no aplicar ninguna nueva medida a favor de una moratoria. Foment del Treball fue una de las primeras en pronunciarse este martes, al constatar que Pedro Sánchez no ha formulado ninguna medida de carácter urgente para atender la grave situación que se desencadenará en pocas semanas ante el parón de la actividad económica y de consumo.

La patronal catalana Foment del Treball lamentó «la absoluta falta de iniciativas a favor de la suspensión de las liquidaciones fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social que afectarán gravemente la recuperación de la economía y el empleo», en un comunicado. Y añade que «las empresas necesitan, por encima de todo, efectivo, no crédito».

La patronal de empresarios de Valencia fue otra de las instituciones que reaccionaron al Real Decreto del Gobierno en el que no se ha introducido ninguna novedad. En opinión de la confederación valenciana, existe una «necesidad de avanzar en el aplazamiento y en la suspensión de las liquidaciones y declaraciones de todos los tributos y para todas las empresas». «Son este tipo de medidas» -recoge en un comunicado- «las que inyectan de forma directa e indiscriminada tesorería en la economía y que son fundamentales para la mantener la cadena de liquidez entre las empresas».

Fuente: ElEconomista.es