La Federación contra el Impuesto de Sucesiones contempla recurrir a la UE. Sánchez necesita mayoría absoluta en el Congreso para cambiar la Financiación.

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero está trabajando en un plan de armonización fiscal sobre las comunidades autónomas para poner fin a lo que ella y el presidente Pedro Sánchez han venido a denominar dumping fiscal o competencia desleal entre las administraciones. Es decir, para impedir que unas rebajen impuestos mientras otras las mantienen.

Así, para contentar a regiones socialistas donde más se cobra el Impuesto de Patrimonio, o a comunidades como la catalana -la tercera que tiene este impuesto más elevado de todo el país en los tramos más bajos-, el Ejecutivo diseña un mínimo común sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cuyo temor para el Partido Popular es una subida masiva de los mismos en Madrid, y en buena lid -y si de verdad se trata de armonizar y de converger fiscalmente-, de una rebaja donde están más elevados.

¿Qué es armonizar?

El Gobierno social-comunista de Sánchez no ha hablado de bajar impuestos en ningún momento, si no más bien de lo contrario. De hecho, siempre pone como ejemplo en sus críticas a las actuaciones no impositivas de Madrid y de comunidades como Andalucía, que también quiere que Patrimonio pase a mayor gloria.

En esta tensión territorial, el Ejecutivo se ha puesto del lado de los que reclaman la armonización fiscal y tildan a Madrid de ser «un paraíso para ricos», aprovechándose del factor de capitalidad, y de una situación económica privilegiada frente al resto, mientras perjudica al resto de servicios públicos. Del otro, las comunidades partidarias de una menor presión fiscal defienden que con esta política se atraen inversiones, se genera empleo, crece la economía, y por ende se recaudan más ingresos, como es el caso de Madrid que, en las ultimas balanzas fiscales publicadas tiene un saldo total de 16.723 millones de euros, frente a los 8.455 de Cataluña.

En esa pugna entre Madrid y Cataluña, y entre Madrid y las comunidades gobernadas por el Partido Socialista -sobre una competencia delegada por el Estado-, la duda estriba en desentrañar cuáles son los mecanismos que Hacienda sopesa en la trastienda -a parte de un índice de referencias- para conseguir poner fin a lo que el PSOE llama «asimetría fiscal».

Y es que, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones son impuestos cedidos a las CCAA, y para modificar estos tributos antes hay que cambiar la Ley de Financiación Autonómica, una Ley Orgánica que requiere mayoría absoluta en el Congreso. Esto supone una dificultad añadida para el PSOE ya que necesita de grandes consensos que ni siquiera tiene dentro de su partido. El Partido Socialista andaluz discrepa de la posición del PSC.

Madrid, entretanto, pide que se «armonice a la madrileña», de modo que, el resto de comunidades emule el modelo fiscal de esta región y rebaje impuestos a sus contribuyentes, en lugar de gravarlos.

¿Quién manda en Patrimonio?

El impuesto de Patrimonio está regulado por una ley orgánica, y se configura como un impuesto estatal cuyo rendimiento se cede por entero a las Comunidades Autónomas. Con esta premisa, éstas pueden regular el mínimo exento para no pagar, el tipo de gravamen y también las bonificaciones.

Restablecido en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero, el IP (impuesto de Patrimonio) sigue vigente recogido en la Ley 13/2011. Mariano Rajoy lo mantuvo y Sánchez también.

Sobre la base de un impuesto individual que graba los bienes que no son empresariales, y que la casa por debajo de 300.000 euros queda exenta del pago, el Estado estableció en el desarrollo normativo un mínimo exento de 700.000 euros, con una base liquidable que va del 0,2 al 2,5%.

Teniendo en cuenta estas líneas, las CCAA han ido aplicando el impuesto a su manera. Prácticamente la mayoría han subido sus competencias para incrementar aún más este impuesto regulado por la ley 19/1991, y hacer pagar así más impuestos a sus contribuyentes. Por ejemplo, en Cataluña, en lugar de aplicar un mínimo exento de 700.000 euros, se aplica a partir de 500.000 euros. Y además, en lugar de aplicar una tarifa del 0,2 al 2,5, aplica una tarifa que va del 0,21 al 2,75% de los bienes.

En Extremadura ocurre otro tanto de lo mismo. Baja el mínimo exento a 500.000 euros. Lo que quiere decir, que con menos patrimonio de lo que fijó el Estado, hay que tributar. Y lo mismo sucede en Aragón, donde el mínimo exento es 400.000 euros, y en Valencia de 600.000 euros.

Madrid, por el contrario, ha optado por bonificar al 100% un tributo apenas existe en Europa. Andalucía trabaja en una bonificación parecida y, en La Rioja, la bonificación es del 75%, aunque esta puede desaparecer con el nuevo gobierno del PSOE con el apoyo de Unidas Podemos.

El PSOE también bonifica

En la actualidad, el impuesto de Sucesiones para familiares directos, el conocido impuesto por la herencia, está básicamente bonificado en la mayoría de las CCAA. Solo en Aragón y en Asturias sigue sin bonificarse. Y en Cantabria este impuesto ya ni existe.

Sin llegar a bonificar el 75%, 99% o el 100% -como la media-, se encuentra Castilla-La Mancha con unos porcentajes de bonificación que dependen del importe de la base imponible.

De ahí que, el Estado encontrará una férrea oposición si quiere intervenir sobre Sucesiones, como era la política del anterior gobierno andaluz del Partido Socialista.

En defensa de estas bonificaciones y del efecto positivo que tiene sobre la economía, la Federación Nacional contra el impuesto de Sucesiones argumenta a elEconomista que éste no es un tributo recaudatorio, que sí confiscatorio (el 0,2 del PIB), y que en modo alguno contribuye a la igualdad «porque roba las herencias, cierra empresas familiares y destruye puestos de trabajo arruinando a los ciudadanos solo para satisfacer la codicia de un gobierno que ha demostrado que utiliza el dinero público para potenciar con su poder y forzar a cualquier precio su permanencia en Moncloa».

Escenarios

Desde Fencis se da por hecho que Montero llevará a cabo esta armonización, bien modificando la ley cambiando el método de cálculo-lo que aparentemente resulta casi imposible-, bien por la puerta de atrás; es decir, limitando el cobro de otros fondos.

Fuente: ElEconomista.es