El beneficio fiscal frente al gravamen de Sociedades es de unos 200 millones al año. Podemos reclama incrementar su tributación.

El debate sobre la fiscalidad de las socimis abierto por Unidas Podemos en la pasada negociación de Presupuestos con el Gobierno previsiblemente volverá si finalmente hay un pacto de izquierdas que mantenga a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Hacienda, en la etapa de Cristóbal Montoro, ya reconoció que el beneficio fiscal de estas empresas respecto a las que tributan por Sociedades sería de 261 millones de euros en 2018 (cifra que el nuevo Gobierno rebajó a cierre de año a 199,5 millones). Pero estas compañías inmobiliarias, que han dinamizado el sector, aportan recursos al Estado a base del reparto obligatorio de dividendo a sus accionistas, que sí tributan, y con el pago de otros impuestos.

Desde 2014, cuando nació el reglamento que regula las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, estas empresas han repartido 1.394 millones de euros en dividendos, según un estudio de JLL y Bolsas y Mercados Españoles. De ese reparto, las empresas retienen el 19%, que va a las arcas públicas, lo que ha supuesto unos 265 millones.

El régimen fiscal de las socimis españolas nació en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a semejanza de la figura del REIT internacional, con décadas de experiencia en EE UU y otros países de la OCDE. Aunque realmente nunca arrancó hasta cuatro años más tarde, cuando Montoro aprobó un reglamento en el que incluía la ventaja fiscal de no tributar por el impuesto de Sociedades para equiparar a estas compañías con sus equivalentes de otros países.

A cambio, eso sí, deben cotizar en Bolsa y repartir como mínimo el 80% de sus beneficios a través de dividendos, que sí tributan. Esta obligatoriedad es la mayor diferencia con una empresa tradicional y el argumento de las socimis para explicar que pagan impuestos de forma indirecta, a través de sus socios, que no tienen forma de escapar de esa retención.

Fuente: Cincodías.com