«En fiscalidad internacional es necesario un consenso para regular». «Las decisiones de inversión no deben girar nunca sobre los impuestos».

Brian Leonard, socio del área Fiscal de Deloitte Legal, conoce de primera mano el complejo sistema de fiscalidad internacional que tantos quebraderos de cabeza proporciona a las empresas. Sus más de 21 años de experiencia en la firma le han permitido observar, desde primera línea, el profundo «cambio de paradigma» en la materia que se da desde que, allá por 2014, la economía digital irrumpiera en los negocios, lo que ha obligado a revisar un modelo normativo que tardó 100 años en desarrollarse. Leonard recibe a elEconomistaen Torre Picasso, la sede de Deloitte en Madrid. «Los dos grandes retos que tenemos hoy son la economía digital y la resolución de conflictos», asegura antes de comenzar la entrevista.

¿En qué están ocupados ahora?

El panorama de fiscalidad internacional está muy dominado por el proyecto BEPS de la OCDE o, mejor dicho, por sus consecuencias. Ahora toca a cada Gobierno o grupos de Gobiernos, como la Unión Europea, implementar esas recomendaciones, y en eso estamos en este momento. El proyecto hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales.

Este proyecto ha costado sacarlo adelante. ¿Está funcionando?

BEPS ha sido un gran éxito. Ha costado mucho pero ha habido mucho trabajo por parte de los Gobiernos y un nivel de consenso muy alto. También es destacable la participación de las empresas, aunque quizá no todo lo que debería haber sido.

¿Qué es lo que más echa de menos para implementar en BEPS?

BEPS tiene dos facetas. Una es las medidas de restricción de planificación fiscal agresiva o la eliminación de la doble tributación. Pero, por otra parte, lo que debería ofrecer a las empresas es más seguridad, en el sentido de que puede protegerlas de la doble imposición. El proyecto trata de hacer que todo el mundo tenga reglas más o menos parecidas. Sin embargo, una cosa son las reglas y otra cosa bien distinta son sus interpretaciones. Es ésta otra faceta de BEPS, que está menos avanzada. Los Estados deberían poner en marcha mecanismos de resolución de conflictos para discernir bien donde deberían caer los beneficios para evitar que tributen en dos jurisdicciones distintas.

¿Se han centrado en la norma y se han dejado de lado la resolución de conflictos?

No es que se haya dejado de lado, sino que es el siguiente paso, en mi opinión. Es cierto que la normativa en la materia está ya muy encaminada pero ahora toca, tras sentar las bases de las reglas de juego, poner al árbitro.

Todo el asunto de la economía digital parece que ha llegado de repente y para quedarse. ¿ Cómo se va a desarrollar la fiscalidad de esta nueva forma de comercio que no tiene fronteras?

Esto es un reflejo de lo rápidas que están yendo las cosas en la fiscalidad internacional. La gente no es consciente de esto, pero tenemos una normativa que ha tardado en desarrollarse 100 años en esta materia. Es bueno que todo el mundo entienda que no es tan fácil cambiar de golpe un sistema que ha evolucionado durante un siglo. Estamos ante un cambio de paradigma que empieza no hace tanto, en 2014 más o menos.

Puede que lo que conozcamos hoy en materia digital, ya no sirva para mañana.

Ahí está el reto. Todavía vamos a encontrar nuevos modelos en los próximos años. De hecho, se podría decir que están surgiendo cada día nuevos métodos de transaccionar y nuevas formas de operar.

Sin embargo, a los Gobiernos, sobre todo en Europa, parece que les ha entrado prisa para regular la fiscalidad de estos gigantes de Internet.

A veces vemos cierta ansiedad de no poder esperar y hacer una regulación común. Se desarrollan medidas unilaterales en estos temas y eso nace porque hay cierta impaciencia. Un claro ejemplo es el Impuesto sobre Servicios Digitales. Hace falta un consenso común.

¿Tan importante es el consenso internacional?

Absolutamente. Hay que evitar que los impuestos afecten a los consumidores de un país o a su recaudación. Incluso afecta a las decisiones de inversión de las tecnológicas, derivadas, sobre todo, de una situación de incertidumbre. Las decisiones de inversión nunca deberían girar sobre la fiscalidad, sino sobre otros factores.

¿Cómo va a afectar el ‘Brexit’?

La fiscalidad directa está bastante claro cómo va a quedar porque se regula a través de los convenios de doble imposición, que garantizan que la situación siga como está. Tenemos una importante red de seguridad gracias a esto. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar con los impuestos especiales, sobre todo en el asunto aduanero. Estamos ante una gran incertidumbre en este aspecto.

Cada día se exige más información por parte de las empresas a la Administración.

Ahora, las compañías tienen algo de tensión porque necesitan aumentar recursos y presupuesto para mandar todo lo que exige la normativa. La cantidad de datos es ingente y todavía es pronto para que veamos los efectos de la medida.

Fuente: ElEconomista.es