La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los precios de transferencia que registran las empresas en sus operaciones internacionales para evitar que reduzcan por esa vía la carga impositiva en España.

Esta situación se da después de que las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero hayan ido incrementando año tras años su preocupación con respecto a los precios de transferencia. En este sentido, las líneas de actuación han ido aumentando la importancia de que los inspectores controlen con firmeza este asunto, ya que es una de las vías de ingeniería fiscal más utilizada para reducir la factura tributaria que deben asumir las multinacionales en España.

En 2015 y 2016, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria apenas hacía una mención al control de los precios de transferencia en lo que a la planificación fiscal internacional respecta. En 2017 el tono de la Agencia Tributaria subió varios enteros. El cambio con respecto a esta cuestión parte de la puesta en marcha del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés) impulsado por la OCDE, preocupada por la elusión de impuestos de las empresas en los territorios donde operan y logran sus beneficios.

En el plan de acción que Hacienda marca a sus inspectores en 2018 de nuevo elevó el tono: «La Agencia Tributaria, con la iniciativa, actuación y capacidad de coordinación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, prestará particular atención al análisis de las actuaciones realizadas por empresas y grupos en aquellos ámbitos que han sido considerados como de mayor riesgo con atención destacada, entre otras, a las siguientes áreas: a) Precios de transferencia, b) Planificación fiscal agresiva, c) Establecimientos permanentes y d) Paraísos fiscales y jurisdicciones privilegiadas u opacas». Es decir, que el pasado ejercicio el control sobre los precios de transferencia pasó a estar en el primer lugar del control interno sobre las empresas.

Y de nuevo ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a la cuestión este año. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 hace más menciones que cualquiera de los anteriores a los precios de transferencia y «consideran de gran relevancia las actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias». Por ello lo eleva a cuestión prioritaria: «La internacionalización e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las operaciones vinculadas tengan una importancia sustancial en la economía actual. Ello unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones derivado de la propia vinculación de las entidades participantes y de las dificultades de la Administración para acceder a la información relevante que permita un adecuado control de este tipo de operaciones hace que se trate de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras en 2019».

De esta manera, las multinacionales ya están notando mayor presión sobre los ejercicios que Hacienda mantiene abiertos a inspección, según apuntan fuentes empresariales y legales. Así lo notan grandes multinacionales del automóvil, según ha constatado este diario, que a pesar de que cuentan con importantes fábricas en España, sus centros de decisión están fuera de territorio nacional. Además aseguran que se trata de una causa generalizada en el sector, que pasa por momentos difíciles.

En este sentido, la planificación tributaria para 2019 ya advertía de que «por su importancia relativa o por su riesgo fiscal, serán objeto de atención singular lo siguiente: las reestructuraciones empresariales, las actividades realizadas por entidades amparadas en estructuras funcionales de bajo riesgo empresarial declarado e importante presencia en la economía, tanto en el ámbito de la fabricación como de la distribución, así como determinados pagos que pueden erosionar significativamente la base imponible como pueden ser los servicios intragrupo o los pagos por cánones derivados de la cesión de intangibles».

Los precios de transferencia en las operaciones vinculadas son una vía con la que las grandes multinacionales tratan de rebajar su base imponible y por consiguiente, el montante total que pagan por el impuesto de sociedades. Así, pueden llevar la carga impositiva a territorios de baja tributación o al país de origen de la compañía en cuestión, que prefiere, por razones políticas o de otra índole, desembolsar los impuestos sobre los beneficios en un determinado país.

El aumento de la presión de esta cuestión se produce en un contexto en el que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene intención de aumentar la recaudación para poder así sufragar los nuevos gastos sociales prometidos sin salirse del control presupuestario de Bruselas. Los presupuestos fallidos que presentó la ministra de Hacienda ahora en funciones, María Jesús Montero, preveía elevar la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal en 828 millones de euros. Además, tras las elecciones generales, el Gobierno incluyó un fuerte repunte de la recaudación por el impuesto de sociedades de las grandes empresas en el Plan de Estabilidad 2019-2022 que remitió a la Comisión Europea.

Fuente: ElConfidencial.com