Proponen a los ciudadanos una insumisión fiscal con “diversas opciones, en función de sus posibilidades, grado de compromiso y de asunción de riesgo».

El independentismo ha aprovechado que la campaña electoral coincide con la campaña de la declaración de renta para arrimar el ascua a su sardina y ha distribuido entre sus militantes una ‘guía de desobediencia fiscal’ para objetar en el pago de impuestos a España. Además, este mismo mes abrió una página web bajo el nombre de ni1euro.org para guiar a los insumisos con los impuestos con el objetivo de no sufragar determinados “gastos represivos” del Gobierno español y, en cambio, desviar esos impuestos hacia organizaciones no gubernamentales.

Los promotores saben que esa campaña está destinada al fracaso, porque Hacienda acabará recaudando el dinero, ya sea directamente o a través de embargos, pero como las cantidades son pequeñas, la intención es colapsar el fisco, provocando problemas de gestión a sus empleados, al mismo tiempo que visualizar la protesta contra una de las instituciones emblema del Estado español.

La citada guía, a la que ha tenido acceso El Confidencial, señala que “hace más de 30 años que centenares de personas han estado haciendo objeción fiscal al gasto militar. Ahora podemos comenzar a ser miles las personas que afrontamos el miedo y hacemos desobediencia civil con una objeción fiscal a otros poderes”. Y añade: “Este año, podemos iniciar la desobediencia fiscal a los gastos que sustentan las instituciones que están reprimiendo la autodeterminación y la disidencia política: la monarquía, la cúpula judicial y las fuerzas policiales del Estado”.

De ahí que propongan a los ciudadanos una insumisión fiscal con “diversas opciones, en función de sus posibilidades, grado de compromiso y de asunción de riesgo. Con nuestros impuestos, no queremos pagar los poderes del Estado español que están reprimiendo los derechos civiles y políticos. No queremos pagar los cerca de 6.000 millones de euros anuales que cuestan la monarquía, la cúpula judicial y las fuerzas policiales, no queremos contribuir a pagar los 130 euros por habitante que mantienen estos poderes”.

Según los independentistas, la Casa Real tiene un presupuesto de casi 7,9 millones de euros, lo que supone 0,17 euros por habitante y año. La Policía Nacional cuesta 1.022 millones (el coste es de 65,56 euros por habitante) y la Guardia Civil, 2.775 millones (coste de 60,20 euros anuales). En el ámbito judicial, el Constitucional gasta casi 24 millones (0,52 euros per cápita),mientras que la Fiscalía cuesta 12,5 millones (0,27 euros por cabeza), el CGPJ, 58 millones (1,26 euros), el Tribunal de Cuentas, 63 millones (1,37 euros), y la Abogacía del Estado, 34 millones (0,74 euros). En total, según los ‘indepes’, la “represión real y judicial” cuesta a cada español cinco euros per cápita al año, mientras que la “represión policial” sube a 125 euros. En total, pues, 130 euros por habitante y año.

«Desobediencia fiscal a la represión»

Así pues, la guía enseña a objetar. Lo primero que ha de hacer el insumiso es decidir en qué partida quiere objetar y hacer el cálculo porcentual de la cantidad que aplicará en la cuota resultante de autoliquidación. En ese sentido, puede escoger uno o varios de los organismos citados anteriormente. “Es preciso que el porcentaje que escojas lo apliques al valor de la casilla 595, ‘Cuota resultante de la autoliquidación’, y el resultado será la cantidad que objetas”, explica el libreto con ejemplos prácticos y fotocopias de los documentos oficiales.

Aconseja, pues, no aceptar automáticamente el borrador de la declaración de Hacienda, ya que se ha de modificar previamente. De ahí que explique paso a paso cómo rellenar los impresos.

Al final, el insumiso ha de enviar el importe deducido “a la campaña o a la ONG de tu elección: la que defiende los derechos humanos, la que construye la paz, la que apuesta por la ‘no violencia’… Recuerda que has de especificar el concepto del ingreso que lleves a cabo en esta ONG o campaña como ‘Desobediencia fiscal a la represión’ y es preciso que guardes el comprobante o el recibo”.

Paralelamente, informa que “es preciso informar a Hacienda de la objeción que has hecho mediante esta instancia, haciendo constar el número de referencia y adjuntándole comprobante del ingreso en la ONG o la campaña que has elegido”. La instancia, que se adjunta en la guía, se puede entregar presencialmente, electrónicamente o enviándola a cualquier administración de Hacienda por correo certificado.

Lo que puede pasar es que el fisco no trague. En ese caso, seguramente abrirá una paralela y reclamará la cantidad correspondiente más el 3,75% de intereses de demora. Pero si el insumiso no acepta la paralela, puede presentar una alegación mediante un documento que también le entregan con la guía.

Los alentadores de la insumisión tienen claro que el fisco podría imponer luego una sanción del 50% más un 10% por el perjuicio económico, pero si se acepta esa liquidación, la sanción se reduciría a la mitad. Entonces, de una deuda de 100 euros, “la sanción final sería del 31,50%, por lo que se pagarían 131,50 euros”.

El procedimiento puede derivar incluso en un pleito judicial. “La Agencia Tributaria española procederá a recuperar y a embargar las cantidades reclamadas con intereses de demora. Entonces, puedo presentar unas segundas alegaciones, en este caso al Tribunal Económico Administrativo mediante este documento”. Se adjunta ahí otro documento. Pero luego llega la cruda verdad: al final, el fisco cobrará y el ciudadano habrá pasado un calvario de papeles y varios meses bajo la lupa para no conseguir prácticamente nada. O, como mucho, un procedimiento con el que poder presumir en los foros independentistas.

Fuente: ElConfidencial.com