La Comisión Europea tiene a España en el punto de mira por las reducciones que otorga a los ingresos por alquiler de la vivienda habitual. El Ejecutivo comunitario activó este jueves el procedimiento de infracción contra nuestro nuestro país con el envío de una carta de emplazamiento por este asunto. En ella pide a las autoridades españolas que eliminen el trato fiscal discriminatorio que afecta a los no residentes, quienes no se pueden beneficiar de las ventajas que ofrece Hacienda a los que cumplen con su definición de «vivienda habitual».

Las personas físicas residentes disfrutan de una reducción del 60% sobre los ingresos netos obtenidos por el alquiler de su vivienda habitual. Es decir, tras restar los gastos de la vivienda -incluida hipoteca- a los ingresos obtenidos por el alquiler, tan solo tienen que incluir el 40% del beneficio en su declaración del IRPF.

La Comisión considera que esta ventaja perjudica sobre todo a inversores de otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia), al considerar que «restringe indebidamente la libre circulación de capitales» (artículo 63 de los tratados), según indicó este jueves la institución en un comunicado.

Si España no elimina esta ventaja otorgada a los residentes en dos meses, la Comisión pasará a la segunda fase del procedimiento de infracción. Entonces el Gobierno tendrá otros dos meses para cumplir con las indicaciones comunitarias, o será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La última reforma del IRPF eliminó el pago de cualquier impuesto por el ingreso del alquiler que obtenían los menores de 30 años cuando alquilaban su vivienda habitual, y dejó la desgravación del 60%, aplicable desde 2015.

Parte del problema al aplicar esta reducción se encuentra en la definición de «vivienda habitual». Básicamente, para poder obtener la bonificación, Hacienda determina que debe ser la residencia continua durante al menos tres años, y el propietario debe haber habitado la casa de forma efectiva en un plazo no superior a 12 meses desde la compra de la vivienda o la reforma.

Este no fue el único caso que lanzó este jueves la Comisión contra nuestro país en el terreno tributario. El Ejecutivo comunitario también pidió a España que elimine la discriminación que perjudica a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo al tributar las plusvalías por transferencia de acciones.

Plusvalías

La legislación española exime del pago de impuestos sobre estas plusvalías a los residentes en nuestro país y en el resto de Estados miembros, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones. Sin embargo, los contribuyentes residentes en Noruega, Islandia y Liechtenstein no se benefician de esta ventaja. Como en el caso de los beneficios por alquiler de vivienda, la Comisión considera que nuestro país está restringiendo la libre circulación de capitales, además de la libertad de establecimiento en el mercado común.

Por eso, la Comisión envió una carta de emplazamiento en la que exige que se garantice la igualdad de trato en un plazo de dos meses. Si las autoridades españolas no actúan, Bruselas podría enviar un dictamen motivado que podría llevar a España ante la Corte de Justicia de la UE si no actúa.

En el paquete de infracciones publicado este jueves, la Comisión también decidió llevar a nuestro país ante la Justicia europea por no exigir la instalación de contadores individuales de calefacción y agua caliente en los edificios de apartamentos.

Además, también dio dos meses a las autoridades españolas para que cumplan con la Directiva de distribución de seguros. España, además de Chipre y Letonia, no ha transpuesto la norma comunitaria, que regula entre otros aspectos la información que debe facilitarse a los consumidores antes de firmar contratos de seguros o las normas de conducta para los distribuidores.

Fuente: ElEconomista.es