Madrid lidera un grupo de municipios que quieren ampliar el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles para que puedan combatir los problemas de vivienda.

El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid se ha disparado más de un 10% en el último año y en Cataluña avanzó más de un 9%. Una inflación que está expulsando a muchos vecinos de las ciudades y que está generando un quebradero de cabeza a muchas corporaciones municipales. Una de las soluciones que han ideado es realizar promoción de vivienda pública para atender a los grupos sociales más necesitados, pero están constreñidos por la regla de gasto.

De ahí que un grupo de municipios, liderado por el Ayuntamiento de Madrid, haya solicitado al Ministerio de Hacienda que permita sacar la inversión en vivienda pública del gasto computable para la regla de gasto e incluirla en el catálogo de inversiones financieramente sostenibles (IFS). La propuesta formal se realizará en el marco de las reuniones del Ministerio de Hacienda con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para flexibilizar la regla de gasto, pero Hacienda ya está estudiando esta posibilidad. Así lo confirman fuentes conocedoras de los contactos entre las dos partes. Esto supondría dejar de considerar la inversión en vivienda como un gasto corriente para considerarlo un uso coyuntural del superávit.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó el pasado fin de semana, en una entrevista en ‘eldiario.es’, que “la vivienda de protección oficial debe ser una de las inversiones prioritarias dentro de la ejecución financiera del superávit”. Unas palabras que van en línea con la intención del ministerio de ampliar el catálogo de inversiones financieramente sostenibles para incluir la vivienda pública.

Este cambio de criterio permitiría a los ayuntamientos con superávit destinar una parte de este saldo positivo a la promoción de vivienda pública. Actualmente, los grandes municipios que tienen problemas por la subida del precio de los inmuebles cuentan con un amplio superávit, lo que les permitiría dar una respuesta a este problema de la vivienda social, aunque los municipios son conscientes de que no servirá para frenar la escalada de precios, que requiere de una estrategia integral.

Las IFS no se computan como gasto corriente porque no se consolidan como gasto corriente. Esto es, un municipio puede realizar una promoción muy intensa durante dos años y después cortar esta inversión sin que sea necesario realizar recortes. De esta forma, no atentan contra el espíritu de la regla de gasto, que prohíbe incrementos del gasto corriente al mismo ritmo que la recaudación durante las fases expansivas del ciclo económico. Sin embargo, sí que se contabilizan en el saldo anual de las administraciones públicas, reduciendo su superávit. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tuvo un superávit de 1.057 millones de euros en 2017 y este año ha caído hasta el entorno de los 735 millones como consecuencia del aumento de este tipo de inversiones.

Eso significa que ampliar las IFS no consolida gasto público, pero sí complica la consecución de los objetivos de déficit de España. En 2017, los ayuntamientos generaron un superávit del 0,6% del PIB que sirvió para compensar el desfase de otras administraciones, como la Seguridad Social. En febrero de este año, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya amplió el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles, lo que probablemente lleve a una caída del superávit del sector. De cara a 2019, si se cumplen las intenciones del ministerio, el saldo positivo podría reducirse aún más.

Otros organismos, como es el caso de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), han propuesto una solución alternativa: ceder más competencias a los ayuntamientos para que destinen una parte de su superávit estructural y así liberen de gasto a otras administraciones. Esta propuesta, no exenta de polémica, podría ayudar a repartir mejor el déficit conjunto y obligaría a los ayuntamientos a realizar una gestión más eficiente de sus presupuestos, en lugar de optar por inversiones que no son prioritarias.

La FEMP y Hacienda están negociando otras vías para ampliar el catálogo de IFS. La propuesta que está más avanzada es la de permitir que las inversiones puedan ejecutarse durante dos años. Actualmente, toda la ejecución se tiene que realizar en el año siguiente a su aprobación, lo que impide que puedan elaborarse obras cuya construcción requiera más tiempo. Además, las IFS tienen que ser autorizadas por Hacienda y la aprobación definitiva suele tardar unos tres meses, lo que retrasa las operaciones.

Los dos interlocutores avanzaron en esta propuesta la semana pasada y ambos dan por hecho que se cerrará el acuerdo próximamente. El segundo punto que está en el aire es permitir a las administraciones construir guarderías con cargo a las inversiones financieramente sostenibles. Esta iniciativa, lanzada por el Ministerio de Hacienda, se engloba en el plan del Gobierno por fomentar la escolarización en las edades más tempranas (de cero a tres años) para facilitar la integración de la mujer en el mercado laboral.

Reforma de la regla de gasto

Estos cambios en las inversiones financieramente sostenibles son solo el aspecto más urgente de las negociaciones para revisar la regla de gasto. Esta medida impide a las administraciones elevar su gasto computable cada ejercicio más allá del crecimiento potencial del PIB. De este modo, en los años de bonanza, los políticos no tienen la tentación de disparar el gasto al mismo ritmo que los ingresos, justo lo que ocurrió durante la burbuja y que generó un gran agujero en las cuentas públicas.

El Ayuntamiento de Madrid está liderando un grupo de municipios que quiere una revisión de la regla de gasto para que el cálculo les permita aumentar su presupuesto. Además de buscar una clarificación de los criterios que se utilizan para el cálculo del gasto computable, la FEMP pretende que también se computen los movimientos de población. Un municipio que crece rápidamente genera una recaudación estructural y unas necesidades de gasto que se tienen que incorporar al cálculo de la regla de gasto, estiman.

Otra de las variables es el nivel de endeudamiento sobre el PIB, ya que las ciudades que crecen más rápidamente pueden reducir su endeudamiento en poco tiempo. “Todos los expertos coinciden en que deberían tenerse en cuenta estas variables para ajustar la regla de gasto a la concreta situación de cada Administración”, explica Jorge García Castaño, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Los representantes de la FEMP se reunirán la próxima semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para avanzar en todos estos temas del municipalismo de cara a preparar la normativa de 2019 y, de paso, también las elecciones locales y autonómicas de mayo.

Fuente: ElConfidencial.com