Las hipotecas españolas continúan transformándose y el juego político sigue inclinando la balanza a favor de que los gastos hipotecarios los abonen las entidades financieras. Si, finalmente, se impulsan las medidas que pactaron ayer los partidos políticos españoles en el Congreso, la banca tendrá que asumir al menos un 87% de los gastos e impuestos derivados de la firma de una hipoteca.

Antes de que el Tribunal Supremo pusiera en duda que el cliente debiera abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) el pasado 16 de octubre, el porcentaje de gastos derivados de la firma de la hipoteca que asumía el sector era de un 18% de forma general y sin tener en cuenta las negociaciones individuales de cada banco con su cliente.

De acuerdo con fuentes financieras, desde 2015 las entidades ya abonaban los gastos registrales y desde 2017 se repartían con el cliente los costes de la Notaría y de la Gestoría. No obstante, cuando prospere la Ley Hipotecaria, si se aprueba en los términos previstos, la banca abonará la totalidad de estos costes.

Sobre este último punto existe un claro consenso entre todas las fuerzas políticas que participan en la ponencia de Ley Hipotecaria de la comisión de Economía y Empresa del Congreso. Además del pago del AJD, que desde el lunes ya asumen los bancos por el Decreto aprobado el pasado viernes por el gobierno y que también se introducirá en la Ley Hipotecaria, el único gasto que en el futuro asumirán los clientes será el de tasación de la vivienda, que puede rondar los 500 euros.

No obstante, Podemos también quiere que este coste lo afronte la banca. De hecho, su posición provocó este martes que la ponencia no alcanzara un acuerdo definitivo sobre el reparto de los gastos hipotecarios. Está previsto que vuelva a reunirse la próxima semana para continuar con el proceso de enmiendas al texto y acelerar así la aprobación de la Ley Hipotecaria, que ya lleva un retraso de más de dos años -se debía haber aprobado en marzo de 2016- y que, aprovechando la controversia causada por el alto tribunal, ha avivado el proceso.

Urgencia para tramitar la ley

Al Gobierno le urge la aprobación de la ley hipotecaria por dos cuestiones. De un lado, para evitar la multa que la Comisión Europea ha impuesto a España por el retraso de la transposición, que a estas alturas y tras dos años de retraso la cifra ya escala a los 100 millones de euros. La Administración podría evitar la sanción si aprueba la nueva ley de crédito a la vivienda antes de que Europa dé orden de ejecutar la multa.

Además, y por otro lado, la entrada inmediata de esta normativa pondría fin a la inestabilidad actual del mercado hipotecario que regresaría a una partida con las reglas claras. Los expertos calculan que las dudas del Constitucional sobre el impuesto AJD ha dejado sin firmar unas 20.000 hipotecas en este mes de octubre y los portales inmobiliarios ya apuntan a una desaceleración en el mercado de la vivienda en el segundo trimestre del año.

Para impulsar la puesta en marcha de la nueva ley, el Gobierno declaró el pasado jueves la tramitación de urgencia de la normativa que reduce los plazos para su entrada en vigor de dos meses a 20 días naturales. Esto implica que la regulación debería quedar aprobada entre la primera y la segunda semana de diciembre.

No obstante, cabe destacar que los gastos que incluye la operación de compraventa de una vivienda entre particulares o un particular y una compañía corren a cargo del comprador, puesto que en este proceso el banco no tiene ningún papel. Esta operación incluye también el pago por parte del nuevo propietario del IVA (en el caso de que se adquiera una vivienda nueva) que está en el 10% del precio de venta, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (si es un inmueble de segunda mano) que alcanza el 6% del coste de la casa o el piso.

La nueva ley hipotecaria deja fuera del texto la comisión de apertura, aunque el grupo parlamentario Podemos apunta a incluirlo como coste a asumir por el banco. La normativa deja así libertad a las entidades para que impongan a su criterio esta comisión o la supriman.

Finalmente, la regulación también da un papel clave a los notarios que se encargarán de certificar que el prestatario ha entendido todas las cuestiones del contrato hipotecario. Éste último punto beneficia también a la banca como salvaguarda ante futuros litigios.

Fuente: ElEconomista.es