El Gobierno cambiará la ley del ITP y AJD para que «nunca más los españoles paguen este tributo y lo pague el sector financiero». Considera que no lo repercutirán a los consumidores por la competencia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionó con celeridad a la crisis generada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ITP y AJD). El presidente del Gobierno compareció este miércoles en La Moncloa para anunciar que este jueves el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para garantizar que «nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero». Esto significa que modificará el artículo 29 de la ley de 1993 para clarificar que el sujeto pasivo es el prestamista (la banca) y nunca el prestatario (cliente) para la parte variable del AJD en los préstamos hipotecarios.

El Gobierno, en otras ocasiones más de combustión lenta, tomó cartas en el asunto lo más rápido que pudo, consciente de la alarma social creada a raíz de la decisión del Supremo y de que en este asunto podía marcarse un tanto, remar a favor de los consumidores y capitalizar a su favor la ira contra los jueces y contra la banca. Así, el martes por la noche, cuando se conoció que el alto tribunal había determinado, por solo 15 votos a 13, ratificar su jurisprudencia de dos décadas y dar la vuelta a las tres sentencias firmes que hacían a la banca el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, fuentes oficiales simplemente señalaron que el jueves el Consejo de Ministros analizaría lo ocurrido y tomaría decisiones. Pero el Ejecutivo no quiso esperar. Sánchez quiso dar la cara este miércoles y comparecer él mismo ante los medios. Una de esas raras ruedas de prensa. La última en España fue hace casi un mes, tras recibir en La Moncloa al presidente chileno, Sebastián Piñera.

Sánchez compareció pasada las 13 horas de este miércoles, y tras una reunión con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Economía, Nadia Calviño, y Fomento, José Luis Ábalos. «Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo», explicó con contundencia Sánchez. El Ejecutivo aprobará este RDL en su próximo Consejo de Ministros, que se adelanta al jueves 8 de noviembre porque el viernes es festivo en Madrid. El cambio legislativo entrará en vigor cuando se publique en el BOE, el viernes, aunque posteriormente tendrá que ser convalidado por el Congreso. Sánchez confía en contar con el apoyo mayoritario de la Cámara Baja, «también de Unidos Podemos, claro».

El Supremo debe hacer «autocrítica»

Si bien explicó que el Gobierno «respeta» la labor e «independencia» del alto tribunal, el Poder Ejecutivo no puede «dejar de lamentar» el proceso que ha llevado en las tres últimas semanas el TS que ha realizado un cambio de criterio insólito. «El Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión y una autocrítica», remarcó Sánchez, ya que desde el 18 de octubre ha generado una situación de gran inestabilidad jurídica, de volatilidad en los mercados y de incertidumbre para los ciudadanos.

El presidente considera que los bancos no trasladarán el impuesto a sus comisiones y tipos de interés que aplican a las hipotecas, ya que «el mercado es competitivo, porque hay gran oferta [de crédito], no solo española». Esto significa que el Ejecutivo «cree y espera» nuevamente en que la competencia en el mercado garantizará que las entidades asumirán en su margen de beneficios el pago del impuesto y no lo repercutirán al cliente. Además, alertó de que podrían existir cláusulas abusivas si este impuesto se traslada al resto de productos financieros que ofrecen las entidades. Apeló, directamente, a su «responsabilidad» para no repercutir el cambio legal en los consumidores. La modificación de la norma de 1993 no tendrá carácter retroactivo, por lo que se aplicará a las hipotecas que se tramiten a partir de ahora.

El presidente no quiso pronunciarse sobre las posibles demandas que interpongan los clientes contra el Estado legislador. La propia división de interpretaciones del Tribunal Supremo evidencia una mala técnica legislativa, lo que podría hacer que los clientes reclamaran la responsabilidad patrimonial del Estado. Sánchez no descartó esta vía y se limitó a explicar que «no compete» al Gobierno opinar sobre el camino a elegir por los hipotecados. Lo que sí admitió el presidente es que los afectados «están en su derecho» de recurrir la sentencia del Supremo, incluso a instancias europeas si lo consideran necesario.

Recado a Unidos Podemos

El líder socialista insistió en todo momento en que su Ejecutivo ha actuado con «responsabilidad», con «compromiso social», para «garantizar la seguridad jurídica» y «salvaguardar la igualdad de todos los ciudadanos». Y aunque el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, achacó el volantazo del TS a que la ley hipotecaria no estaba clara, Sánchez subrayó que no se trata de cambiar esta ley, que está en trámite de enmiendas en el Congreso, sino de actuar sobre la norma que regula directamente el impuesto de AJD. El Gobierno no defiende la supresión de este tributo, que está transferido a las comunidades autónomas y que ingresan un buen pellizco por él, de modo que eliminarlo les mermaría de recursos que necesitan para sustentar el Estado del bienestar.

La voluntad del Ejecutivo, es mirar por los ciudadanos y «garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados». Por eso el Gobierno también ha decidido crear una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros que velará por todas las cláusulas, comisiones e impuestos que pagan los clientes para evitar que se repitan situaciones de «abuso» hacia los consumidores, que son la parte más débil de la relación y «mejorará la capacidad de resolver conflictos que se dan en el sector financiero». En las próximas semanas remitirá esta normativa a las Cortes para que sea aprobada por el poder legislativo.

De esta forma, Sánchez ataja la crisis generada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo. En sus tres sentencias iniciales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulaba el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento que clarificaba el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

En ese momento, el Supremo consideraba que ese párrafo es contrario a la ley, ya que el sujeto pasivo debería ser la entidad prestamista (la banca), ya que es quien se beneficia de los derechos generados por la inscripción del préstamo. Sin embargo, el pleno del Supremo optó por revocar su decisión inicial en la tarde del martes y ahora considera que es correcto que sea el prestatario (el cliente) quien asuma el pago.

Unidos Podemos convocó una manifestación ante el alto tribunal para el próximo sábado, 10 de noviembre. El presidente recordó a su socio parlamentario que aunque cada partido es libre de hacer la oposición como quiera, esta debe hacerse en las instituciones, y no en la calle.

Fuente: ElConfidencial.com