Patronales, asociaciones y expertos alertan de que las previsiones de ingresos por vía de impuestos y el aumento del gasto social pactados con Podemos son «irreales» por la falta de concreción en muchas de las partidas.

El plan presupuestario del Gobierno para 2019 nace ya torpedeado. Pero no por agentes externos sino por las propias previsiones de ingresos y gastos plasmadas en el borrador enviado a Bruselas. En plena ralentización económica, el Ejecutivo ha pactado con Podemos un aumento del gasto social de 5.098 millones de euros, lo cual estará sufragado -en parte- por un alza impositivo de 5.678 millones. Unas cuentas que, a priori, aparentan estar sanas al presupuestar mayores ingresos extra que los gastos en que se incurre -además del continuo crecimiento económico- pero la realidad es bien distinta. Patronales, asociaciones y expertos alertan de que el coste de las medidas sociales amenaza con incrementarse frente a la previsión y, lo que es más preocupante, que los ingresos anunciados vía impuestos no serán tal. Todo ello con el efecto subsiguiente sobre un objetivo de déficit de las administraciones públicas imposible de cumplir si el escenario económico y recaudatorio anunciado por el Gobierno no se consuma.

El foco estos días está, especialmente, sobre los impuestos anunciados. Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, alerta de que son «ingresos irreales» que amenazan al empleo, la inversión empresarial y el devenir de la economía. En definitiva, al tejido empresarial español. Una tesis sostenida también por CEOE, desde donde alertan de que las previsiones no son factibles en la mayoría de partidas presupuestarias. Por ejemplo, la patronal avisa de que el 15% mínimo en el Impuesto de Sociedades no tendrá efecto porque la mayoría de grandes compañías -sobre base imponible- ya supera ese umbral. Asimismo, CEOE señala que la nueva tributación de dividendos por filiales en el extranjero «provocará que las empresas se replantearán los dividendos». Es decir, tanto desde el Círculo como desde la patronal exponen a Sánchez que sus impuestos, además de generar incertidumbre, ponen en riesgo las cuentas nacionales por inexactos.

Partidas

En el caso de la tasa Google -por la que el Ejecutivo espera recaudar 1.200 millones-, esta suscita las mayores reticencias. «Prevén recaudar 3,3 veces más que la previsión más optimista de Bruselas», dice Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). En otras palabras: la Comisión Europea, cuando planteó este impuesto a nivel comunitario, presupuestó unos 4.800 millones de ingresos en toda la UE, mientras que el equipo de Sánchez vaticina que en España se recaudaría una cuarta parte de esa cantidad. Todo ello pese a que España supone solo un 7,6% del PIB de la UE y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Reino Unido, con mayor peso en el Viejo Continente, la estimación fue de 225 millones.

En el caso de la tasa a las transacciones financieras -con un ingreso pronosticado de 850 millones-, los expertos ponen de ejemplo lo ocurrido en Italia: allí, con un PIB similar al español, se recaudaron 400 millones. Además, el economista Carmelo Tajadura apunta a que «la banca repercutirá el impuesto, previsiblemente, prácticamente íntegro al cliente». Más coste para el ciudadano, aunque ese aumento no llegará hasta bien entrado 2019 por el trámite de los presupuestos y la aprobación de los distintos proyectos de ley.

La entrada en vigor de las cuentas nacionales se demorará, según estimaciones de los expertos, hasta finales del primer trimestre del año -en un escenario de apoyo parlamentario-. Unido a ello hay que tener en cuenta también que la tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto al diésel llevarán su propio ritmo como proyectos de ley -los dos primeros ya aprobados como anteproyectos en el último Consejo de Ministros- en las Cortes, donde el Partido Popular puede retrasar su visto bueno por su mayoría en el Senado, aunque luego el Congreso de los Diputados tenga poder para levantar un hipotético veto.

Si bien el Gobierno cuenta -en principio- con la aritmética parlamentaria suficiente para sacar las medidas adelante, cuando estas se aprueben no tendrán efecto retroactivo y no podrán recaudarse durante los meses en que no hayan estado en vigor, salvo aquellas que se devenguen trimestralmente o a final de año. «Es imposible», dice Abel García, socio del Departamento de Fiscal de Life Abogados, al tiempo que recalca que «se están rompiendo las bases del sistema tributario». De esta manera, los 2.700 millones previstos de ingreso para estos tres gravámenes ya quedan en el aire hasta que se les dé luz verde en las Cortes.

José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), señala los agujeros de algunas de las otras medidas recaudatorias como es el caso del relativo a Patrimonio. «Corresponde a las CC.AA.», afirma. Es decir, que depende de las regiones su aplicación en cada territorio, con el hándicap de que las mayores fortunas se encuentran en Madrid, donde el gravamen está bonificado al 100%.

También están en entredicho, según la CEOE, el impacto de limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros -218 millones-, las modificaciones en la lista de morosos -110 millones- y las medidas de lucha contra el fraude -500 millones- por no haberse concretado de manera específica cómo espera el Gobierno obtener esas cantidades, pese al anteproyecto de ley aprobado al respecto en el último Consejo de Ministros.

Efectos nocivos

Semur, del IEE, avisa de que estos impuestos tendrán un efecto cada uno de ellos distinto sobre la economía y los ciudadanos. La tasa a las transacciones financieras, asegura, «puede tener incidencia negativa sobre el ahorro»; la modificación en Sociedades que afecta a la banca, dice, «puede repercutir en las condiciones de crédito»; y, también, destaca que, en general, este cambio en la política fiscal «resta competitividad a las empresas, lo que, sin lugar a dudas, repercutirá en la creación de empleo».

Tajadura, por su parte, centra el impacto sobre el paro en el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que amenaza con tener «un efecto negativo», además de provocar que «determinado porcentaje del empleo vaya hacia la economía sumergida». Precisamente uno de los objetivos de este Gobierno es la lucha contra el fraude.

Bajo este escenario, Daniel Lacalle, economista y encargado de la Comunidad de Madrid para atraer inversión postBrexit, constata que los inversores internacionales presentes en Reino Unido se replantean escoger España ante el alza fiscal. «No se pueden creer que España sea el único país de la OCDE que, en una ralentización económica, lleve a cabo un aumento de gasto», afirma Lacalle. Un panorama nada halagüeño para la economía española que llena de «incertidumbre», tal como señalan las asociaciones y patronales afectadas, el devenir económico de España.

Sin embargo, hay quien ya centra la vista en los objetivos de déficit. Para 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, logró suavizar el control de Bruselas desde el 1,3% del PIB al 1,8%. Cinco décimas, conscientes de que el frenazo económico es una realidad y de que el aumento del gasto social tiene su contraparte en la estabilidad del desfase. Así las cosas, la titular de Hacienda presionó a sus socios parlamentarios para aprobar sus próximos presupuestos: Montero aseguró que, de no brindarle su apoyo, prorrogar las cuentas de Rajoy de este 2018 provocaría que el déficit se disparara el siguiente ejercicio al 2,2%. Un panorama negativo para nuestro país teniendo en cuenta que -al fin- España saldría en 2019 del procedimiento de déficit excesivo. Un paso adelante y dos atrás.

De cumplirse los peores augurios para con los ingresos, Alemany clama que «aumentará el déficit», siempre y cuando el Gobierno prosiga con su idea de incrementar el gasto, lo cual también permanece como una bruma en el horizonte por lo inexacto de algunas partidas, según los expertos. «El incremento del gasto supone un gran obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y más en un contexto como el actual de desaceleración económica y con una subida de tipos del BCE prevista para 2019». Una postura refrendada por Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, quien apunta a la ralentización económica como el factor clave que pone en la diana un previsible aumento del gasto por encima de lo presupuestado. En resumen, un ambiente aún incierto difícil de prever pero que con el fin de los estímulos monetarios de Europa y el freno cíclico a la economía (generado por la guerra comercial, los emergentes, las tensiones políticas…) apunta hacia valores negativos.

Otras estimaciones

Más allá de las críticas a unos «ingresos inflados», Ciudadanos ha realizado sus propias estimaciones. Concretamente, rebajan en 4.364 millones lo publicado por el Gobierno -haciendo el cálculo sumando los 1.500 millones a ingresar por Seguridad Social debido al alza del Salario Mínimo- ya que la formación naranja estima que la recaudación sería de 2.814 millones. Tres décimas menos de PIB, con impacto directo sobre el déficit. Por otro lado, el economista Daniel Lacalle presenta unas cifras todavía más reducidas. Este comenta que los ingresos ascenderían a unos 1.800 millones de euros.

Sea como fuere, la sombra de la duda ya está posada sobre estos Presupuestos. Y no hay visos de que vaya a disiparse.

Fuente: Abc.es